Hemos sostenido muchas veces que en el gobierno de la Alianza la represión y el asesinato fue “política de Estado”. Fue un golpe fuerte a una sociedad que no hacía tanto que había salido de una de las masacres que el Estado ha cometido a lo largo de su historia, comenzando con el etnocidio de Roca. Por eso, el gobierno de Néstor Kirchner propuso a la sociedad argentina la no represión de la protesta social.
Por Norma Giarracca *
12/02/2012. Actuar con la Justicia pero domesticar nuevamente a una policía cebada de cuerpos de sus compatriotas. Esa propuesta, tal cual actúan los traumas en el alma humana, fue perdiendo vigencia con el tiempo y la represión policial y de gendarmería y los asesinatos regaron también su gobierno. Sin embargo, no podíamos afirmar de ninguna manera que esa política hubiese sido “política de Estado” como en el de la Alianza.
En los últimos tiempos, las resistencias por los recursos naturales de poblaciones que se niegan a una economía comandada por las actividades extractivas nos mostró que en las provincias se habían formado “formaciones especiales” policiales entrenadas en la represión a los pobladores en resistencia. Sólo recordemos hace dos años la actuación del “grupo kuntur” en la represión de la población catamarqueña de Andalgalá, que nos estremeció como sociedad y muchas organizaciones sociales interpelaron a los poderes para saber qué eran y qué función cumplían esas nuevas formaciones que enfrentaban y reprimían a la sociedad civil. El viernes a la mañana asistimos asombrados a otro enfrentamiento de esta fuerza especial con la población de Tinogasta, que sufre desde hace años la presencia de la minera La Alumbrera.
Catamarca fue pionera en recibir el capital minero y sabe muy bien a qué se opone. Si se tiene en cuenta el Producto Bruto Geográfico de la provincia se puede observar una profunda transformación en la estructura productiva de la economía provincial a partir de los años noventa. Por un lado, hubo un crecimiento de 23,85 puntos porcentuales en promedio entre 1993 y 2006 del sector primario, mientras que los otros sectores (secundario y terciario) se retrotraen casi en la misma magnitud (-23,7%). A su vez, analizando solamente el sector primario, se observa que mientras que la minería crece 25 puntos porcentuales en promedio entre 1993 y 2006 la agricultura, ganadería y silvicultura presentan una retracción de más de un punto porcentual. Se pierde agricultura, se pierden trabajos.
En 1993, la minera decía en sus carteles públicos “La credibilidad se logra con hechos. Un viejo sueño del país se concreta a través de Catamarca. Bajo la Alumbrera” y prometía 10 mil puestos de empleos directos. En la fase de construcción fue el pico de empleo: 4.000 puestos pero ya a partir de la explotación baja, año tras año a menos de 1.000. Actualmente revisten, según la página de la empresa, 1.800 en planta permanente y alrededor de 800 contratados. Podemos repetir estos datos de empleo para casi todos los emprendimientos pero aún así, sus defensores siguen reforzando el mito de cientos de miles de puestos de trabajo, usando la mentira como dispositivo de propaganda.
Tinogasta, uno de los departamentos en el que existen importantes inversiones mineras metalíferas y de uranio es, a su vez, el principal productor de vid de la provincia (68% de la superficie provincial), proveyendo alrededor de 18.000 toneladas anuales. La producción vitivinícola que tenía un potencial tan importante como el de La Rioja fue herida de muerte por el uso del agua de la minera, se perdió producción y trabajo agrícola. En términos sociales, los indicadores de desarrollo humano se estancaron y hasta retrocedieron (tasa de desempleo) en el departamento con este cambio productivo. Las expectativas que habían generado “las propagandas mineras” se transformaron en hartazgo, bronca y una fuerte necesidad de ser comprendidos por las autoridades. “El agua vale más que el oro” es la consigna que caracteriza la lucha.
Las imágenes del viernes con el cuerpo especial, armas letales según el modo de utilización, nos retrotrajeron al trauma del Estado represor. Las fuerzas de seguridad nacional custodiando los camiones que cargaban insumos tóxicos de la minera, lastimando los cuerpos de hombres, mujeres, niños, nos avergonzaban como argentinos. La aplicación de la Ley Antiterrorista en la provincia aplicada a la protesta social comienza a delinear que a 10 años de la masacre de De la Rúa, el fantasma de la represión y judicialización a los viejos tiempos no democráticos, nos ronda como nación. Es evidente que los mensajes de la Presidenta traducidos por gobernadores de baja densidad democrática (sólo recordar la defensa de los Saadi que hizo la gobernadora Corpacci) pueden convertirse en dispositivos muy peligrosos para la convivencia social no violenta. La protesta es un derecho constitucional, y cuando existen colisiones de derechos los que se jerarquizan son los derechos humanos. Y como diría Anna Arendt, la reproducción de la vida es el derecho fundamental, el que habilita “el derecho a tener derechos”. Y es la vida lo que defienden las poblaciones, no “los ambientalistas”, sino las poblaciones concientes de que tienen derecho a decidir la reproducción material de la vida en sus territorios. El territorio es la vida aunque cueste comprenderlo desde las grandes ciudades. Como hemos repetido muchas veces en relación con la violencia del Estado: nunca Más.
Socióloga. Profesora Titular de Sociología Rural. Instituto Gino Germani-UBA
