26/05/2010. En medio de la movilización, representantes de las agrupaciones fueron recibidos por funcionarios de la embajada. El dirigente de la Asamblea El Algarrobo, luego del encuentro, dijo que las organizaciones efectuaron una “denuncia formal porque las mineras violan sistemática los derechos humanos y alteran de manera obscena la biodiversidad”.
Agrupaciones ecologistas y sociales reclamaron hoy frente a la embajada de Canadá, en el barrio porteño de Recoleta, el cese de los emprendimientos mineros a cielo abierto concretados por capitales de ese país en la provincia de Catamarca.

En ese sentido, las organizaciones volvieron a denunciar que los emprendimientos “violan sistemáticamente los derechos humanos y alteran de manera obscena la biodiversidad”. Por su parte, la Asamblea El Algarrobo resaltó su “pronunciación indeclinable” en contra de “la explotación de Agua Rica y Alumbrera”, al referirse a dos mineras que operan en Catamarca.

“Los gobiernos que no accionan en favor de las verdaderas necesidades de las comunidades son responsables de delitos de lesa humanidad”, advirtió la agrupación en un comunicado. La protesta, realizada frente al inmueble ubicado en la calle Tagle 2828, comenzó a las 9.30 y finalizó tres horas después.
 
En medio de la movilización, representantes de las agrupaciones fueron recibidos por funcionarios de la embajada. El dirigente de la Asamblea El Algarrobo, luego del encuentro, dijo que las organizaciones efectuaron una “denuncia formal porque las mineras violan sistemática los derechos humanos y alteran de manera obscena la biodiversidad”.
 
En otro tramo del comunicado difundido por la Asamblea El Algarrobo, la agrupación recordó el procesamiento del vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, ocurrido en mayo de 2008 en una causa en la que el ejecutivo de la compañía, de capitales canadienses y suizos, estaba acusado de contaminar el medio ambiente.

El fallo se basó en “los niveles de metales encontrados en el agua”, mayores a los permitidos. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal, con un fallo dividido, anuló en septiembre último el procesamiento del ejecutivo de la compañía, que explota una de las principales fuentes de extracción de cobre y oro del continente.
 
El tribunal entendió que la Gendarmería Nacional no había tomado todas las garantías necesarias al recabar una muestra. Poco después, la Red Nacional de Acción Ecologista denunció que “la minera realizó lobby sobre (la jueza Ángela) Ledesma”, quien votó en favor de la anulación junto a su par Eduardo Riggi, mientras que sufragó en disidencia Liliana Cantucci.