La larga lista de casos jurídicos que presenta el artículo precedente ilustra lo difícil que es obtener un fallo en contra de las empresas mineras en Canadá, aun cuando existe grandes evidencias de abusos en materia de violación de derechos humanos o de contaminación.
Por William Sacher
18/02/2012. Cuando una empresa minera canadiense comete algún atropello fuera del territorio canadiense, es sumamente complicado para los afectados iniciar un proceso legal y peor aún, obtener una sentencia a su favor, por el hecho de que no existe un marco legal que permita el alcance extraterritorial de las leyes canadienses (salvo en casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad). En este aspecto, Canadá se distingue notablemente de Estados Unidos, donde existe una herramienta como el Alien Tort Claims Act, el cual ha permitido emitir fallos en contra de varias empresas multinacionales del sector extractivo (y otros) por abusos cometidos fuera del territorio estadounidense.
Este aspecto es clave para entender la posición de líder de la industria minera que ocupa actualmente el Canadá y la importancia de la Bolsa de Valores de Toronto para este sector. Además del incondicional apoyo político, económico, diplomático y moral que las autoridades canadienses brindan a las empresas mineras que se registran en su territorio, y del carácter sumamente permisivo de las reglas de la Bolsa de Toronto (las cuales, por ser muy ambiguas, favorecen la especulación con los títulos mineros), Ottawa ofrece a sus multinacionales lo que conviene llamar unParaíso Judicial, -de la misma manera que existen, en otras partes del mundo, paraísos fiscales o bancarios-. Los capitales mineros fluyen del mundo entero para registrarse en Toronto sabiendo que pueden explotar de manera intensiva las vetas de América Latina, de África o de Indonesia, provocando grandes externalidades, sin que la justicia canadiense intervenga en su contra.
El estatus de “Suiza” para el sector extractivo explica que más de 1.500 empresas mineras se encuentren registradas en los mercados financieros canadienses y que la mitad de los proyectos mineros financiados en Toronto se encuentren fuera de Canadá. Alrededor del mundo, la lista de acusaciones de abusos en contra de la mineras inscritas en Canadá es sumamente larga: corrupción, evasión fiscal, expropiación violenta a poblaciones o mineros artesanales asentados en yacimientos mineros, destrucción a gran escala de ecosistemas, afectación al territorio, impactos en la salud y la forma de vida de pueblos indígenas, violaciones, complicidad de asesinatos de líderes de oposición a la minería, colusión con jefes de guerra culpables de grandes masacres, etc. Dada la impunidad de hecho que ofrece el paraíso judicial, es muy probable que esta lista siga alargándose.
La cuestión es muy delicada y toca los intereses de un lobby muy poderoso, al cual está sujeto casi toda la clase política del país, empezando por el partido conservador, el cual detenta la mayoría en el parlamento desde las elecciones de mayo de 2011. Cualquier medida que afecte al clima de inversión privilegiado que ofrece Canadá a los mineros será ferozmente atacado por el sector.
Lastimosamente, es muy poco probable que se implementen medidas que permitan a comunidades, trabajadores, o mineros artesanales acudir con éxito a tribunales canadienses sin una presión fuerte de la sociedad canadiense. Ésta tiene que estar dispuesta a cuestionar la reputación de su país, a menudo erróneamente elogiado por su imagen internacional de cuidador del medio ambiente y de la paz, y a aceptar que Canadá es un protagonista principal de la gran empresa colonialista del siglo XXI.
Desde el Sur, es preciso tomar en cuenta estas dinámicas cuando se plantea la posibilidad de seguir juicio en territorio canadiense a una empresa minera. Las comunidades que optan por esta estrategia corren el riesgo de ver sus luchas enajenadas por un sistema judicial autista a la realidad latinoamericana. Conviene añadir que las mineras y sus abogados son campeones en el manejo del lenguaje jurídico, mientras que muchos jueces se muestran renuentes a emitir decisiones que afecten la salud económica del sector.
Coordinación de la serie Los perversos versos de la minería: Carlos Zorrilla, William Sacher, Pocho Alvarez, Alberto Acosta
Responsabilidad de los textos: cada autor o autora
