Pese a haber cumplimentado las instancias legales para su ingreso en Legislatura, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia elevó al Tribunal Electoral un pedido a fin de que se aplique diferente legislación para regular el proceso de verificación de firmas de la iniciativa popular contra la megaminería.

 

Por Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut UACh

Diputados provinciales obstaculizan la participación ciudadana y generan conflicto de poderes

LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA ASUSTA AL GOBIERNO

Pese a haber cumplimentado las instancias legales para su ingreso en Legislatura, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia elevó al Tribunal Electoral un pedido a fin de que se aplique diferente legislación para regular el proceso de verificación de firmas de la iniciativa popular contra la megaminería.

A principios de junio la iniciativa popular de la UAC Chubut tomaba estado parlamentario transformándose en el proyecto de ley Nº 075/14. La minuta de la sesión del 3 de junio de la legislatura no deja lugar a dudas cuando fundamenta el envío a comisiones del proyecto de ley, dice: «con el porcentaje de firmas previsto en el Artículo 263 de la Constitución Provincial y con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley XII Nº5». Esta legislación especial reglamenta el artículo 263 de la Constitución Provincial para ejercer el derecho de Iniciativa Popular. Establece los mecanismos, los plazos y la forma de recolección de avales. Sin embargo, lxs legisladores pretenden ahora que se aplique otra norma que requiere se acompañe junto a la firma una constancia de haber emitido sufragio en la última elección general, intentando desconocer la decisión del Tribunal Electoral, único órgano legitimado para verificar la legalidad de las firmas. Incluso van más lejos, al entender junto al asesor letrado de la Legislatura, Alfredo Martín Meza, que deberíamos «acompañar constancias de haber emitido sufragio en las elecciones del 20 de marzo y del 27 de octubre de 2013». Claramente están intentado sacarse de encima la Iniciativa Popular contra la megaminería y limitando seriamente la aplicación de los mecanismos constitucionales de la democracia semidirecta.

Desde el año 2012 las Asambleas de Chubut ingresamos toda clase de notas dirigidas a lxs diputadxs solicitando se habiliten los mecanismos para la recolección de firmas. No hubo respuesta. En marzo del 2013, se pedía al Defensor del Pueblo de Chubut que interceda para «agilizar el trámite administrativo para iniciar la recolección de firmas». Continuó el silencio. Posteriormente, y ante nuestra constancia, el Tribunal Electoral, conociendo la existencia de dos normativas vinculadas a la recolección de firmas, estableció los criterios a utilizar. Estos criterios fueron cumplidos a rajatabla por quienes impulsamos la iniciativa popular contra la megaminería, con un trabajo de control riguroso, contrastando cada firma con el padrón electoral.

Quienes legitiman la violación de nuestros derechos ponen en evidencia su miserable forma de hacer política, esa que desprestigia a la política y a la clase política, van en contra de la idea de democracia que se enseña en las escuelas, que usan en los discursos, nos hacen trampa, trabajan para obstaculizar la participación popular legítima y respetable.

El 2 de julio pasado integrantes de distintas localidades de la UAC Chubut fuimos recibidos por la misma comisión que ahora impugna la iniciativa popular. En ningún momento expresaron que estaba en duda la legitimación de las firmas. Simularon que el proyecto de ley estaba en marcha, y se comprometieron a definir una agenda de trabajo con fechas para recibir a especialistas, técnicxs y personalidades que defenderían los fundamentos que sostienen el proyecto de ley contra la megaminería. Paradójicamente el dictamen del asesor legal (realizado tres días antes) ya estaba firmado por lxs diputadxs Gustavo Reyes, «Ika» Martinez, Héctor Trotta, Ana María Barroso, José Luis Lizurume y Exequiel Villagra exigiendo al Tribunal Electoral «se cumpla con lo previsto en la Ley V Nº 115» Esto es, cuando menos, una falta de respeto hacia lxs vecinxs y a la división de poderes. Es lamentable, pero lxs mismos diputadxs que ponen en duda la recolección de firmas avaladas por otro poder constitucionalmente establecido, recibieron un petitorio del intendente de Paso de Indios con casi 1500 firmas a favor de la explotación minera. Cientos de estas eran una reiteración (firmas mellizas), fotocopias que se adjuntaban públicamente como firmas válidas, rayando la falsificación de documento público. Otro tanto eran ilegibles e inexistentes en el padrón electoral. No hubo objeción, ni denuncia mediática o judicial de parte de lxs diputadxs.

Este dictamen pone en evidencia la falacia del discurso del «debate» que dicen promover, muestra el temor a un proyecto de ley que cuenta con una fenomenal legitimación social, y busca restringir la participación ciudadana, base de toda democracia sana. Los asusta el pueblo. Las reflexiones del asesor Alfredo Martín Meza, refrendadas por lxs diputadxs, muestran el verdadero objetivo de este dictamen. Dice el letrado: «tales mecanismos (por los mecanismos de la democracia semi directa) deben tener un uso normativamente acotado, so pena de ser utilizados casuísticamente, en forma desmedida y caprichosa, trastocando el régimen constitucional y democrático de derecho mediante la suplantación de la función de los poderes de representación popular legítimamente constituidos» Y continua: «En tal sentido, … lejos de enriquecer y fortalecer la vida democrática, se pueden convertir en instrumentos censores o legitimadores, según el caso, de la representación política (…)» sic. Interpretan las leyes a su antojo y a la medida de sus intereses, la participación ciudadana los apabulla. Desconocen que el poder de decisión también puede estar en la gente y que la democracia representativa es respetar la decisión del pueblo.

Por otra parte, reconocen que la legislación local – a diferencia de la nacional – carece de un mecanismo para impugnar el proceso de recolección de firmas, sin embargo, pretenden impugnarlo.

Denunciamos públicamente que este «asesor» y estxs legisladores solicitan el cumplimiento de una ley, cuando ellos mismos arremeten contra la Constitución Nacional y Provincial, desconocen una ley especial que reglamenta la Iniciativa Popular y pretenden deslegitimar un proyecto de ley que pondría freno definitivo a las transnacionales del saqueo, la destrucción y la contaminación. Advertimos que las asambleas defenderemos los derechos constitucionales y realizaremos las denuncias públicas y penales pertinentes ante este ataque a la participación ciudadana y a la división de poderes. La adversidad nos fortalece.

Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, 10 de julio de 2014

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