Guatemala quiere cambiar su matriz energética con recursos renovables que abaraten los precios de la electricidad. Para lograrlo se impulsan nuevos proyectos hidroeléctricos en manos de generadores privados. Sin embargo, la conflictividad social ha impedido el desarrollo de estas obras. Un ejemplo es lo sucedido esta semana en Huehuetenango donde un grupo de hombres armados destruyeron las instalaciones de una hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán, estos actos evidencia la precaria situación de gobernabilidad que prevalece en algunas regiones del país.
Fuente: Repùblica
El país necesita cambiar su matriz energética para bajar los precios de la electricidad, el MEM ha identificado conflictos en 8 departamentos. Foto/archivo: Hidroeléctrica Xacbal, Quiché.
Guatemala tiene un potencial hídrico para generar hasta cinco mil megavatios (mw) pero el país apenas aprovecha el 18 por ciento de esos recursos, en parte por la conflictividad social. En el sistema están conectadas 23 hidroeléctricas que aportan 965 megavatios de los 2,500 que se producen en el país.
Hay otros factores que han limitado el desarrollo de estos proyectos, entre estos las dificultades para obtener financiamiento. El ex ministro de Energía y Minas, Luis Ortiz, explica que las entidades bancarias o financieras, ya sean locales o internacionales, ven con desconfianza invertir o prestar dinero para un proyecto hidroeléctrico. “Este problema va ligado a la conflictividad social. Mientras más alta es la incertidumbre de una hidroeléctrica más se eleva el costo del financiamiento”, agrega Ortiz.
En el registro que lleva el Ministerio de Energía y Minas (MEM) hay 10 proyectos más en construcción y 24 en desarrollo, algunos detenidos por la oposición de las comunidades y otros que no han iniciado operaciones, pese a contar con la licencia.
Un caso reciente de conflictividad social es la hidroeléctrica de San Mateo Ixtatán, en Huehuetenango, donde un grupo de hombres armados y cuya identidad era resguardada con gorros pasamontañas causó destrozos en la madrugada del pasado lunes en las instalaciones del proyecto de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. y dispararon contra tres trabajadores que resultaron heridos. En la misma jornada, el grupo atacó el campamento de una constructora ubicada en San Ramón, Barillas, y colocaron barricadas para evitar el paso de personas y vehículos. Las pérdidas por los destrozos de maquinaria e instalaciones, según las empresas, es de alrededor de UU$5 millones.
Según el Ministerio de Gobernación, el hecho podría atribuirse a Rigoberto Juárez y Saturnino Figueroa, a quienes se acusa de oponerse a los proyectos hidroeléctricos en la región, pero no se han generado acusaciones ni ordenes de captura contra ellos. Ambos son líderes q´anjob´ales locales.
Según un cuadro de conflictividad social del MEM, actualizado al 25 abril de este año, se registran problemas de conflictividad en por lo menos 10 de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país, sin contar el de San Mateo Ixtatán.
Conflictos por hidroeléctricas
Huehuetenango
Hidroeléctrica CANBALAM en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango
La falta de socialización de información del proyecto por la empresa Hidro Santa Cruz S.A. sobre el río Canbalam generó un ambiente de desconfianza e ingobernabilidad en el municipio que terminaron en disturbios que dejaron un poblador y un soldado muerto. El proceso de la firma de un convenio de cooperación entre la municipalidad y la empresa se encuentra detenido por la falta de consenso para la firma.
Chiquimula
Hidroeléctrica El Oregano, en las Flores, Jocotán, Chiquimula
Desconocidos que se oponen al proyecto intimidan a la población y amenazan para que se opongan a la hidroeléctrica. El MEM socializa la información previa al inicio del proyecto.
Zacapa
Hidroeléctrica Teculután, en Teculután, Zacapa
El alcalde y el Concejo Municipal de Teculután adversan el proyecto que impulsa Valores Mercantiles S.A. También el programa de huertos familiares de la misma empresa. Hay focos de conflicto por el rechazo de comunitarios. El MEM propicia los espacios para el diálogo entre la municipalidad, el Concejo y la gobernadora.
Quetzaltenango
Hidroeléctrica CUEVAMARIA, en Cantel, Quetzaltenango
Comunitarios y autoridades se oponen proyecto por cuestiones ambientales. El MEM inició el proceso administrativo en contra de la empresa Recursos Energeticos S.A., por incumplimiento de contrato.
Hidroeléctrica TALCANAC, en San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango
Comunitarios, municipalidad y varias organizaciones se oponen a la construcción y funcionamiento de la hidroeléctrica por no respetar los resultados de la Consulta Comunitaria y han solicitado al MEM que cancele la construcción del proyecto de la empresa Energía del Futuro S.A..
