La Policía Montada Real Canadiense (RCMP) ha allanado la oficina de una compañía minera canadiense en Calgary, alegando en una declaración jurada que la compañía canalizó coimas en la cuenta bancaria personal del alcalde de un pueblo pequeño en México para cerciorar su protección frente a las acciones de manifestantes anti-minería. La investigación forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la policía montada para hacer cumplir el Acto de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros – la ley que prohíbe el pago de coimas en el extranjero.

 

Fuente: Mining Watch Canadá

Traducción por Alerta Minera Canadá de la noticia original que salió el 29 de agosto de 2011 en el periódico nacional The Globe and Mail

Toronto, Canadá – 31/08/2011 . La Policía Montada Real Canadiense (RCMP) ha allanado la oficina de una compañía minera canadiense en Calgary, alegando en una declaración jurada que la compañía canalizó coimas en la cuenta bancaria personal del alcalde de un pueblo pequeño en México para cerciorar su protección frente a las acciones de manifestantes anti-minería.

El 20 de julio, un equipo de la policía montada llevó a cabo una orden de registro en la oficina de Blackfire Exploration Ltd., una compañía junior privada cuyas operaciones en el estado mexicano sureño de Chiapas están asediadas por problemas desde el 2009, cuando asesinaron en un tiroteo desde un carro a un enérgico líder que se oponía a su mina de barita.

No se han formulado cargos contra la compañía, que indica que está cooperando por completo con la investigación de la policía. La investigación forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la policía montada para hacer cumplir el Acto de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros – la ley que prohíbe el pago de coimas en el extranjero.

El policía Terri Lynn Batycki alega en una declaración jurada a favor de la solicitud de la orden de registro que la compañía le pagó al alcalde local, Julio César Velázquez Calderón, alrededor de $19.300 (CDN) de manera ilegal ‘para mantener la paz y prevenir que miembros locales de la comunidad se alcen en armas contra la mina.’

Cuando las demandas del alcalde se volvieron más exorbitantes e indecentes – incluyendo solicitudes de pasajes aéreos y una «noche sexual» con quien fuera en un momento modelo de Playboy, Niurka Marcos – la compañía elevó quejas ante el gobierno estatal indicando que se los estaba extorsionando, alega Batycki.

Blackfire indicó mediante una declaración que en ningún momento le pagó coimas a nadie de manera consciente. La compañía, que empezó a minar en México en el 2008, explicó que pensaba que los miles de dólares que había transferido eran para el beneficio de los habitantes del pequeño pueblo de Chicomuselo, destinados para su feria y otros gastos públicos.

«Cuando supimos que los fondos posiblemente se estuvieran utilizando con otros objetivos, tomamos medidas inmediatamente para frenar los pagos…» dice la declaración. «Demostramos nuestra gran preocupación que las contribuciones para el pueblo no se estuvieran utilizando de la manera adecuada.»

Basándose en los registros bancarios de la compañía, que se obtuvieron mediante órdenes de producción aprobadas judicialmente, al igual que documentos de México, Batycki alega que la filial mexicana de Blackfire transfería regularmente pagos mensuales directamente a la cuenta bancaria personal del alcalde Calderón.

Sin embargo, no fueron las alegaciones de coima las que llevaron en un principio al escrutinio público de Blackfire. En el 2009, cuando el alcalde dejó de apoyar la mina, los manifestantes tomaron el sitio. Para noviembre, la tensión era elevada y se arrestó a tres hombres – un empleado de Blackfire, al igual que un antiguo empleado y un contratista – en relación al asesinato del activista anti-minería Mariano Abarca Roblero.

El asesinato de Abarca no es objeto de la investigación de la policía montada y Blackfire ha criticado el atentado, pero el homicidio incitó a varias organizaciones de justicia social, tales como Alerta Minera Canadá, a viajar a México y a instar a la policía montada a que investigue las alegaciones de corrupción.

Alexandra Wrage, cuya organización sin fines de lucro TRACE International brinda capacitación a compañías y grupos de presión sobre el acatamiento de las leyes anti-soborno, dijo que las alegaciones sobre las necesidades crecientes del alcalde Calderón representan un patrón conocido.

