Mineras Rusas que operan en Venezuela amenazan de dejar en la calle a más de 2.600 personas a causa de la aplicación de la resolución del Banco Central de Venezuela que obliga a las empresas privadas la venta del 70 por ciento de su producción de oro al cambio oficial vigente.
Rechazan ultimátum de empresas rusas
Viernes, 28 de mayo de 2010 Natalie García Foto William Urdaneta
El anuncio hecho por las empresas mineras del grupo Rusoro Mining que explotan minas auríferas en los municipios El Callao y Sifontes, al sur del estado Bolívar, causó descontento entre la población de estas localidades que desde hace años se han visto afectada por los escasos desarrollos dejados por las trasnacionales.
Viernes, 28 de mayo de 2010 Natalie García Foto William Urdaneta
El anuncio hecho por las empresas mineras del grupo Rusoro Mining que explotan minas auríferas en los municipios El Callao y Sifontes, al sur del estado Bolívar, causó descontento entre la población de estas localidades que desde hace años se han visto afectada por los escasos desarrollos dejados por las trasnacionales.
Cabe recordar que la compañía informó esta semana que está a punto de quebrar por la imposibilidad de atender sus gastos operativos, a causa de la aplicación de la resolución de Banco Central de Venezuela que obliga a las empresas privadas la venta del 70 por ciento de su producción de oro al cambio oficial vigente.
William Castillo Toro y José Manuel Odiaga, explotadores de yacimientos del sur, aseguran que la actitud del grupo ruso está relacionada con las estrategias de la “ultraderecha que juega al fracaso del Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre”.
Asimismo comentan que “los consejos comunales hacen aparecer a la empresa como la salvadora de la economía local y nacional”, cosa que a su juicio no es verdad. Destacan los dirigentes que la amenaza de dejar en la calle a más de 2.600 personas a causa de la aplicación de la resolución del Banco Central de Venezuela (BCV) no es tal, porque el actual gobierno a través de los distintos instrumentos legales debe garantizar la estabilidad laboral.
“Esto no es más que un golpe mediático de la ultraderecha para desestabilizar y contribuir con fines políticos, económicos y geopolíticos. Rusoro Mining utiliza a las comunidades y a la labor social que por ley está obligada a realizar para el Estado, porque todas esas donaciones después son descontadas de los impuestos al cierre del ejercicio contable”, sentenció Castillo Toro.
