Los mineros de Texas intentan aplicar presión en el EPA, que tiene una responsabilidad de supervisión en virtud de la Ley Federal de Agua Potable Segura. Bajo esta ley de  protección del agua potable, los acuíferos que puedan ser dañados por la minería de uranio ebe ser específicamente exento de esa minería por la EPA después de un análisis científico y una acción administrativa formal.

La prioridad de la política es proteger las aguas subterráneas que utilizan las personas para fines de agua potable.

Al hacer este ataque público contra la EPA, la asociación minera ha puesto en marcha el mismo «lobby de partidos políticos» de la que proclama ser la víctima y no el victimario.

Más importante aún, la condena de la asociación minera sobre los estudios calificados de los científicos de la EPA destinados a garantizar la protección de los ciudadanos de condado de Goliad, es una actitud irresponsable de esa asociación.

La ley actual requiere que, antes de obtener la aprobación para contaminar el acuífero, el solicitante debe pedir un permiso minero y demostrar que el acuífero «no se usa en la actualidad como una fuente de agua potable.

De conformidad con este requisito, la EPA ha solicitado la modelación de aguas subterráneas para demostrar que los 50 pozos de agua cercanas, no se
verán amenazadas por la contaminación del acuífero donde se propone la extracción de uranio.

A su vez, el tema gira en torno a si el acuífero está conectado directamente al movimiento de las aguas subterráneas y la distancia de la actividad minera de estos pozos de agua adyacentes no los perjudicara. Entre otras cosas, requiere modelos de computadora del acuífero.