«En cuanto uno se etiqueta como compañía que acepta jugar el juego, las solicitudes en general aumentan tanto en cantidad como en valor – y en este caso, en exorbitancia,» dijo Ms. Wrage. «Una vez que te acuestas con estos tipos, se pierde control de la situación con mucha rapidez.»

La investigación forma parte de más de una veintena que, según indica la policía montada, están examinando sus unidades anti-corrupción, las cuales se inauguraron en el 2008. En junio, la compañía Niko Resources, basada en Calgary, pagó una multa de $9,5 millones luego de declararse culpable de sobornar a un ministro de energía de Bangladesh con una camioneta todoterreno de lujo, al igual que un viaje a Calgary, Nueva York y Chicago.

El presidente y director ejecutivo de la Asociación Minera de Canadá, Pierre Gratton, indicó que sus miembros apoyan la ley. Enfatizó que Blackfire no era miembro.

Dijo que no le parecía que las coimas fueran un problema serio en la industria, pero agregó: «Si hay compañías que tienen problemas con la ley el gobierno debería lidiar con las compañías si las descubren.»

– Con un informe de Andy Hoffman

Comunicado  de Afectados por la Minería de México sobre el allanamiento de las oficinas de Blackfire por la policía federal

Ago 29, 2011

(Chiapas, Mexico) La Policía Real Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) ejecutó una orden de allanamiento en la oficina de Blackfire Exploration Ltd., en Calgary, Canadá, el pasado 20 de julio para dar seguimiento a la acusación de delito de sobornos de esta empresa y sus directivos con Julio César Velázquez Calderón, el que fuera alcalde del Municipio de Chicomuselo, Chiapas, México. [1] Este conflicto bañado de irregularidades, ilegalidades y acciones coludidas entre la empresa minera canadiense, el gobierno federal mexicano y sus autoridades ambientales, el gobierno estatal de Chiapas y el gobierno municipal, terminó con el asesinato de líder opositor Mariano Abarca Roblero el 27 de noviembre de 2009.

Luego de un año y cuatro meses en que se interpusiera la demanda de soborno contra Blackfire, en marzo de 2010, [2] la RCMP apenas reacciona ante las evidencias presentadas y la confesión de la empresa. No en balde, Transparencia Internacional [publicó en mayo] que Canadá ocupa el último lugar en la lucha contra la corrupción y persecución de delitos del Grupo de los Siete (G7) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que aglutina alrededor de 40 países del mundo. [3]

La lentitud del gobierno canadiense continúa solapando a las empresas que violan leyes allende sus fronteras. Esto también explica porqué la mayoría de las empresas mineras en el mundo tienen su origen en Canadá o están registradas en este país por ser paraíso de la impunidad para las corporaciones. Así, desde que Canadá aprobó en 1998 el Acto de Funcionarios Públicos Extranjeros en torno a la corrupción, sólo dos pequeños casos han sido atendidos. En 2005 una pequeña multa contra una empresa de Alberta y otro caso de corrupción en la [Bangladesh].

Por otro lado, el nuevo alcalde de Chicomuselo, Límbano Miguel López, denunció a principios de año que a seis días de haber asumido el cargo (6 de enero de 2011), «los ex funcionarios (el ex presidente municipal, Julio César Velázquez Calderón, el ex sindico Alirosay Muñoz Pérez, los ex regidores Conrado Flores Hernández, en contubernio con el ex tesorero Lidubin Ramos Cifuentes y el ex director de servicios públicos, Abigail Morales Ramírez) aún no entregan las chequeras de las cuentas públicas del municipio, dejaron descompuesto el equipo de computo de la tesorería (…) no se encontró ningún expediente técnico de obra pública, ni expedientes unitarios de comprobación del ejercicio fiscal 2010.» [4]

Terri Lynn Batycki de la RCMP alega que Blackfire pagaba ilegalmente al alcalde Julio César Velázquez Calderón, «para mantener la paz y evitar que los miembros locales de la comunidad de tomar las armas en contra de la mina.» Ante estas acusaciones contra la canadiense Blackfire, Pierre Gratton, el presidente y director ejecutivo de la Asociación Minera de Canadá, dice que apoya la ley, ratificando que Blackfire no es miembro de esta Asociación, y niega que el soborno sea un gran problema en la industria minera.

