La empresa Dagilev Capital Corp, titular de la mina de oro de Salave, ha emplazado hoy al Gobierno regional a sentarse a negociar un acuerdo extrajudicial tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que desestimaba su petición de indemnización. La compañía había solicitado la excepción a la protección medioambiental de la costa asturiana para poder poner en marcha la explotación. El Ejecutivo consideró que no procedía la aplicación de esta excepcionalidad “porque los daños medioambientales y al paisaje protegido del litoral asturiano serían irreparables”.
Fuente: EFE
Oviedo, España – 18/05/2010. Esta sociedad, que constituyó la empresa Astur Gold para explotar el yacimiento, considera “positivo” el fallo judicial dado que, a su juicio, deja la puerta abierta a que pueda realizar su proyecto de minería a cielo abierto en Salave si obtienen una resolución favorable a sus intereses en sus recursos ante el Tribunal Supremo.
La empresa asegura además que podría además solicitar el lucro cesante y el daño emergente causado por la decisión del Gobierno de no autorizar la explotación minera, valorado por la compañía en su momento en 330,9 millones de euros, en caso de que el Supremo ratificar la decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico.
En un comunicado, Astur Gold asegura respetar “escrupulosamente” esta decisión judicial y confía que el Gobierno se siente a negociar con los responsables de la empresa.
“Nosotros hemos heredado estos procesos judiciales pero hemos venido a España a crear empleo y riqueza. Pagaremos los impuestos que sean preceptivos al Principado y a las entidades locales y desarrollaremos un proyecto que redundará en beneficio de la comunidad”, explica Cary Pinkowski, consejero delegado de Astur Gold.
Por su parte, el presidente de Astur Gold, Emilio Hormaeche, afirma que la compañía está recibiendo “un apoyo muy importante de las asociaciones empresariales, sindicatos y gente que lo único que quieres es trabajar y que prevé crear 250 puestos de trabajo directos y 250 más indirectos.
El TSJA señalaba en su sentencia que la demanda fundaba su pretensión de ser indemnizada en que la denegación por parte del Gobierno de la autorización para la explotación minera a cielo abierto suponía “una expropiación encubierta de sus derechos”.
No obstante, advertía de que la decisión del Gobierno de no autorizar estas labores fue recurrida por Río Narcea Gold Mines al Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado, e incidía en que, en caso de un fallo favorable a la compañía minera, “no encontraría obstáculo alguno para iniciar la explotación (..) lo que excluiría la posibilidad de percibir una indemnización”.
La empresa interpuso cuatro recursos contra otras tantas decisiones del Gobierno que el 3 de agosto de 2005 acordó denegar la solicitud presentada por la empresa minera canadiense Río Narcea Gold Mines para la explotación del yacimiento de oro.
La compañía había solicitado de la administración autonómica la aplicación de la discrecionalidad y la excepción a la protección medioambiental de la costa asturiana prevista en la normativa vigente para poder poner en marcha la explotación.
El Ejecutivo consideró que no procedía la aplicación de esta excepcionalidad “porque los daños medioambientales y al paisaje protegido del litoral asturiano serían irreparables”.
Según el proyecto de Río Narcea, la mina tendría un diámetro de 600 metros y una profundidad de 215 metros sobre una superficie de 28 hectáreas y estaría situada a cien metros del mar mientras que la escombrera ocuparía unas 180 hectáreas para obtener unas 47 toneladas de oro con un valor de mercado de 580 millones de euros.
