“El Tribunal Permanente de los Pueblos declara la responsabilidad de las empresas Barrick Gold y su filial Nevada SpA, Gold Corp y su filial Entre Mares, Tahoe Resources y su filial San Rafael S.A., Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. y Excellon Resources Inc. y su filial Excellon de México S. A. de C. V. por incurrir en la violación de los derechos humanos», anuncio el jurado en su veredicto preliminar.
Fuente: Otros Mundos Chiapas
Tras tres días de audiencias especiales sobre los impactos de la industria minera canadiense en América latina, el Tribunal Permanente de los pueblos (TPP) dio a conocer su veredicto este domingo 1ero de junio. Desde la ciudad de Montreal, Quebec, el jurado compuesto de ocho representantes de organizaciones canadienses, peruana, francesa, española e italiana, incriminó a cinco empresas canadienses por haber violado los derechos humanos en el marco de sus actividades mineras en varios países del continente latino.
Las empresas no son las únicas culpables, insistió el jurado, estimando que «se puede vislumbrar la responsabilidad del Estado canadiense y los Estados latinoamericanos», que fallaron «en su deber de proteger los derechos humanos, previniendo y sancionando sus violaciones, y en particular las procedentes de las empresas mineras canadienses.»
Asesinato y corrupción en Chiapas
Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. está acusada de haber violado el derecho a la vida por su implicación en el asesinato de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y opuesto a la mina de barita de Blackfire en su municipio de Chicomuselo (Chiapas, México). El 27 noviembre de 2009 por la mañana, el activista fue matado por balas delante de su domicilio. El hijo de Mariano Abarca, José Luis Abarca Montejo, quien dio su testimonio en el TPP, acusa a empleados de la minera de haber matado a su padre, asegurando que él y su padre habían recibidos amenazas de muerte de parte de ellos antes del acontecimiento. Hasta la fecha, cinco personas fueron detenidas tras el asesinato pero todas fueron liberadas.
Además, la empresa Blackfire violó la ley canadiense sobre la corrupción de agentes públicos, ofreciendo dinero al presidente municipal de Chicomuselo en esa época. Documentos publicados en la prensa mostraron que el funcionario recibió alrededor de 20 000 dolares en su cuenta personal de parte de Blackfire Exploración México entre marzo 2008 y abril de 2009.
Trabajadores amordazados en Durango
En cuando de Excellon Resources Inc. y de su filial Excellon de México S. A. de C. V., que explotan el sitio minero de la Platosa en Durango (México) desde 2005, están acusadas de haber violado el derecho a la libertad de asociación sindical, a la negociación colectiva y a la reunión pacifica. En octubre de 2012, más de 200 miembros de uno de los sindicatos patronales de la empresa, armados con palos y piedras, llegaron en un campamento pacifico donde empleados de la mina miembros del sindicato de trabajadores Sección 309 estaban reunidos con habitantes de una comunidad aledaña para protestar contra la empresa. Esta represión fue coordinada por el director de las operaciones de Excellon. Tres mes después, alrededor de 50 mineros que habían participado a la manifestación fueron licenciados.
Glaciares en peligro en Chile
Barrick Gold y su filial Nevada SpA están acusadas de haber violado el derecho al agua y a un medioambiente sano en el valle de Huasco (Chile), una zona andina glaciar donde inició las operaciones de construcción de su proyecto minero Pascua Lama en 2009. Estas actividades, que fueron suspendidas por la corte suprema de Chile en abril de 2013, «han tenido impactos significativos sobre los recursos hídricos y naturales» del valle, indicó el TPP en su lista de acusaciones. Tres glaciares, Toro1, Toro2 y Esperanza, han visto su superficie disminuir bajo el efecto de los polvos y escombros que se depositaban sobre sus paredes cuando la minera perforaba y dinamitaba el suelo.
Además, Barrick Gold violó el derecho a la autodeterminación de las comunidades aledañas a la mina. La comunidad Diaguita de los Huascualtinos, que vive en el valle, nunca fue consultada sobre la realización de estas operaciones en su territorio. En vez de esto, la empresa estableció un acuerdo con la organización campesina local, la Junta de vigilancia del valle de Huasco, ofreciéndole 60 millones de dólares sobre un periodo de 20 años en para indemnizarle por los impactos eventuales de la mina sobre la producción agrícola.
Metales pesados en la sangre en Honduras
Goldcorp y su filial Entre Mares violaron también los derechos al agua y a un medioambiente sano durante sus operaciones en la mina San Martin, en el valle de Siria (Honduras), entre 2000 y 2007. Análisis detectaron altos niveles de metales pesados en la sangre de la población aledaña a la mina (plomo, arsénico, mercurio, hierro, cadmio). Los impactos en la salud se tradujeron por enfermedades de la piel, problemas respiratorios, enfermedades gastro-intestinales e incluso abortos involuntarios.
Represión contra manifestantes pacíficos en Guatemala
Tahoe Resources (que pertenece a 40% a la empresa Goldcorp) y su filial San Rafael S.A. están acusadas de haber violado el derecho de los pueblos al consentimiento libre en el marco de las actividades del proyecto minero Escobal en el departamento de Jalapa (Guatemala). Fueron otorgadas un permiso de explotación en 2013 y iniciaron sus operaciones de extracción en enero de 2014 mientras las comunidades aledañas al proyecto lo habían rechazado en varias ocasiones. Por ejemplo, en noviembre de 2012, más de 1000 habitantes de la Villa de Mataquescuintla dijeron NO a la mina durante un referéndum municipal. Tras las quejas de la población, la corte de apelaciones guatemalteca ordenó la suspensión de las actividades de Escobal en julio de 2013, pero Tahoe Resources nunca hizo caso de esta decisión.
Además, Tahoe Resources violó el derecho de reunión pacífica y el derecho a la seguridad de la persona el 27 de abril de 2013, cuando guardias de seguridad de la mina abrieron el fuego contra los habitantes de la comunidad San Rafael las Flores que estaban manifestando pacíficamente contra la mina. 6 manifestantes fueron heridos durante el ataque. Tras esa represión, el jefe de seguridad de la empresa en ese momento, Alberto Rotondo, acusado de haber dado el orden del ataque, fue arrestado mientras estaba tratado de huir el país. Se encuentra todavía en la cárcel en Guatemala.
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