Por tanto, es claro no sólo la cultura de corrupción y mal manejos públicos del ex alcalde de Chicomuselo, sino que también los sobornos a las autoridades municipales es la práctica común de las trasnacionales mineras toda vez que el municipio es quien debe autorizar cambios de uso de suelo y otros aspectos necesarios para las mineras, pero también para el control territorial y la seguridad de las inversiones mineras.

Ante ello, demandamos que la RCMP deslinde lo antes posible las responsabilidades y castigue a los culpables. También es urgente que la RCMP haga una visita in situ en Chiapas para continuar con las investigaciones. Del mismo modo demandamos al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, agilice las investigaciones sobre la corrupción del ex alcalde de Chicomuselo luego que Rema y Otros Mundos AC interpusieran ante el Órgano de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Chiapas y al H. Cabildo del Municipio de Chicomuselo, una denuncia y solicitud sobre el destino de los recursos económicos que Blackfire entregó al entonces alcalde de Chicomuselo.

Antecedentes [5]

Entre el 2008 y el 2009, el alcalde municipal de Chicomuselo recibió sobornos de la Blackfire. Otros Mundos, AC, y la REMA Chiapas dan a conocer estas pruebas. [6]

En junio de 2009 Blackfire pide el desafuero del presidente municipal ante el Congreso.

El 27 de noviembre de 2009 es asesinado por trabajadores de la Blackfire el líder opositor de la REMA en Chicomuselo, Mariano Abarca Roblero.

Diciembre de 2009, el gobierno de Chiapas clausura temporalmente la mina de Blackfire y encarcela a tres personas implicadas en el asesinato.

24 de febrero de 2010 es encarcelado el Lic. Horacio Culebro Borrayas, abogado de la Blackfire.

El 10 de marzo de 2010 nueve prestigiadas organizaciones canadienses solicitaron a RCMP la investigación por presunta violación al Acto sobre la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en contra la minera trasnacional Blackfire. [7]

El 30 de junio de 2010, mediante oficio signado por REMA y Otros Mundos A.C., se demandó la intervención del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y del Propio Congreso del Estado, así como del Cabildo Municipal de Chicomuselo, con el fin de que aclararan los presuntos sobornos de la Blackfire y el presidente municipal. Hasta la fecha no ha habido respuesta de ningún nivel de gobierno a esta denuncia. [8]

¡FUERA BLACKFIRE DE CHIAPAS!

[1] http://www.theglobeandmail.com/news/national/rcmp-raid-calgary-miner-over-bribery-allegations/article2145226/

[2] Ver documento: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/86-mineria/631-solicitan-a-la-policia-real-montada-de-canada-investigar-a-la-minera-blackfire.html

[3] http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-ranked-worst-of-g7-nations-in-fighting-bribery-corruption/article2032347/

[4] http://www.diariodechiapas.com/noticias/2011010619312/region/siembran-el-caos-exfuncionarios-municipales-corruptos-de-chicomuselo

[5] Para ver todos los antecedentes sobre el caso de la Blackfire, ver: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria.html

[6] Ver los documentos: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/99-mariano-abarca/583-los-pagos-de-la-minera-canadiense-blackfire-al-presidente-municipal-de-chicomuselo-chiapas.html

[7] Ver documento: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/86-mineria/631-solicitan-a-la-policia-real-montada-de-canada-investigar-a-la-minera-blackfire.html

[8] Ver el documento: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/99-mariano-abarca/781-rema-chiapas-demanda-investigacion-por-corrupcion-del-ayuntamiento-y-la-empresa-canadiense-blackfire.html

La sociedad civil canadiense expresa su agrado ante el allanamiento de las oficinas de Blackfire Exploration

Fuente: Common Frontiers-Canada — Council of Canadians — MiningWatch Canada — United Steelworkers

(Ottawa y Toronto) Las organizaciones Alerta Minera Canadá, Common Frontiers, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos (United Steelworkers – USW), y el Consejo de Canadienses reciben con agrado la noticia que la Policía Montada Real Canadiense (RCMP) allanó las oficinas en Calgary de Blackfire Exploration, la compañía privada cuya mina de barita en Chiapas, México ha atraído la atención de los medios desde el asesinato del activista anti-minería Mariano Abarca en noviembre del 2009.