Alta Verapaz
Hidroeléctrica Santa Rita sobre el Río Ixbolay, en Cobán, Alta Verapaz
Pobladores se oponen al proyecto al aducir incumplimiento de la empresa en compromisos con las comunidades. En el año 2012, los opositores provocaron daños a la infraestructura y maquinaria de la empresa. La empresa alcanzó acuerdos con los COCODES de las comunidades del área de influencia.
Hidroeléctrica Entre Ríos, en San Agustín Lanquín, Alta Verapaz
Alcalde y pobladores se oponen al proyecto de la empresa Corrientes del Río S.A., tras realizarse una consulta en donde se rechazó la hidroeléctrica. En el 2011, se agudizó el conflicto por manifestaciones violentas en contra de propiedad y personal de la empresa. Se inició un proceso jurídico que concluyó en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que amparó a 6 comunidades.
Proyectos Hidroeléctricos Renace I y Renace II
Están ubicados sobre el río Cahabon, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. En marzo de 2013 dos comunidades (Lanquín y Cahabón) denunciaron que los trabajos realizados en la construcción de la Hidroeléctrica Renace II había provocado la contaminación del río. Procesos de información y comunicación de la empresa entre las comunidades han logrado despejar las dudas.
Proyecto Hidroeléctrico Santa Teresa
El proyecto está trazado sobre el río Cucanchá, en San Miguel Tucurú, Alta Verapaz. La empresa tiene conflicto de tierras con los antiguos colonos de finca donde se construirá el proyecto. Según el MEM, aún no se ha resuelto el problema.
Conflictos por transmisión eléctrica
Sin embargo, no solo las hidroeléctricas son blanco de la conflictividad social. El MEM también reporta la construcción de las nuevas líneas de tendido que impulsa el Plan de Expansión de Transmisión Eléctrica (PET1) que realiza la empresa de capital colombiano Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (Trecsa). La meta del proyecto es aumentar la cobertura eléctrica en el país ya que permitirá conectar a los nuevos generadores de energía barata y limpia, además de acelerar el desarrollo social. Se calcula que el costo será de US$450 millones, más de Q3,500 millones por medio de las alianzas públicas-privadas.
El proyecto registra avances en más del 60% y debe estar terminado a finales de 2015. La obra abarca la construcción de 12 subestaciones y la ampliación de otras 12, pero marcha a paso lento por las protestas comunitarias que temen que el tendido eléctrico causará daños a la salud de las personas que viven alrededor.
Estos son los lugares donde el MEM reporta brotes de conflictividad social:
Sololá
Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. El conflicto se originó a raíz de la Inscripción de la Servidumbre de Paso en el segundo Registro de la Propiedad Inmueble por parte de la empresa, ya que el título del municipio está a nombre de la municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá; además, el inmueble está catalogado como ejido municipal, condición que agrava el problema.
Nahualá, Sololá. El conflicto se originó porque la población a través de la alcaldía indígena reclama al alcalde la suscripción del contrato con la empresa TRECSA y lo acusan de haber “vendido” el territorio a raíz de la Inscripción de la Servidumbre de Paso en el Segundo Registro de la Propiedad Inmueble. El conflicto se agrava porque el título es mancomunado entre éste municipio y Santa Catarina Ixtahuacán.
Quetzaltenango
En los municipios San Carlos Sija, Cantel, San Francisco la Unión, Salcaja y Olintepeque. Hay oposición de las comunidades a la construcción de líneas de transmisión. No hay aval municipal y los comunitarios argumentan daños al ambiente y a la salud.
Guatemala
Aldea la Ciénega, municipio de San Raymundo. Oposición de vecinos a la construcción de subestación eléctrica y líneas de transmisión del Proyecto. Pobladores aducen que las obras del PET causaran daños a la salud y al ambiente.
Sacatepéquez
Municipio de Santiago. Vecinos se oponen a la construcción de las líneas de transmisión ya que aducen que no fueron consultados para el efecto.
Santa María de Jesús. La municipalidad, en principio, no otorgaba el aval y buscaba un acuerdo con la empresa TRECSA, que finalmente fue otorgado.
Esta conflictividad social frena el desarrollo del mercado eléctrico que busca cambiar la matriz energética con la generación con recursos renovables en un 80 por ciento. Los pobladores que se oponen a estas plantas generadoras se amparan en el irrespeto de consultas comunitarias que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Un fallo de la Corte de Constitucionalidad las declara legitimas, pero no vinculantes, pues se basa en que las municipalidades deben tomar en consideración los resultados de las consultas, pero no son las comunas las que otorgan las licencias sino el Ministerio de Energía y Minas. Tampoco se ha generado confianza en los pobladores locales que las inversiones en las hidroeléctricas generarían más beneficios que costos a las comunidades.
