Tras conseguir un fallo favorable en una corte de Estados Unidos, Chevron pretende evitar el pago de la remediación ambiental en la Amazonía determinada por la Justicia ecuatoriana. Los abogados de los afectados por la petrolera señalan que dicho fallo no tiene jurisdicción y no afecta el inminente cobro de la sentencia. En Argentina, organizaciones solidarias con los afectados criticaron que ese caso se utilice como parte de la negociación por la inversión de Chevron en Vaca Muerta.
El martes 4 de marzo, mientras en Ecuador se festejaba el último día de carnaval, Lewis Kaplan, un juez el distrito sur de Nueva York, condenaba a los abogados de los indígenas y campesinos amazónicos afectados por Chevron. La sentencia sostiene que los letrados obtuvieron de manera ilegal un fallo favorable de la Corte Suprema ecuatoriana en contra de Chevron, por el desastre ambiental que dejó Texaco (adquirida en 2001 por Chevron) en su operación en la Amazonía entre 1964 y 1992. A pesar de no tener jurisdicción sobre el área contaminada, el Juez Kaplan consideró que la sentencia del máximo tribunal ecuatoriano se había conseguido con “evidencia fraudulenta” y “corrupción” por parte de los afectados por la petrolera. Con este fallo, de primera instancia, se impide la ejecución del cobro en Estados Unidos. El abogado de las víctimas, Juan Pablo Saez señaló a la agencia Andes que apelarán a la sentencia calificándola como “un fallo injusto producido por un juez ilegítimo dentro de un proceso absurdo”. En septiembre de 2011 el Tribunal de Apelaciones revocó una sentencia similar del juez Kaplan, en la que pretendía detener las acciones de cobro de las víctimas de Chevron en todo el mundo. A través de un comunicado, la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de Chevron-Texaco rechazó el fallo, señalando que “no existe fundamento jurídico para que un juez de primera instancia de un país, pretenda bloquear o entorpecer la ejecución de una sentencia firme de un país diferente”. Además de la falta de jurisdicción, las víctimas denunciaron que toda la evidencia presentada durante el juicio ya había sido desestimada en los tribunales de su país y que el fallo se sustenta en el testimonio de un solo testigo, el ex juez Alberto Guerra, quien recibió US$ 350 mil por su declaración, según señalaron. El fallo del juez norteamericano es una escena más del largo proceso judicial que se inició en Estados Unidos en 1993 cuando un grupo de pobladores amazónicos inició una demanda en contra de la entonces Texaco, por la contaminación de más de 450 mil hectáreas en las provincias de Orellana y Sucumbios, en el noreste ecuatoriano. Por petición de Chevron, el caso pasó a los tribunales ecuatorianos en 2002. En 2011 la Corte de Nueva Loja falló a favor de los indígenas y campesinos afectados, sentenciando a la petrolera a pagar US$ 8.6 mil millones para iniciar la remediación del área, monto que sería duplicado si Chevron no pedía disculpas públicas a las víctimas. Finalmente en 2013 la Corte Suprema ecuatoriana confirmó la sentencia, aunque eliminó la duplicación del pago. Debido a que la compañía petrolera retiró sus activos de Ecuador, desacatando su compromiso de respetar los fallos de los tribunales de ese país, las víctimas han iniciado acciones de cobro en otros países donde Chevron sí tiene activos, como Canadá, Brasil y Argentina. Las acciones de cobro en esos países no se verán afectadas por el fallo del tribunal norteamericano, según señalaron los abogados ecuatorianos. En Argentina actualmente se está llevando adelante un proceso de homologación de sentencia, que permita efectivizar el pago para la remediación ambiental en la Amazonía. Debido a que Argentina y Ecuador firmaron la Convención Interamericana sobre el Cumplimiento de Medidas Cautelares, el proceso judicial fue acompañado por un embargo sobre los activos de Chevron Argentina SRL. La medida fue dictada en primera instancia en noviembre de 2012, por el Juez Civil Adrián Elcuj Miranda y confirmado en enero del año siguiente por la Cámara de Apelaciones. El inicio de las acciones judiciales contra Chevron en el país, coincidió con la búsqueda de nuevos socios de YPF, tras su renacionalización parcial, enfocada sobre todo en la formación Vaca Muerta. Chevron apareció como la primera empresa dispuesta a asociarse con YPF para iniciar un plan piloto de explotación de shale oil a través de la cuestionada técnica del fracking. En marzo de 2013 George Kirkland, Vicepresidente de Chevron condicionó la firma, al señalar al diario Financial Times “no podemos seguir adelante con el acuerdo mientras esto esté pendiente porque embargarían el dinero que llevemos para gastar allí”. Al llegar el embargo a la Corte Suprema la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elaboró un dictamen que consideraba la medida cautelar como un riesgo “para la política energética y el desarrollo económico del país”. En estas circunstancias, y desconociendo la Convención Interamericana sobre el Cumplimiento de Medidas Cautelares, la Corte Suprema levantó el