El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco expresó su rechazo al Marco Regulatorio de la Actividad Minera e Hidrocarburífera impulsado por el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut y promocionado fervientemente por algunos diputados.
Por Zulma Usqueda
Este pronunciamiento fue presentado como moción por el docente Sebastián Sayago y fue aprobado por mayoría.
El debate fue extenso e incluso esta presentación tuvo grandes cuestionamientos del consejero por el claustro de graduados Mario Palma Godoy, un conocido investigador que trabaja para la minera Santa Cruz y la conocida Patagonia Gold entre otras.
A este pronunciamiento se sumó una segunda moción que fue aprobada también por mayoría y con la negativa del citado graduado. La misma expresa que se insta a modificar las leyes nacionales que rigen esta actividad extractiva haciendo alusión explícitamente a la prohibición de la megaminería.
Pronunciamiento del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales respecto del proyecto de Marco Regulatorio de la Actividad Minera impulsado por el Gobierno de la Provincia del Chubut
El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales expresa su rechazo al proyecto de Marco Regulatorio de la Actividad Minera impulsado por el Gobierno de la Provincia del Chubut.
Las razones que justifican este rechazo son las siguientes:
1) Las leyes nacionales que regulan la actividad minera establecen un modelo extractivo altamente perjudicial para el Estado nacional en términos económicos. Se fija un porcentaje casi insignificante en conceptos de regalías, se establecen grandes ventajas impositivas y se definen mecanismos de control extremadamente laxos, lo que configura un sistema de explotación propio de un vergonzoso capitalismo dependiente.
2) La megaminería es una actividad productiva perjudicial en varios aspectos: genera escasos puestos de trabajo en relación con la envergadura de los emprendimientos, consume enormes cantidades de agua y de energía, deteriora el medioambiente y genera enclaves que operan como Estados soberanos dentro del Estado nacional.
3) La megaminería es una actividad productiva que, dada su escala, no puede ser controlada por Estados de países más desarrollados que el nuestro. Esta situación nos hace pensar que es difícil que un Estado provincial argentino pueda ejercer con eficiencia el rol de contralor.
4) El Gobierno provincial afirma que la megaminería es la única alternativa de desarrollo en zonas específicas, tal como la Meseta Central. Pero esto no es cierto, ya que, desde hace tiempo, se sabe que hay grandes acuíferos subterráneos que podrían revertir en poco tiempo el efecto de las sequías y generarían alternativas económicas sustentables, muchas de las cuales son compatibles con la tradición cultural de las poblaciones originarias de la zona. Es decir, con el agua disponible, se podría desarrollar un modelo económico ecológico, inspirado en una relación de respeto hacia la naturaleza.
5) El Gobernador Martín Buzzi anunció en reiteradas ocasiones que la política minera iba a ser objeto de un debate público, amplio y democrático. Sin embargo, ese debate nunca se realizó. El gobierno busca obtener la denominada “licencia social” sin escuchar la voz de investigadores especializados en el estudio de las consecuencias ambientales, sociales y legales de la actividad minera. También ha dejado fuera del debate a numerosas organizaciones sociales y políticas que sostienen posicionamientos reflexivos y válidos.
Por las razones expuestas, solicitamos al Gobierno provincial que desista definitivamente de su intención de aprobar el Marco Regulatorio de la Actividad Minera. Lo instamos a buscar alternativas de desarrollo económico que sean sustentables y verdaderamente inclusivas.