El periódico nacional The Globe and Mail informa que la policía allanó las oficinas de Blackfire el 20 de julio del 2011, alegando que Blackfire «le pagó de forma ilegal alrededor de $19.300 (CDN) al alcalde local Julio César Velazquez Calderón ‘para mantener la paz y prevenir que miembros locales de la comunidad se alcen en armas contra la mina.'»

«Nos alienta que se investiguen las operaciones de Blackfire como lo indica la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros,» dijo Jamie Kneen, portavoz de Alerta Minera de Canadá. «Es la única ley que responsabiliza a compañías canadienses por sus acciones fuera del país. Esperamos que traiga algo de justicia para este caso.»

«Si un caso tan claro como éste no se puede llevar a juicio con éxito, quedan pocas esperanzas para responsabilizar a nadie en los innumerables casos sobre los que escuchamos quejas.»

Luego del asesinato de Abarca, y conforme lo solicitó la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Alerta Minera Canadá, Common Frontiers y el USW organizaron una delegación de investigación en Chiapas. La delegación dio luz a una gama de serios impactos sociales y ambientales por parte de la mina que se hicieron públicos, y llevó a la solicitud de una investigación por soborno, con el apoyo de nueve organizaciones incluyendo el Consejo de Canadienses.

«La investigación por parte de la policía es un avance, pero a su vez es solamente la punta del iceberg,» indicó Rick Arnold, antiguo coordinador de Common Frontiers, que acompañó a la delegación. «Los habitantes del área con quienes dialogamos responsabilizaban a Blackfire por el asesinato de Mariano Abarca, que por su lado aún no se ha investigado por completo.»

Luego del fusilamiento de Abarca frente a su casa el 27 de noviembre de 2009, se encarceló a tres antiguos empleados de la compañía, pero aún se hallan a la espera de una cita en la corte en relación al asesinato.

A pesar de que la compañía afirma que su forma de trabajo es responsable en el contexto ambiental, la delegación no halló ningún indicio de mitigaciones ambientales en la mina, la cual continúa suspendida desde diciembre del 2009. La compañía inició una demanda en las cortes de Chiapas para intentar revocar la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAVI) de suspender la mina.

«Blackfire debería retirarse de Chiapas de una vez por todas, y disculparse públicamente ante las comunidades», dijo Mark Rowlinson, abogado del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos que también participó en la delegación. «Nosotros mismos vimos los impactos de la compañía en la vida humana y en el medio ambiente en Chicomuselo. Los costos para la comunidad han sido demasiado elevados.»

José Luis Abarca Montejo, hijo de Mariano Abarca, que se ha vuelto dirigente de su comunidad desde el asesinato de su padre, llegó a Canadá en septiembre del 2010. Durante su visita mostró su apoyo para la promulgación de leyes más robustas que regularan a las compañías canadienses en el extranjero. «Creo que el gobierno canadiense debería tener más cuidado con estas compañías que vienen a México y nos maltratan,» le dijo Abarca a la publicación Embassy Magazine en Ottawa. «Le solicito al gobierno canadiense que haga algo porque somos lo mismo que cualquier otro ciudadano. Nosotros también tenemos derechos.»

Para mayor información favor de contactar:

Jamie Kneen, Portavoz, Alerta Minera Canadá, jamie(at)miningwatch.ca (613) 569-3439

Rick Arnold, antiguo Coordinador, Common Frontiers – Canada, rickarnold(at)i-zoom.net

Mark Rowlinson, Abogado, Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos, mrowlinson(at)usw.ca, (416) 544-5983

Stuart Trew, Defensor – Area de Comercio, Council of Canadians, strew(at)canadians.org, (416) 979-0451