No podía ser de otro modo: represión en Tinogasta, de nuevo, al igual que hace tres meses y días, al igual que en Andalgalá, en febrero del 2010, etc. La policía catamarqueña, responsable de la seguridad de los habitantes de la provincia, a quienes debería apoyar en la defensa de la vida, muestra su servil sometimiento al poder minero que rige en la Argentina. La policía de Catamarca se sitúa del lado de la depredación, del lado de la anti-vida, al golpear al pueblo al cual debe proteger.

Por Carlos María Pagano Fernández*

14/05/2012. Esta hipótesis del delito que orienta a esa policía es una hipótesis que, por doblegarse ante la forma destructiva de las condiciones de vida, como lo es la megaminería, es hipótesis y también práctica delictiva de lesa humanidad y de lesa naturaleza. En efecto, de ese modo, se manifiesta la asociación de los poderes del Estado –provincial y nacional- con aquellos intereses que atentan contra los derechos a la vida y las fuentes que la hacen posible, afectando amplios sectores poblacionales, los cuales quedan en total indefensión por parte de sus propios mandatarios.

El Juicio Ético Popular a las transnacionales que operan en Argentina, en su audiencia NOA Tucumán, (23, 24 y 25 de setiembre del 2011) ha pronunciado una sentencia clara, según la cual, lo que está en juego con esas transnacionales del saqueo protegidas por poderes del Estado, desde la ética y a la vista de la forma de agredir el ambiente y a las poblaciones cercanas a sus emprendimientos, constituyen delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza.

Sepa la comunidad toda, sepan los gobernantes, sepan los poderes legislativo y judicial que, en la medida en que, con su accionar, protegen tales agresiones empresariales, caen bajo la figura de ese tipo delictivo imprescriptible. Si los responsables de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales se escudan hoy en la impunidad que les brinda el sistema con su marco normativo legal, la imprescriptibilidad de los delitos que amparan y promueven los tornan responsables e imputables de por vida. Desde luego que las empresas megamineras, que se manejan con responsables personales, con nombre y apellido, aún cuando éstos sean extranjeros, también caen bajo la misma ley internacional y también pesa sobre ellos tal imputabilidad de por vida. Ambos niveles, el político-estatal y el privado-empresarial caen por esa causa bajo jurisdicciones penales internacionales.

Todo el país y también el mundo deben saber que los pueblos de Famatina y Tinogasta, entre muchos otros, luchan contra ese tipo específico de delitos y deben saber quiénes son sus responsables nacionales, provinciales y municipales, además de los empresariales.

Con esta segunda represión en Tinogasta del 12 de mayo del 2012, se pone de manifiesto, una vez más, el carácter de sistema organizado de violación de derechos humanos a la vida y a un ambiente sano para el verdadero desarrollo de las producciones regionales, con la participación necesaria y cómplice de los poderes del Estado en todos los ámbitos jurisdiccionales.

Cada ciudadano, cada ciudadana, en el lugar que le toque actuar, debe hacer conocer este estado de una verdadera Dictadura de las Mineras en la Argentina, que atenta contra la vida en todas sus dimensiones. Frente a la complicidad informativa que silencia semejante situación, ha de saberse que recae una especial responsabilidad en darla a conocer lo más ampliamente posible sobre quienes tienen el deber de iluminar a los demás, desde la docencia de todos los niveles, pasando por las actividades profesionales más variadas, hasta los políticos, los religiosos, los sindicalistas, las asociaciones, todo el periodismo, etc., como uno de los modos de solidaridad para con los pueblos afectados y para con los que habrán de resultar afectados en un futuro no muy lejano.

La sola realidad represiva, la violencia del modus operandi policial, el silencio de las autoridades nacionales de seguridad, de derechos humanos y del equilibrio biodiverso, la inexistencia práctica de presencia provincial con responsabilidad en relación con la vida y la seguridad de las personas y de los ecosistemas, basta para poner en alerta a toda la población sobre esta generalizada entrega genuflexa al saqueo de bienes y daño grave a las personas y a la naturaleza por parte de poderosas empresas extranjeras. Éstas operan impunemente como un estado dentro del estado, mientras se hace alarde de soberanía apelando a los más caros sentimientos de la población, como es el caso de nuestras Malvinas Argentinas.

El debate serio de que habló ocasionalmente la Sra. Presidenta de la Nación y no se lo nota desde lo oficial ni se supo más de ello, lo sostienen, sin embargo, diariamente y desde hace años los pueblos en lucha, el Parlamento de los Pueblos, las comunidades afectadas, los intelectuales comprometidos con su deber de estado, los profesionales responsables de sus obligaciones éticas, las asociaciones sociales y políticas conscientes de su rol comunitario, etc. A ellos los detiene y apalea la policía pagada por el pueblo, a ellos los «aprehende», dicen con cinismo los informes policíacos, mientras «liberan» los camiones del saqueo y de la destrucción de la vida.

¡Respeto a los pueblos que defienden la vida en Tinogasta y en todo el país!, ¡Basta de megaminería contaminante en Argentina y en todo el Continente!

* Profesor Universitario (Univ. Nac. De Salta y Univ. Católica de Salta) y Terciario (Profesorado de Cs. Políticas, Esc. Normal Salta), Miembro del Tribunal del Juicio Ético Popular, Audiencia NOA, Tucumán, y Final Buenos Aires 2011.