Catamarca, Argentina – 28/11/08. Breve crónica del escrache al Consejo Consultivo Minero. Advertidos por los Vecinos Autoconvocados por la Vida de Andalgalá, nos enteramos de una reunión del Consejo Consultivo Minero, preparada en el más completo sigilo y con el hermetismo característico de las actividades mafiosas. El tema a considerar en dicha reunión sería nada menos que la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación de Agua Rica, el emprendimiento minero más polémico y de más graves consecuencias ambientales que se cierne como amenaza existencial sobre la población de Andalgalá y los pueblos aledaños.
Por Asamblea Socioambiental Catamarca, Kusikausay
Muy a pesar de las intenciones de las autoridades mineras de la provincia, compañeros de nuestra Asamblea Socioambiental Catamarca fuimos a inscribirnos y a solicitar formalmente participar de dichas sesiones. La primera respuesta obtenida de parte del director provincial de minería, Ing. Molina, fue la asombrada pregunta: “Y ustedes, cómo se enteraron?”. Luego de lo cual, debió admitir que no nos sería permitido ingresar: se trataba de “una reunión a puertas cerradas” y, como lo comprobamos esa misma tarde, con una férrea custodia policial, como ya es un habitual en el ‘decorado’ de los escenarios mineros, no se nos permitió ingresar bajo ninguna circunstancia.
Jocosamente, la empleada que ‘administraba los ingresos’ en la puerta nos dijo inicialmente que debíamos habernos inscripto antes. Cuando le mostramos la nota solicitando la inscripción, nos señaló que de todas maneras no podíamos ingresar, ya que “sólo entraban quienes habían sido ‘invitados’” por las autoridades de la secretaría de minería. Así funcionan las cosas en esta provincia, esquilmada por la instauración de lo que un compañero de nuestra asamblea caracterizó como la dictadura mineral.
Ante tales circunstancias, sin pretender prestarnos a los juegos de violencia que desde el poder se construyen en estos casos para invertir los roles entre agresores y agredidos, nos limitamos a ejercer una entusiasta y colorida manifestación de protesta en la entrada de las oficinas de Minería, acompañados por jóvenes militantes del Polo Obrero que, sin banderas partidarias, participaron del escrache. Como es habitual en nuestros ‘actos terroristas’, las principales ‘armas de destrucción masiva’ que en este caso empleamos fueron nuestros propios cuerpos, nuestras gargantas con sus cánticos y nuestras manos y brazos para unirnos y desplegar lo que sentimos como un acto de dignidad. En el momento, y por el lapso de una hora, cortamos la calle céntrica de la ciudad, y aprovechamos para informar a transeúntes y automovilistas los motivos del corte, recibiendo en algunos casos, muestras de apoyo, en otros, los menos, algunos insultos e incomprensión por los inconvenientes ocasionados.
Ahora bien, más allá de este tipo de grave y lamentablemente reiterado hecho de cercenamiento de la participación y de acceso a la información, lo más perverso del caso reside en los ‘motivos’ por los cuales las ‘autoridades’ de la dictadura mineral cuidaron con tanto celo la exclusividad del ingreso a la sesión del consejo minero a los partícipes del entramado público-privado del gran negociado minero; es que las particulares condiciones geográficas y ambientales del emplazamiento de la mina Agua Rica hacen del proyecto un emprendimiento particularmente peligroso para el hábitar y las condiciones de vida de las poblaciones andalgalenses.
Qué tienen que ocultar? A qué tipo de debates le temen tanto?
El proyecto Agua Rica, como todos los mega-emprendimientos a cielo abierto, implica un obsceno derroche de agua y energía, elementos y recursos vitales, por estos tiempos críticamente escasos para nuestra población provincial. El proyecto requiere la disposición de una planta proveedora de energía eléctrica de 130 MegaWatios e insumirá, de acuerdo al propio estudio de impacto ambiental, 33.696.000 litros de agua por día, en una región en la que anualmente sólo llueven entre 150 y 300 milímetros. Proyecta además consumir 5.600.000 litros de gasoil por mes, volar 90.000 toneladas de montaña por día, para lo cual estima emplear alrededor de 100.000 kgrs. diarios de explosivos (ANFO).
