Contra la iniciativa popular que había reunido 13.007 firmas para prohibir la megaminería en Chubut, la Legislatura provincial habilitó esa actividad durante una sesión en la que se detectó que al menos un diputado recibía instrucciones de las mineras por mensajes de texto.

Fuente: Lavaca
El legislador Gustavo Muñiz, del Frente para la Victoria, recibió un mensaje de quien tiene registrado en su celular como “Minería Gastón Berardi”. Berardi es funcionario local de la firma de origen canadiense Yamana Gold, y Gerente de Relaciones Comunitarias del proyecto minero que esa corporación tiene en Esquel bajo el nombre Suyai. En el mensaje, Berardi le plantea corregir el artículo 4 de la Ley, a lo que el legislador Muñiz responde: “eso después el ejecutivo lo reglamenta”, lo cual indica hasta dónde llegó el lobby empresario.

El hecho ocurrió durante una sesión de cinco horas este martes 25 de noviembre, en la que el resultado de la votación fue 15 a 12, contra la Iniciativa Popular que, de acuerdo a la Constitución provincial, había reunido cantidad más que suficiente de firmas, 13.007, para que se tratara un proyecto de prohibición de la megaminería a nivel provincial.

Lucas Fossati, asambleísta de Rawson, explicó a lavaca: “Lo que presentamos es un proyecto de Ley, que la Cámara puede modificar. Lo que no puede hacer es tergiversar ni sustituir el espíritu de esa ley. Si nosotros presentamos una manzana, no pueden aprobar una zanahoria”.

Prostíbulos y carpas

“Es como si por iniciativa popular hacemos un proyecto contra la trata de personas, pero la ley que termina saliendo habilita los prostíbulos” comparó la asambleísta e integrante de FM Kalewche Fernanda Rojas, aunque tal vez no convenga darle a los legisladores semejante idea.

Lucas Fosatti relata que durante 25 horas se montaron 14 carpas en la puerta de la Legislatura chubutense, convocada por la UACH, Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, con el apoyo de las asambleas nacionales reunidas en la UAC. Era la primera vez en la historia que se utilizaba la Iniciativa Popular, mecanismo de democracia semidirecta. “En el proyecto ciudadano se prohíbe con precisión la extracción metalífera, puntualizando metales y materiales radiactivos, y se especifica la prohibición de cada sustancia tóxica” explica otra asambleísta chubutense, Corina Milán.

Mensajeame

Los grupos pro mineros, empresarios y políticos, deben estar meditando sobre los insondables alcances de la estupidez humana vía telefónica, que en este caso ha sido tan reveladora.

El señor Gastón Berardi, que por mensajito conversa con el legislador sobre el contenido de la ley, es Gerente de Relaciones Comunitarias del Proyecto Suyai, tal el nombre del emprendimiento que la canadiense Yamana Gold busca instalar en Esquel. Se lo nombraba así para atraer inversores y que no fuese evidente que se trataba de Esquel. El señor Berardi, confirmando las tendencias de la época, fue también Gerente Comercial en el Canal 8 de San Juan.

A la vez, el gerente de comunicaciones de la misma Yamana Gold resultó ser un periodista: Ricardo Bustos, conductor de un ciclo radial mañanero, que tuvo la desventura de querer presionar al cantante Axel para que no hablara del tema minero durante uno de sus shows, cosa que el músico se encargó de divulgar vía Twitter.

El legislador Muñiz, era diputado del justicialista Modelo Chubut, junto al ex gobernador Mario Das Neves. Luego, cayendo Das Neves, este señor flotó hacia el Frente para la Victoria. Su ex jefe de bloque dijo: “En el peronismo siempre están estas cuestiones, hoy alineado acá, y mañana allá”.

Se trataría de la coherencia de la incoherencia.

Siempre interesado en fomentar la minería, ha sido personaje de la publicación Mining Press, aunque uno de sus proyectos más conocidos bucea en otras cavernas: propuso que los funcionarios de los tres poderes se hagan una rinoscopia para blanquear “si están o no en la droga”.

¿Cuál es la trampa?

