“Prosperidad canadiense”, decadencia mundial. Lejos de la imagen apacible que Canadá construye de sí misma, en Toronto, una de las principales ciudades del país, se concentran los más turbios negocios de la minería mundial. Mientras que el gobierno brinda seguridad jurídica y diplomática para resguardar a las empresas, el mercado especulativo aporta las herramientas financieras para su desarrollo.
por Alain Deneault y William Sacher* publicado en Le Monde Diplomatique
“En general, dentro de la industria minera, los capitales de riesgo vienen de Canadá”, lanza, con tono de certeza, el ingeniero belga René Nollevaux, administrador de una mina de cobre en la provincia congolesa de Katanga (1). De hecho, el 75% de las compañías mineras del mundo elige ese país para registrarse y el 60% de las que emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock Exchange (TSX), donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220.000 millones de dólares canadienses al financiamiento mediante acciones en el sector minero –más de un tercio del total mundial–, lo cual ubica a Toronto muy por delante de su competidor directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90% de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron administradas por el TSX (2).
Esta proeza, que el gobierno federal presenta como un “motor de la prosperidad canadiense” (3), perjudica la imagen complaciente que el país se esfuerza por dar de sí mismo desde hace décadas: la de una aldea apacible que trabaja por el bien de la humanidad. En todo el mundo, las comisiones parlamentarias, cortes de justicia, paneles de especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), observadores independientes y aguerridos periodistas se desviven por denunciar los abusos, cuando no los crímenes, cometidos o apoyados por las compañías mineras instaladas en Canadá. Corrupción, evasión fiscal, saqueo institucionalizado, contaminación masiva, ataques a la salud pública, expropiaciones violentas, muerte de manifestantes, complicidad en la violación y asesinato de opositores a los proyectos mineros, pleitos estratégicos, criminalización de la protesta política, tráfico de armas, etc.: la lista es interminable.
Canadá recibe a la industria minera con los brazos abiertos. Y lo que es mejor: amolda su regulación y régimen impositivo de modo de favorecer su financiamiento y protegerla en los planos judicial y diplomático. Es así como australianos, israelíes, suecos, pero también belgas, estadounidenses, etc., terminan registrando allí sus empresas de exploración o explotación. No solamente para aprovechar las riquezas naturales del país, sino también para explotar las que adquirieron en Ecuador, Chile, Zambia, Burkina Faso, Indonesia o Rumania. Cerca de la mitad de los proyectos mine- ros que cotizan en el TSX se encuentran fuera de Canadá y muchas empresas inscriptas en Toronto no poseen ninguna concesión en el país.
Pequeño tamaño, enorme poder
Lo que atrae tanto a las empresas mineras es sobre todo la facilidad con la que una empresa puede cotizar en Bolsa y poner en valor yacimientos potenciales. Una muy amplia mayoría de las mil seiscientas sociedades mineras de Toronto son juniors, es decir, empresas que se dedican exclusivamente a la exploración e identificación de nuevos yacimientos. A menudo de pequeño tamaño, no poseen los recursos financieros, técnicos, humanos y políticos necesarios para explotar minas industriales. Por lo tanto, sacan sus ganancias de la especulación bursátil en torno a sus yacimientos potenciales.
En los países del Sur, las juniors se beneficiaron con las reformas impulsadas por el Banco Mundial en las décadas de 1980 y 1990, que implementaron el sistema del libre servicio minero (o free mining), que garantiza a las empresas el acceso irrestricto a los subsuelos. Cuando, después de una ardua labor de prospección o, más frecuentemente, gracias a la compra de información a agentes locales, una junior descubre un yacimiento rentable, casi siempre termina vendiéndoselo a una major, una empresa de explotación, y cediéndole un proyecto “listo para desarrollar”, luego de una jugosa operación bursátil. Esta práctica ha sido incorporada a nivel mundial, al punto de que empresas estatales chinas, al igual que las majors occidentales, actualmente compran juniors torontesas en América Latina y África.
