A raíz de una presentación de la minera Barrick Gold, el máximo tribunal de la nación debe decidir sobre la constitucionalidad de la ley que protege el agua del pueblo.
La ley de protección de los glaciares y del ambiente periglacial tiene como misión preservar las reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, la protección de la biodiversidad y como atractivo turístico.
Fue muy resistida por las empresas mineras, por los gobernadores de algunas provincias y hasta fue vetada en 2008. Pero la presión social logró su sanción en 2010 y su reglamentación en 2011. Fue entonces cuando Barrick Gold cuestionó su constitucionalidad y ahora la Corte Suprema de Justicia debe expedirse.
Enrique Viale, abogado ambientalista, afirma que si se declara inconstitucional la ley de glaciares porque podría derrumbarse el ordenamiento jurídico en términos ambientales y quedar sin efecto la ley de bosques, la ley general del ambiente y todas las leyes que se puedan aprobar en algún futuro, como la ley de humedales.
“Hay dos intereses en juego: el agua de todos los argentinos y el oro de una empresa minera que quiere destruir glaciares en territorio argentino. Los glaciares son la fábrica de agua del país y nutren todos los ríos. Ellos quieren hacer minería bajo esas zonas: para hacerlo no hay otra forma que destruir el glaciar”, enfatizó Viale.
A su vez Gonzalo Strano, vocero de Greenpeace, señaló: “El fallo es importantísimo. Si asegura la constitucionalidad de la ley de Glaciares pondría un freno definitivo a la actividad minera. Caso contrario, pondría en jaque al sistema jurídico ambiental en su conjunto porque deberían reverse todas las leyes ambientales que se aprobaron en nuestro país, lo que sería una locura”.
El periodista ambiental Sergio Federovisky, presidente de la Fundación Ambiente y Medio, sostiene que “El fallo de la Corte permitiría confirmar si la Argentina tiene vocación de tener una normativa conjunta de todo su territorio en materia ambiental, una política ambiental de la totalidad de su geografía, y seguir pensando la idea de que las provincias sean las dueñas de los recursos convierte a la Nación y a sus habitantes en rehenes de las cajas o las condiciones feudales de algunos regionalismos”.
El agua dulce es el bien común imprescindible para la vida en el planeta y las asambleas ciudadanas venimos dando una pelea sin tregua en su defensa desde hace años. Esperamos con atención el pronunciamiento de la CSJ en acuerdo con el artículo 41 de nuestra Constitución Naconal y a la vez recordamos que los ríos trascienden las fronteras provinciales y que Barrick Gold es responsable por el mayor derrame tóxico en cinco ríos argentinos.
La vida no se negocia.
Fuente: Infobae