Los ciudadanos de Chubut apoyaron, a través de la iniciativa popular, un proyecto de Ley. Sin embargo, el dictamen que se terminó aprobando fue bien distinto. Con el voto de 15 diputados, el proyecto sancionado suspende la actividad minera por 120 días y habilita al Ejecutivo provincial a convocar “consultas populares” en las regiones afectadas por cada proyecto de explotación.

Hecha la ley, ¿cuáles son las trampas? Corina explica:

“Hablan de zonificación, pero los ecosistemas no se pueden zonificar. Si se afectan ríos que nacen en la montaña, pasan por la meseta y llegan a la costa este, como ocurre en estos casos, también deberían consultar a Trelew, Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia”.
“En el caso de la meseta chubutense, los principales proyectos mineros están cerca de Gan Gan y Gastre por un lado, y de Paso de Indios por el otro. En el primero hay unos 600 habitantes, y en el segundo unos 400. Son comunidades históricamente postergadas, empobrecidas, abandonadas por el Estado, y dependientes del patrón político de turno, como nos pasa en tantos pueblos del interior. En esa situación, llegan con promesas y prebendas, y es relativamente fácil volcar el voto, manipular la situación con los punteros de la zona. Lo hacen para hacerse los democráticos. Pero que en comunidades tan pequeñas haya problemas de trabajo, implica un fracaso del Estado, al que ahora le agregan esta extorsión, como si la única fuente de trabajo fuese la minería. Van a sacrificar a esas comunidades y van a afectar regiones y poblaciones mucho más allá”.
iniciativa

¿Qué dice la Constitución?

Por eso los asambleístas plantean lo siguiente: “No se trató nuestra iniciativa” argumenta Corina Milán, “sino otra cosa, y usaron un artículo de nuestro proyecto, el más general, para enmascarar una ley minera. Eso es lo más perverso” sugiere y recuerda la frase de Fernanda sobre la trata y los prostíbulos.

En la iniciativa popular se recuerda, además, un párrafo de un libro en desuso en estos casos, llamado Constitución Nacional. El artículo 41 plantea que la defensa del ambiente no sólo es un derecho sino un deber: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Lucas Fossati agrega que lo legislado “vulnera totalmente el derecho constitucional de iniciativa popular”, ya que la Cámara no puede contradecir el espíritu de un proyecto presentado mediante este mecanismo de democracia semidirecta. “Ellos tienen el deber insoslayable de tratarlo tal cual es. Y si van a hacer reformas al menor labrar un acta”.

El asambleísta Roberto Ochandío, afirma: “Desvirtuaron totalmente el espíritu de la Iniciativa Popular. Lo que hicieron es presentar el primer artículo bajo el mismo título, y eliminaron todos los otros. Los cambiaron por artículos donde incluyen la propuesta de zonificación de la provincia, que es lo que hace tiempo están pidiendo las compañías mineras. Con eso abren la puerta para que se hagan plebiscitos locales, más fáciles de manipular”.

Mamarrachos

¿Qué significa la “zonificación”? Definir proyectos mineros, apuntar allí todos los cañones estatales y privados para ganar la aprobación de esas localidades, y correr de la discusión al resto de la provincia. “Nosotros nunca estaremos en desacuerdo con las consultas populares provinciales. Lo que estamos diciendo es que el agua que naca en la Cordillera no es una cuestión de una localidad: de esa cuenca tomamos agua más de 200 mil habitantes” sostiene Fosatti.

Sobre el comportamiento de los bloques, Corina agrega: “En este caso el kirchnerismo votó en bloque contra la iniciativa popular. Además la televisión pública pasó teleteatros caribeños, una película norteamericana y Paka Paka, mientras se producía un debate histórico. Eso también es ningunear la participación popular”.

“La ley es un mamarracho y es absolutamente nula”, sentencia Fossati. “Podremos no lograr la iniciativa popular, pero jamás la van a cambiar por un plan minero. Es la antítesis. En ese sentido, la batalla será judicial, administrativa, en la calle, en todas las regiones, porque las mineras van a tener que confrontar con cada uno de los vecinos en cada pueblo”.