“El otro tipo de conflictividad es la manipulación de un grupo ajeno a la comunidad, con intereses ajenos a los intereses comunitarios. Eso ya no es legítimo”. Alfonso González director de AGER.
El fenómeno no es reciente
La conflictividad se registra poco después de la emisión de la nueva legislación de electricidad a mediados de los años noventa. En 2010, el mismo año en que se lanzó el PEG 1 (Programa de Expansión de la Generación) cuando se adjudicaron los primeros contratos hídricos, una investigación del Instituto Regional de Altos Estudios Políticos (IRALEP), titulada “Comprendiendo el conflicto por hidroeléctricas en Guatemala, para tender puentes de gobernabilidad”, identificaba 27 conflictos por hidroeléctricas en 9 departamentos del país.
Esa situación, concluía el estudio, era el resultado de una herencia negativa que arrastraba el Estado de Guatemala por la forma en que manejó la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, cuyas comunidades fueron expulsadas de sus tierras. Desde entonces la actividad económica sobre el acceso a la tierra, agua y bosques han sido fuente de ingobernabilidad y violencia en diferentes coyunturas.
La Procuraduría de los Derechos Humanos identificaba en 2012 unos 80 problemas de conflictividad social por los recursos estratégicos del país. El caso más dramático es el de Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango, donde la construcción de la hidroeléctrica CANBALAM generó disturbios, la muerte de un poblador y un soldado, destrucción de propiedad privada y la implementación de un Estado de Sitio. Otro ejemplo de la conflictividad social fue la hidroeléctrica de Palo Viejo, en San Juan Cotzal, Quiché, que generó una férrea oposición de las comunidades. El proyecto construido por la empresa italiana multinacional Enel Green Power, que ha edificado varias hidroeléctricas en el país, está en operaciones desde mayo de 2012 y aporta al sistema unos 84 megavatios.
El conflicto finalmente se resolvió por la vía del diálogo y la empresa propietaria Enel Green Power entrega Q 2.3 millones al año (durante 20) a la alcaldía de San Juan Cotzal para financiar proyectos de desarrollo comunitario, como educación, agua, saneamiento, cultura, salud, energía y apoyo a la gestión municipal. El sistema Nacional de Diálogo atendió el año pasado 41 conflictos (6 más que en 2012) que ya se habían salido de control de los Ministerios involucrados. La mayoría están relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales como las hidroeléctricas y minas. Sin embargo, no han indicado cuantos casos se han resuelto.
El diálogo de las empresas
Ante la conflictividad social son las empresas que impulsan los proyectos las que buscan a un diálogo directo con las comunidades. El modelo de dialogo impulsado en la hidroeléctrica de Palo Viejo es seguido por otras empresas que enfrentan el rechazo de las comunidades. Alfonso González, director de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), divide la conflictividad social en dos partes. La primera es legítima y son las dudas que plantean las comunidades acerca de lo que va a pasar alrededor de la hidroeléctrica, explica. “Creen (los pobladores) que se van a contaminar los ríos, lo cual no es cierto; que se van a acabar los bosques, lo cual es mentira; que sale aceite y diesel de la turbina, no es verdad porque no se utiliza ni aceite ni diesel; que van a tener cáncer, tampoco es cierto”, añade González.
Señala que esas dudas son aclaradas con procesos de información. A través de estos procesos el riesgo de un problema social se minimiza y, si existe, se maneja de una mejor manera. “El otro tipo de conflictividad es la manipulación de un grupo ajeno a la comunidad, con intereses ajenos a los intereses comunitarios. Eso ya no es legítimo” subraya Alfonso González.
El presidente del CACIF, Hermann Girón, expresa que hay un tipo de conflictividad que debe ser atendida en las mesas de diálogo con madurez y comunicación. Sin embargo, hay otra cuyo fin es perpetuar un conflicto por otras razones. Esa requiere un poco más de inteligencia para atenderla, afirma Girón.
Así, el tiempo transcurre con una enorme dificultad para el Gobierno de frenar hechos como el de San Mateo Ixtatán, lo cual evidencia que país se ha convertido en un territorio sin control, por la vulnerable gobernabilidad de la región. Además, tampoco puede conciliar las demandas de los pobladores y los deseos de inversión de los empresarios que también generan empleos, propician el desarrollo de Guatemala y cambia la matriz energética del país.