Por si éstas no fueran razones suficientes para desestimar este tipo de explotaciones, cuyo único impulso proviene de las exorbitantes ganancias que estos emprendimientos reportan a las transnacionales que las operan y en los ingresos fiscales que alimentan la cooptación clientelar en la que se funda la dinámica política de la dictadura mineral, el proyecto Agua Rica está emplazado en las nacientes mismas de la cuenca hídrica más importante del departamento Andalgalá y que abastece del vital elemento a la inmensa mayoría de su población, tanto en sus necesidades de consumo humano como en otros usos socioeconómicos y ambientales. La explotación del yacimiento implica intervenir la cuenca, captar cauces de ríos enteros en sus nacientes y provocar desvíos de sus cursos naturales. Esto no sólo implica afectar la cantidad de agua disponible, sino fundamentalmente su calidad, ya que tales cursos de agua quedarán expuestos al drenaje ácido de mina (DAM).
Asimismo, las características de la formación geológica del cerro hacen que se incrementen las probabilidades de grandes derrumbes y avalanchas de efectos impredecibles para el ambiente y las poblaciones aledañas, agravadas por los emplazamientos proyectados de las escombreras. Distante a no más de 37 km. de la localidad de Andalgalá, esta explotación, de realizarse, implicará una verdadera espada de Damocles sobre el pueblo andalgalense. Otro aspecto grave a destacar es la localización proyectada de las colas, previstas en el propio Campo del Arenal, reservorio de aguas fósiles que, de tal modo, también sufriría el impacto del drenaje ácido de mina (DAM) proveniente del depósito de las colas.
Siendo éstos los impactos manifiestos emergentes de la propia lectura del Estudio de Impacto Ambiental presentada por la empresa, quedan todavía una serie grave de omisiones a las que dicho estudio no hace referencia y que son de crucial importancia para dimensionar la envergadura del daño socioambiental que el proyecto implica. Entre estos aspectos, cabe señalar que, como lo ha puesto de manifiesto un estudio de la Universidad Nacional de Tucumán, realizado por consultores no ajenos a este tipo de explotaciones y contratados por la propia Municipalidad de Andalgalá con el interés manifiesto de presionar para acelerar la ‘aprobación’ del proyecto, el E.I.A. de Agua Rica tiene serias deficiencias en las líneas de base de la biodiversidad, la flora y la fauna local; carece de una evaluación seria del patrimonio arqueológico comprometido por el proyecto; y decisivamente, no tiene absolutamente una línea de base del estado de salud de la población, un estudio epidemiológico y de morbi-mortalidad y sus principales etiologías existentes antes del momento de inicio del proyecto.
Todas estas falencias del E.I.A. en conjunto generan una suerte de ‘zona liberada’ para la explotación minera, ya que, sin estas referencias se procura diluir de antemano las posibilidades futuras de determinar judicialmente las responsabilidades de los ‘ejecutores privados’ y los ‘autorizadores públicos’ de una crónica anunciada de uno de los más flagrantes casos de destrucción socioambiental por parte de la minería a gran escala.
Intentar aprobar, pese a todas estas consideraciones, el proyecto de explotación de Agua Rica constituye una manifiesta irresponsabilidad pública. La completa carencia de argumentos razonables para desmentir la inviabilidad técnica de este proyecto, constituye, en suma, el motivo de fondo por el cual, el ‘tratamiento’ y ‘evaluación seria y responsable’ de este proyecto requiere hacerse estrictamente ‘a puertas cerradas’, en el más siniestro sigilo de las prácticas gubernamentales de la dictadura mineral ‘que supimos conseguir’.
Dejar fuera del debate a quienes nos oponemos con capacidad contra-argumentativa a este pornográfico proceso de expropiación ambiental, e ‘invitar’ sólo a los partícipes del gran negociado-minero-para-pocos-a-costa-del-futuro-de-tod@s, es la forma grotesca que, en estos burdos escenarios políticos, asume el montaje de simulacros de participación y consenso para ‘lavar la imagen’ de las grandes operaciones extractivas sobre nuestros territorios.
