Más de un centenar de personas protestaron hoy en Brisbane, capital del estado de Queensland, contra el proyecto minero Carmichael, de la firma india Adani y que será la mayor mina de carbón de Australia, según medios locales. “Arrecifes, no carbón” corearon los manifestantes que se congregaron frente al Parlamento del estado, en el noreste del país, durante la protesta que pretende proteger la Gran Barrera de Coral del impacto del desarrollo de esa mina.
Fuente: EFE
El gobierno de Queensland anunció el domingo que allanó la principal barrera normativa al aprobar las concesiones para la mina Carmichael en la cuenca Galilee y la terminal minera en Abbot Point, situadas cerca de la Gran Barrera, que es Patrimonio de la Humanidad y que sufre actualmente los efectos del blanqueo de sus corales.
Los manifestantes insistieron en que la lucha contra este proyecto valorado en unos 16.565 millones de dólares (14.544 millones de euros) no ha terminado ya que aún quedan pendientes dos procesos judiciales contra el proyecto presentados por ecologistas y los dueños tradicionales (indígenas), según la agencia local AAP.
Andrew Bartlett, exlíder del Partido Demócrata Australiano, comentó que la mina de Adani, que decidirá su desarrollo en función a las decisiones de esos procesos judiciales, supondrá la exportación de 60 millones de toneladas de carbón anuales hacia los mercados asiáticos.
Bartlett expresó a los manifestantes que la decisión del gobierno de Queensland es “una estupidez económica” y una “insensatez ecológica”, tras cuestionar los motivos que “justifiquen soltar la mayor bomba de carbón en el planeta en una atmósfera ya recalentada”, según citó la AAP.
Ellen Roberts, representante de la ONG GetUp, desestimó los beneficios económicos derivados del proyecto al considerar que la creación de empleos “ha sido exagerada, ya que sabemos que ellos siguen diciendo que serán 10.000 o 5.000 (empleos), pero sabemos que es menos y eso ha sido dicho en los tribunales”.
El Ministerio del Ambiente de Australia aprobó en octubre pasado la construcción de esta mina, con una serie de condiciones, después de que un tribunal del país anulara en agosto pasado el visto bueno que ya le había dado el Gobierno de Camberra al proyecto por no haber contemplado su impacto ambiental.