embargo contra Chevron. Tras el fallo del pasado martes, el CEO de Chevron, John Watson señaló que ahora esperaba “un rápido avance en la perforación de la zona de Vaca Muerta”. A través de un comunicado público, la Red Argentina de Solidaridad con los Afectados por Chevron en Ecuador criticó los dichos de Watson, considerando que “estas palabras demuestran que la inversión de Chevron en nuestro país siempre estuvo condicionada al proceso judicial en Ecuador”. Según la Red, que nuclea a más de una decena de organizaciones sociales, la empresa norteamericana busca una escalada judicial con el objetivo de “invisibilizar a las víctimas de la petrolera, que son las más de 30 mil personas que viven en el territorio contaminado”, añadiendo que Argentina tiene la obligación de cumplir con la sentencia emanada por el máximo tribunal ecuatoriano, de manera de permitir la remediación ambiental en el territorio amazónico afectado. Chevron intenta eludir la justicia ecuatoriana a través de tribunales de EEUU sin competencia Durante esta semana presenciamos, nuevamente, una inaceptable intromisión de Estados Unidos en cuestiones internas de un país latinoamericano. Es este caso se trata de un fallo de un juez federal estadounidense que pretende revocar una sentencia de la Justicia de Ecuador contra la petrolera Chevron. Según el magistrado neoyorkino Lewis Kaplan, los indígenas y campesinos ecuatorianos se aliaron con abogados y jueces para extorsionar a la empresa que contaminó más de 450 mil hectáreas en la Amazonía. Consideramos que es un absurdo jurídico que un tribunal de primera instancia del Estado de Nueva York, sin competencia en el caso, pretenda estar por encima de un fallo de la Corte Suprema de Ecuador, tratando de impedir que se haga justicia para los más de 30 mil afectados por las operaciones de Chevron-Texaco. A pesar de que la Unión de Afectados por Chevron ya señaló que el fraudulento fallo no detiene las acciones de cobro que las víctimas llevan en otros países, como Canadá, Brasil y Argentina, consideramos que este juicio es una prueba más de las tramas de intereses públicos y privados de los países del Norte para garantizar impunidad a las corporaciones transnacionales. A través de un juez que a lo largo de todo el proceso mostró prejuicios hacia la Justicia ecuatoriana, Chevron busca una victoria mediática, que no es más que una jugada desesperada por evadir una condena que fue confirmada en todas las instancias judiciales de Ecuador, incluida la Corte Suprema, que fijó un monto indemnizatorio de 9.5 mil millones de dólares por el desastre ambiental causado en la Amazonía. Poco después de conocido el fallo el CEO de Chevron, John Watson, declaró a la prensa argentina que ante este nuevo escenario esperan “un rápido avance en la perforación en la zona de Vaca Muerta (…) una de las áreas petroleras más promisorias del mundo” (Infobae, 04/03/2014). Estas palabras demuestran que la inversión de Chevron en nuestro país siempre estuvo condicionada al proceso judicial en Ecuador, para lo cual contaron con el apoyo de la Procuraduría General y la Corte Suprema de la Nación, que levantaron el embargo que pesaba sobre la empresa, vulnerando los tratados suscritos entre Argentina y Ecuador. Posteriormente Chevron ingresó a Vaca Muerta con el aval del Estado neuquino, el que violó el derecho a consulta previa, libre e informada a las comunidades mapuche que serán afectadas por la explotación de yacimientos no convencionales -como determina nuestra legislación- y en su lugar reprimió la movilización popular que se manifestó en contra de la firma del acuerdo. La escalada judicial que ha llevado adelante Chevron, amenazando con litigar “hasta que el infierno se congele”, busca invisibilizar a las víctimas de la petrolera, que son las más de 30 mil personas que viven en el territorio contaminado. Hacia esas personas se dirige nuestra solidaridad y nuestro apoyo como Red Argentina de Solidaridad con los Afectados por Chevron en Ecuador -espacio que reúne a más de una decena de organizaciones indígenas, sociales, ambientales y de DDHH- tras este nuevo atropello de Chevron, instrumentalizado por un tribunal que no tiene jurisdicción en Ecuador. Nuestro país tiene el deber de cumplir la sentencia dictada por la justicia ecuatoriana garantizando el derecho a la remediación ambiental de la Amazonía. Los firmantes seguiremos trabajando para evitar que en Argentina, Chevron repita el gravísimo desastre que dejó en el territorio de nuestros hermanos de Ecuador. Red Argentina de Solidaridad con los Afectados por Chevron en Ecuador Adhesiones: Multisectorial contra la Hidrofractura (Neuquén) FeTERA – Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos Asamblea Autoconvocados San Carlos (Mendoza) Aukan –Asamblea Ambiental del Sur (Bahía Blanca) Taller Ecologista (Rosario) Proyecto Sur Neuquén Corriente Nacional Emancipación Sur Proyecto Sur Bahia Blanca Proyecto Sur Pcia. de Buenos Aires Enviar adhesiones a: chevrontoxicoargentina@gmail.com Contacto prensa: Felipe Gutiérrez: +54 9 11 39032495