El Consejo Consultivo Minero: simulacro de participación y ‘consenso’
Un poco de memoria ayuda en esta historia a reconstruir el objeto y rol para el que ha sido creado este organismo de pseudos-participación y consulta. Fue creado en el mes de septiembre de 2007, justo después que las sesiones de la Mesa de Diálogo sobre Minería convocada por el entonces Obispo de Catamarca, Elmer Miani, pusieran al desnudo tanto las gravísimas consecuencias de la explotación minera a gran escala sobre los entornos naturales, las economías locales y la salud de las poblaciones, como la complicidad de los sucesivos gobiernos de la provincia para con la viabilización del negociado minero y el ocultamiento y negación de sus efectos más perversos.
En un documento emitido por el Obispado de Catamarca como una primera conclusión preliminar de tales sesiones, señala: “el estado provincial no estuvo preparado para asimilar el desafío de evaluar y controlar el impacto ambiental, más bien adoptó una actitud pasiva… Prevaleció una política de favorecer la radicación de las inversiones, sin dar mayor participación a la comunidad”. Ante las cada vez más pronunciadas ausencias de las autoridades de gobierno a las citas de la Mesa de Diálogo, uno de sus organizadores, el entonces Vicario General de la Diócesis, Moisés Pachado, declaró ante la prensa “el Gobierno no da el brazo a torcer al no abrirse al diálogo y la reflexión sobre la problemática ambiental… Es notable que el gobierno de la Provincia está entregado a los intereses multinacionales”.
Tales declaraciones, poniendo en blanco sobre negro lo que era y es a todas luces evidente, llevaron a la definitiva ruptura del Gobierno con las autoridades eclesiásticas de entonces y motivaron la creación de un espacio propio, el Consejo Consultivo Minero. Éste, de acuerdo a la Secretaría de Minería tendría el objetivo de “canalizar las opiniones e iniciativas que, en el marco de la legislación vigente, promuevan diferentes sectores representativos de la sociedad catamarqueña” en relación a la actividad minera. Por si hiciera falta, desde sus inicios la constitución de dicho Consejo ponía bien claros los límites del debate: la ‘legislación vigente’, que para los intereses del negociado minero deben considerarse ‘precepto sagrado’. Igualmente, las voces críticas fueron completamente esterilizadas desde la convocatoria: se dio lugar a que lo integraran la Cámara de empresarios mineros, el departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad Nacional de Catamarca, el Colegio de ingenieros en minas, el Consejo Profesional de Geología, e intendentes, diputados y senadores de ‘áreas mineras’. En el decreto de constitución menciona también la invitación a participar a organizaciones no gubernamentales, pero hasta la fecha no se nos ha informado qué entidades civiles participan del mismo, si es que alguna de ellas la integra.
Creado indisimuladamente como un espacio de y para el simulacro, su funcionamiento comenzó con un escrache inaugural realizado por integrantes de diferentes asambleas socioambientales del Noroeste, ocasionales participantes de las Primeras Jornadas de Conflictos Socioambientales, realizadas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. De su creación hasta la fecha, el carácter espectral y siniestro de este Consejo se ha ido confirmando, sin conocerse su composición definitiva, la frecuencia de sus sesiones y las temáticas y resoluciones adoptadas. Éstas, como muchas otras, parecen formar parte de los secretos de estado de la dictadura mineral.
Sobre la participación de entidades civiles, vale la pena señalar acá una ‘perlita’: la ampliamente conocida por sus ‘servicios’ de actividades de ‘lavado verde’ de imagen de las empresas mineras, la Asociación civil Los Algarrobos, tiene como sede real y domicilio legal en Catamarca, las propias dependencias de la Secretaría de Minería de la Provincia, Sarmiento 982, un hecho que pone de manifiesto hasta qué punto llega la connivencia e impunidad con que se manejan estos entramados público-privados de los grandes negociados mineros. Probablemente, sea esta ONG una de las integrantes del Consejo Consultivo Minero; méritos para ‘ser incluida’ ha hecho suficientes.
El Consejo Consultivo Minero ‘jugando a las escondidas’
Contrariando la declamada propaganda oficial de transparencia y ‘libre acceso a la información’, en la tarde de ayer tuvo lugar una hermética sesión del denominado Consejo Consultivo Minero, órgano misterioso si los hay, ya que ni siquiera su integración se nos ha ‘concedido’ saber.
