La empresa canadiense Gabriel Resources se las ha arreglado para resucitar en Rumania un proyecto minero que emplea cianuro, que la justicia declaró ilegal y al que se opone la mayoría de la población. Se trata de una mina en Rosia Montana, en el noroccidental condado rumano de Alba, que se prevé será la más grande de Europa.
Fuente: IPS
Bucarest, Rumania – 19/07/2010. De allí se extraerán 300 toneladas de oro y 1.400 de plata a lo largo de 16 años, de cuatro canteras ubicadas en las montañas Apuseni.
Gabriel Resources, con sede en Toronto, posee 80 por ciento de las acciones de Rosia Montana Gold Corporation (RMGC, entidad creada para construir y dirigir la operación), mientras que la empresa estatal rumana Minvest Deva es dueña de la mayoría de las acciones restantes.
Como el precio del oro se más que duplicó desde que el proyecto fue ideado, se espera que las ganancias sean enormes. En el último par de años, RMGC ha argumentado que el Estado rumano obtendrá entre 2.000 y 4.000 millones de dólares gracias a esta mina.
Pobladores de la zona y activistas de todo el país se oponen al proyecto desde 2002. La campaña “Salven a Rosia Montana” ha crecido hasta convertirse en el movimiento civil más fuerte de la Rumania contemporánea.
Las obras implicarán reasentar a todos los habitantes de Rosia Montana (situada entre las canteras) y reubicar iglesias y cementerios. Aunque RMGC ha comprado cerca de 80 por ciento de las propiedades de la aldea, los demás pobladores están determinados a no vender sus tierras.
La preocupación más seria gira en torno a la tecnología que se usará para realizar las tareas de extracción: el oro se separará usando cianuro de sodio, una sustancia altamente tóxica.
Según la organización Rumania Sin Cianuros, anualmente se utilizarán unos 10 millones de kilogramos de cianuro de sodio. Un estudio de la Academia Rumana (mayor entidad científica del país), muestra que existen aún más daños: los metales pesados derivados de esa operación y el dióxido de azufre utilizados en el proceso pueden contaminar severamente las tierras y aguas de la zona.
La Academia emitió una advertencia contra el proyecto de RMGC, citando desastrosos derrames previos de cianuro en otras explotaciones. Uno de esos incidentes tuvo lugar en 2000 en el noroccidental condado rumano de Baia Mare.
Sin embargo, según RMGC, “el proyecto frenará la contaminación y protegerá el ambiente”.
La firma sostiene que despejará la contaminación existente –en el área hay minería desde tiempos del Imperio Romano– y que limpiará todo cuando finalice la extracción. El sitio web de la empresa muestra imágenes de animales pastando en verdes prados, señalando que estos reemplazarán al proyecto minero 25 años después de iniciado.
RMGC también alega que el proyecto creará unos 3.000 puestos de trabajo en un área donde hay un elevado desempleo.
Pero estos argumentos no han persuadido a quienes se oponen a la iniciativa. Según una encuesta realizada en 2007 por la Cámara de Diputados, 95 por ciento de los consultados dijeron no querer que se abriera la mina. Cifras aportadas por la organización ambientalista Greenpeace indican que 80 por ciento de los rumanos están en contra del proyecto.
Los aldeanos que quedan en Rosia Montana sostienen que el área tiene potencial para el desarrollo turístico, dado que alberga valiosos sitios arqueológicos que datan de la época del Imperio Romano y que está rodeada de hermosos bosques.
También consideran que los empleos que cree RMGC serán temporarios, mientras que el daño ambiental y el desplazamiento de población serán permanentes.
Hace un año la oposición pareció haber ganado. El proyecto fue bloqueado por decisiones judiciales que suspendieron los planes urbanos presentados por RMGC. El Ministerio de Ambiente también suspendió el procedimiento para autorizar la construcción.
En mayo de este año, una resolución votada por el Parlamento Europeo infundió nuevas esperanzas a los activistas rumanos, al pedir la total prohibición en el continente de la minería que utiliza cianuro. El parlamento destacó que el cianuro es un producto químico altamente tóxico, calificándolo como el principal contaminante bajo la Directiva Marco en el Sector del Agua, de la Unión Europea (UE), y que “la minería con cianuro genera pocos trabajos, y sólo por un periodo de entre ocho y 16 años, mientras que corre el riesgo de causar enormes daños transfronterizos, de cuyo costo habitualmente no se hacen cargo las empresas operadoras responsables”. RMGC ya invirtió 300 millones de dólares en Rumania, según su director ejecutivo, Dragos Tanase. Apeló a todas las decisiones judiciales en su contra y presentó tres nuevas versiones del plan urbano.
El aumento de la confianza de la compañía resultó obvio durante una conferencia que organizó a comienzos de julio en Bucarest. Allí, expertos privados contratados por RMGC explicaron que el proyecto puede aportarle a Rumania 19.000 millones de dólares en ganancias directas e indirectas, cuatro veces la suma previamente anunciada por la firma.
Mientras los opositores al proyecto mantuvieron sus esperanzas en la prohibición de la UE, la Comisión Europea, rama ejecutiva del bloque, se ha negado a aprobar la resolución. El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, dijo el 23 de junio que una prohibición total sería “perjudicial para el empleo sin un valor ambiental y sanitario agregado”.
“Aunque la resolución del Parlamento Europeo es una importante decisión política, la reacción de la Comisión es decisiva”, dijo a IPS la europarlamentaria por el Partido Verde alemán Franziska Keller.
“La reacción del señor Potocnik es de miras cortas y no va en línea con su compromiso hacia la eficiencia en el uso de los recursos. Él optó por el camino destructivo de la minería básica de oro, en vez de dar paso a una sociedad recicladora mucho más amigable con el ambiente, y muy probablemente más intensiva en materia de empleo”, declaró.
