Sevilla, España – 30/11/2008. La multinacional canadiense Inmet Mining continúa recibiendo varapalos judiciales contra sus proyectos mineros en todo el mundo. En Europa, Asia o América, el motivo es el mismo: no disponer de suficientes garantías medioambientales o, incluso, incumplir la ley. A la querella de la Fiscalía contra la mina de cobre Las Cruces, ubicada a 10 kilómetros de Aznalcóllar (Sevilla), se suman dos golpes recientes más en Turquía y Panamá. Las resoluciones llegan, además, cuando estos proyectos ni siquiera han comenzado a extraer el mineral.
Fuente: diario Público
En Turquía, un juzgado acaba de retirar la licencia de explotación a la mina Cerattepe, propiedad al 100% de Inmet Mining. La empresa asegura que recurrirá y revisará sus planes de desarrollo en función de la decisión del tribunal. Y ya es el segundo aviso al proyecto turco. El pasado marzo recibió otro revés judicial después de que varias ONG ecologistas pidieran también la cancelación de la licencia por incumplir las leyes medioambientales.
Sanción de 1,5 millones
En Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente ha ordenado este mes la suspensión de todos los proyectos en la región de Petaquilla, donde trabajan asociados Inmet Mining, Teck Cominco y Petaquilla Gold. Ésta ha sido multada con más de 1,5 millones de euros por no tener aprobado el estudio de impacto ambiental y por daños al ecosistema: erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y desmejoramiento de la calidad de las aguas.
“Los impactos ambientales son progresivos y se incrementarán si continúan las operaciones sin las autorizaciones requeridas”, dice la resolución judicial, según la prensa panameña. La batalla viene de lejos: la Autoridad Nacional del Ambiente inició la investigación en 2005 porque la empresa había comenzado la obra sin el estudio obligatorio.
Las organizaciones contrarias a estos proyectos consideran, no obstante, que la sanción es ridícula. “El cálculo se ha basado en un área muy restringida y no contempla toda la zona afectada ni las comunidades expuestas a inundaciones debido a derrumbes, extracciones, explosiones y desviaciones de ríos que ha realizado la minera”, denuncian la Coordinadora Campesina por la Vida, el Servicio de Paz y Justicia en Panamá y el Comité Pro Cierre de la Mina Petaquilla. Las organizaciones exigen el cierre definitivo de todos los proyectos en la zona y una indemnización al Estado.
Mientras, en España, el proyecto de cobre Las Cruces, participado al 70% por Inmet Mining, está siendo investigado por el juzgado de instrucción 19 de Sevilla tras la querella presentada por la Fiscalía, a raíz de las denuncias de Ecologistas en Acción, por supuestos delitos contra el medio ambiente y de daños al dominio público, valorados en al menos 322.381 euros. Las construcciones ilegales de balsas y el desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección han causado, según la Fiscalía, “una grave alteración del curso de las aguas, con la (…) puesta en peligro de las personas y el entorno (…), y ha resultado afectado por arsénico un acuífero del que se abastece la población”.
La empresa, no obstante, acaba de recibir un balón de oxígeno al obtener autorización judicial para los trabajos de drenaje e inyección, que ya fueron aprobados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por seguridad tras haberle abierto un expediente por el sistema. La Junta, además, paralizó los trabajos en la corta. La empresa aseguró a Público que está “satisfecha” con el auto, pero mantiene cautela a la espera de la decisión de la CHG, que está revisando el plan corrector. Según Ecologistas en Acción, la propia corrección del sistema demuestra que se podía haber evitado la contaminación desde el principio.
“Iniciar nuestra producción en Las Cruces es nuestra máxima prioridad”, dijo el mes pasado el presidente de la multinacional, Jochen Tilk, durante la presentación de resultados. El retraso en Las Cruces ha obligado a reducir sus expectativas de producción. Y sus ganancias se redujeron un 35% en el tercer trimestre.