Sin convocatoria pública previa, deliberadamente organizado ‘a puertas cerradas’ según las propias palabras del director de Minería, un grupo de ciudadanas y ciudadanos interesados en informarnos, participar y debatir sobre los proyectos ‘megamineros’ en nuestro territorio, fuimos excluidos del convite, negándosenos el acceso a dicha reunión, sin explicación ni fundamento alguno. Pese a presentaciones de notas formales y solicitudes personales, ni siquiera logramos ser atendidos por funcionario alguno, en tanto la persona que obró de interlocutora en el momento se negó a informarnos quién era ni qué funciones desempeñaba.
Si se hubiera tratado de un espacio privado donde sus ‘dueños’ ejercen el aún discutible ‘derecho de admisión’, sería todavía aceptable, pero la gravedad del hecho reside en que se trata de un espacio público, de organismos públicos en el ejercicio de sus funciones. En ese marco, el acceso a la información es, en realidad, un deber de los funcionarios, empleados, a decir verdad, de un estado de derecho que asume en su Constitución la forma republicana de gobierno.
Pero como ya lo señaló el Dip. Nacional Miguel Bonasso respecto del veto a la Ley de Protección de Glaciares, en las ‘provincias mineras’ (léase cooptadas neocolonialmente por los poderosos intereses de las grandes corporaciones transnacionales del sector y sus subordinados asociados locales) el ‘federalismo’ parece confundirse con el ‘feudalismo’: el ejercicio de un poder autocrático sobre el territorio concebido en términos patrimonialistas. Y precisamente con esto tiene que ver lo más grave –la cuestión de fondo- de los acontecimientos de ayer, ya que en dicha sesión el Consejo Consultivo Minero, suponemos, iba a abordar el tratamiento del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Agua Rica y los diferentes estudios realizados sobre el mismo.
Como debería ser de conocimiento público, dicho proyecto tiene insalvables deficiencias técnicas que lo hacen inviable, según consta en diversos estudios –aún de consultores vinculados a la actividad minera-; el impacto destructivo sobre el ambiente local y sus afectaciones a la población hacen injustificable bajo todo respecto su aprobación.
Entre los aspectos más graves, cabe mencionar la intervención destructiva sobre las nacientes de la cuenca hídrica que abastece a toda la localidad de Andalgalá y otras aledañas, sin la evaluación precisa de cómo impactará en los balances hídricos de la región y con innegables afectaciones sobre la cantidad y la calidad del agua disponible para consumo humano y otros usos socioeconómicos; los enormes riesgos que implica el proyecto desde el punto de vista geológico, agravados por la pretendida ubicación de las escombreras y el dique de colas, aspectos todos destacados por un estudio contratado por la propia Municipalidad de Andalgalá a la Universidad Nacional de Tucumán; y las deficiencias en las líneas de base sobre la biodiversidad, flora y la fauna local, y el patrimonio arqueológico de la zona; y, decisivamente, la inexistencia de una línea de base la salud de la población incluida en la zona de impacto del proyecto.
Todas estas falencias en conjunto provocan una suerte de ‘zona liberada’ para la explotación de la minera, ya que sin precisiones sobre estas referencias no sólo no es posible calcular los riesgos socioambientales que implica el proyecto, sino que además se diluyen las posibilidades de determinar judicialmente las responsabilidades de los ejecutores privados y los ‘autorizadores’ públicos ante la posterior emergencia de casos de afectaciones graves en la biodiversidad y la sustentabilidad ecológica de la región y de su población local.
Omitir todas las implicaciones destructivas y los inconmensurables efectos negativos que implica el proyecto para aprobarlo ‘a como dé lugar’ –tal como lo atestiguan las fuertes presiones manifestadas en los últimos días-, constituye una inaceptable irresponsabilidad pública, y el conjunto de la ciudadanía que habitamos este territorio no deberíamos permitirlo.
Hacer una reunión a puertas cerradas, con la participación exclusiva y excluyente del minoritario puñado de representantes público-privado de los grandes intereses mineros resulta, ni más ni menos, un grotesco artilugio pseudoparticipativo al que nos pretenden ‘acostumbrar’ los ‘constructores de consensos’ en contextos neocoloniales, a fin de ‘jugar el juego’ de la ‘transparencia’. De nuestras acciones como ciudadanas y ciudadanos depende que nos dejemos involucrar pasivamente en los ‘juegos’ de la desposesión en marcha, o bien que, con sentido de dignidad, asumamos activa y responsablemente la defensa de los bienes comunes de nuestro ambiente.