Desde que a mediados del siglo XIX comenzó la actividad en torno a títulos mineros canadienses, Toronto ha sido escenario de numerosos fraudes y escándalos vinculados con empresas juniors. En la década de 1960, algunos rumores infundados sobre un descubrimiento de cobre, plata y zinc provocaron una corrida para comprar títulos de la empresa Windfall, que puso a la Bolsa patas para arriba. En la década de 1990, Bre-X, una empresa de exploración de Toronto, espolvoreó con oro sus muestras de rocas para simular que provenían de un yacimiento de gran calidad… Los responsa bles de estas estafas nunca fueron condenados por la justicia canadiense.
La economía-casino
Así, Toronto es para estas empresas un verdadero templo del capital de riesgo (léase de la economía-casino). La exploración minera es una actividad especulativa por definición: nunca se sabe exactamente lo que esconde el subsuelo hasta que no se cava una mina. Por lo general, los especialistas del sector consideran que las chances de éxito de un proyecto de exploración son de una entre quinientas o mil. Un éxito que depende de la geología del terreno, de su accesibilidad, pero también de las fluctuaciones de las cotizaciones mundiales, de los avances tecnológicos, e incluso del clima político local. Comprar partes de una junior equivale a apostar a un número de ruleta.
Hace poco los franceses lo aprendieron a sus propias expensas. La empresa pública Areva compró en 2007 la torontesa UraMin… para descubrir que los yacimientos prometidos por la junior eran mucho más difíciles de explotar de lo previsto y que en su mayor parte había sido sobrevaluada en un 20%. Todo ello en un contexto en el que la cotización de uranio estaba en baja. Es difícil saber exactamente cuánto le habrá costado este error de cálculo al contribuyente francés. Lo que sí se sabe es que la adquisición de UraMin por 1.800 millones de euros obligó a Areva a realizar en 2010 una depreciación de activos de 426 millones de euros.
Si es fácil especular con los títulos mine- ros en el TSX, es porque el mercado bursátil torontés siempre permitió que las empresas cultivaran la ambigüedad respecto de la viabilidad real de los yacimientos potenciales. Por ejemplo: se puede hacer malabares entre las nociones de “reservas” y “recursos”, aunque la primera sea un cálculo circunstanciado y preciso del potencial de un yacimiento y la segunda un cálculo burdo, esencialmente basado en extrapolaciones de datos geológicos.
La normativa, particularmente ambigua, favorece la conquista de nuevos espacios de explotación minera, en un contexto donde el aumento de poder de los países emergentes hizo explotar la demanda de recursos minerales (por ejemplo, en los últimos veinte años China multiplicó su consumo por diecisiete). Sucede que las juniors invierten más en campañas de marketing para captar eventuales inversores, que en la búsqueda de nuevos ya- cimientos: un procedimiento que abre la puerta a las ya mencionadas estafas.
Otra ventaja para las empresas mineras: las autoridades canadienses, tanto federales como provinciales, animan a los pequeños ahorristas a invertir en el sector mediante políticas fiscales hechas a medida. Las “acciones acreditivas”, que permiten que los detentores de títulos mineros se beneficien con nichos fiscales excepcionales, constituyeron la punta de lanza de la promoción, por parte del gobierno, del sector de la exploración. Los fondos de pensión, las aseguradoras, los bancoses decir, las instituciones a las que los ahorristas canadienses confían sus tenencias– y los particulares, apoyados por el gobierno, invierten masiva- mente en las actividades mineras, y aportan los capitales que permiten financiar proyectos de exploración y explotación en todo el mundo. En África hay alrededor de 185 empresas torontesas activas, 286 en América Latina, 315 en Europa y 1.275 en Estados Unidos (4).
También la diplomacia y las diversas agencias de cooperación multiplican los servicios brindados a la industria minera. No ahorran esfuerzos en presionar a las autoridades de los países donde actúan las sociedades torontesas para que participen –recurriendo a la violencia si es necesario– en las expropiaciones necesarias. También las animan a crear códigos mineros a medida, a ordenar el territorio conforme a sus intereses, a darles acceso a los recursos energéticos e hídricos, como así también a las redes de transportes. Si bien es difícil medir con precisión esta influencia, algunos ejemplos son muy elocuentes. De este modo, la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional financió la reforma del código minero en Perú y Colombia, como así también una gran represa en Mali, que alimenta de energía las explotaciones mineras del oeste del país…
Por último, Canadá también es un paraíso judicial para la industria. Si bien según las reglas de la Bolsa de Toronto las empresas mineras deben divulgar públicamente toda información relativa a la inestabilidad política y a los desafíos ambientales que provocan… esto solamente es así si los hechos pueden afectar el valor de su acción.
De manera más significativa, las posibilidades de que se haga justicia en los tribunales canadienses frente a los numerosos abusos de las empresas mineras son reducidas, lo cual provoca el enojo de varias organizaciones internacionales. El Oxford Pro Bono Publico se asombra de las dificultades que encuentran los ciudadanos que quieren investigar civilmente a empresas canadienses fuera de las fronteras nacionales (5). Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC- DE) reprocha al gobierno canadiense que no sancione –como se había comprometido– a las empresas instaladas en Toronto que fueron halladas culpables de corrupción política en el extranjero.
Expertos de la ONU incluso intiman a Canadá a investigar a las empresas que contravinieron las directivas de la OCDE en materia ética: “Las directivas de la OC- DE ofrecen […] un mecanismo que permite alertar a los gobiernos de los países de origen, es decir, los países donde están registradas dichas empresas, sobre las violaciones, por parte de éstas, de sus directivas. Cuando los gobiernos que tienen jurisdicción sobre ellas no toman las medidas correctivas necesarias, se vuelven culpables de complicidad”, escriben sin equívoco los observadores de la ONU (6). Como respuesta, el gobierno conservador de Stephen Harper (7) emitió en mar- zo de 2009 una directiva titulada “Reforzar la ventaja canadiense” que prevé la puesta a disposición de un “consejero de ética” privado de todo poder…
Encubrimientos
Dentro de la organización de esta industria, las juniors sirven para despejar el terreno, no solamente en sentido propio, si- no también en el plano político y económico. Verdaderos “peces-pilotos”, estas pequeñas empresas son las primeras en esquivar las resistencias que pueden provocar la presencia y la actividad de empresas mineras. De este modo, la legislación canadiense las protege de eventuales investigaciones. Pero también ofrece un remanso al sector de la explotación y a sus majors: les permite responder a la tendencia al gigantismo minero e ignorar impunemente las pesadas consecuencias socioambientales y sanitarias que este gigantismo implica.
En efecto, las megaexplotaciones a cielo abierto producen desechos tóxicos masivos, con lo que pueden deteriorar regiones por siglos. Pero los inversores de la Bolsa de Toronto nunca son informados de estas consecuencias, pues sus reglas garantizan el silencio sobre el tema. Y cuando los ciudadanos, a fuerza de luchas encarnizadas, logran visibilizar estos hechos en los medios internacionales, los gigantes mineros pueden quedarse tranquilos de que los tribunales canadienses nunca harán lugar a las eventuales investigaciones judiciales que se intenten contra ellos.
1. Cita tomada de la película de Thierry Michel Katanga Business (Les Films de la passerelle, Bélgica, 2009).
2. “A Capital Opportunity-Mining”, Toronto Stock Exchange, 2012, www.tmx.com.
3. “Renforcer l’avantage canadien: stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger”, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Ottawa, marzo de 2009, www.international.gc.ca.
4. Ibid.
5. “Obstacle to justice and redress for victims of corporate human rights abuses”, Oxford Pro Bono Publico, Universidad de Oxford, 3-11-08.
6. “Rapport final du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo”, Organización de las Naciones Unidas, 16-10-02.
7. Véase Marc-Olivier Bherer, “La diplomatique belliqueuse d’Ottawa”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 2009.
*Autores de Paradis sous terre. Comment le Canada est devenu la plaque tournante de l’industrie minière mondiale, Rue de l’Echiquier-Ecosociété, París-Montreal, 2012. Traducción: Gabriela Villalba.
