El proyecto de explotación de cobre en Touro desata la alarma entre científicos y ecologistas, que alertan de que un accidente acabaría por afectar a la ría de Arousa que desemboca en la ría de Arousa, donde se encuentra el mayor banco marisquero de Galicia.
Fuente: El Confidencial
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Con la amenaza de la mina de oro de Corcoesto (A Coruña) apenas desactivada, otra explotación minera ha puesto en alerta a vecinos y colectivos ecologistas de Galicia. Se trata del proyecto de recuperación de una vieja explotación de cobre en los municipios de Touro y Pino, muy cerca de Santiago, abandonada en 1986 y que ahora se pretende reactivar al amparo del elevado precio de este metal. Se teme muy especialmente el efecto de un eventual accidente que afecte al Ulla, un río que desemboca en la ría de Arousa, donde se encuentra el mayor banco marisquero de Galicia.
El proyecto, publicado en el Diario Oficial de Galicia el pasado 25 de agosto, cuenta con 1.500 alegaciones, presentadas en su mayoría por los vecinos de la zona, que denuncian la afectación a explotaciones agroganaderas, manantiales y cursos de los ríos.
Los más veteranos de la zona no necesitan apelar a posibles percances para oponerse a la reactivación de la mina. “Yo recuerdo perfectamente cómo bajaba durante la explotación este río Ulla que ahora es un paraíso: el agua tenía un color como azul y no nos podíamos ni bañar”, relata Patricia Martínez, vecina de San Miguel de Sarandón (A Coruña). Eso no significa que desastres como el de Aznalcóllar no pesen en el caldeado ambiente. Es la razón por la que a casi 80 kilómetros de distancia, en Vilagarcía, el ayuntamiento esté tan preocupado como los que viven a unos centenares de metros del enorme agujero del que ahora se quiere volver a extraer el mineral. El Gobierno local ha solicitado informes sobre la afectación que tendrá en los ricos bancos marisqueros de Carril, mientras crece la preocupación de quienes viven de la actividad extractiva.
El debate sobre la mina de Touro toma el relevo del suscitado por la fallida explotación de oro en Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), que la Xunta acabó rechazando tras una gran contestación social. Fue tal el rechazo que generó aquel proyecto que una organización como Salvemos Cabana, creada para coordinar la lucha contra aquella iniciativa empresarial de la canadiense Edelwater, está ahora también en primera fila de la oposición a la que impulsa Cobre San Rafael SL, una empresa con un capital social de 3.000 euros en la que irrumpió este mes de febrero el gigante de la minería Atalaya Mining, que explota Riotinto. Su socio es Explotaciones Gallegas, titular de los terrenos.
El problema son los compuestos del azufre en las rocas. Al oxidarse, generan ácido sulfúrico y drenaje ácido en la mina
El periodo de exposición pública del megaproyecto se cerró con una avalancha de millar y medio de alegaciones, muchas de ellas de vecinos de la zona. El grueso de las denuncias se centra en la proximidad de la balsa del megaproyecto minero a las viviendas, la desaparición de manantiales, el cambio del curso de los ríos y en la extensión de los terrenos ocupados, ya que la nueva mina será sensiblemente mayor que la que dejó de funcionar hace 30 años.
La Xunta reclamó informes externos, y uno de ellos ha resultado demoledor. Se trata del elaborado por la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), una reputada entidad científica y ecologista con más de 40 años de trayectoria. Su presidente, el edafólogo del CSIC Serafín González, ha alertado de las “deficiencias y contradicciones” del proyecto, que considera de alto riesgo.
“Aquí no se genera arsénico y cianuro como en Corcoesto, pero el problema son los compuestos del azufre en las rocas. Al oxidarse, generan ácido sulfúrico y drenaje ácido en la mina”, explica. Para separar el cobre de las rocas se utilizan además productos químicos “que no son inofensivos: tienen efectos en el ambiente y en la salud”. Y existe por añadidura un problema que la empresa “trata de minimizar”, pero del que alerta la SGHN: “Se van a generar dos grandes depósitos de estériles que quedan ahí indefinidamente, con esas rocas y esos compuestos”.
Uno de los pueblos de la zona, Arinteiro, quedaría encerrado en un triángulo en el que dos lados son escombreras de hasta 80 metros de altura a menos de 200 metros de las casas. “Es una balsa de lodos. Si tienen líquidos, existe el riesgo de que reviente, y el riesgo no es menor, porque se proyecta un dique de 3,2 kilómetros y 80 metros de altura. Si hay un corrimiento de tierras, es un peligro claro para la población”. Supondría igualmente un riesgo para el río Ulla, uno de los más importantes de Galicia, conectado con la balsa a través de dos arroyos. Como es lógico, cualquier problema para el Ulla lo sería también para los bancos marisqueros de Carril y para el humedal del complejo intermareal Umia-Grove, categorizado como Ramsar.
La mina implicaría también la desaparición de hasta 20 manantiales y cinco depósitos de agua que abastecen al menos 100 viviendas y explotaciones ganaderas de siete localidades y a la propia red de agua potable de la zona, según ha alertado la entidad científica y ecologista. Las críticas de la SGHN se extienden al estudio económico presentado por la empresa, en el que se calcula la creación de 400 empleos directos y 1.000 indirectos, después de unainversión inicial de 200 millones de euros. Para Serafín González, el informe es “engañoso”, porque “sobreestima la capacidad de generar empleo y subestima los daños”.
La Xunta aprobará la reactivación de la mina de cobre si el “proyecto es viable” y cumple las garantías “ambientales y urbanísticas y financieras”
Otras organizaciones ecologistas, como la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), apelan además a la “trayectoria de irregularidades y denuncias” de la empresa chipriota Atalaya Mining —participada en un 22% por la china Yanggyu Xiangguang Cooper—, que “fue sancionada en 2016 por la Junta de Andalucía por cuatro faltas graves por incumplimiento de la autorización ambiental en las minas de cobre de Riotinto, y que este año ha sido denunciada por la Fiscalía por las mismas causas”. “No hay por qué suponer que con estos antecedentes no pueda suceder lo mismo en Touro”, advierte la organización.
Mientras la oposición al proyecto se endurece y el ambiente se caldea, el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, se resiste a avanzar cuál será la decisión de la Xunta. “Va a estar tomada con todas las garantías, como se hace siempre en cualquier proyecto que se somete a consideración o a competencia de la Xunta”, afirmó la pasada semana. También el ‘conselleiro’ de Economía, Francisco Conde, se limita a asegurar que el Ejecutivo “respetará la ley y también a los vecinos del municipio de Touro”, por lo que solo aprobará la reactivación de la mina de cobre si el “proyecto es viable” y cumple las garantías “medioambientales, urbanísticas y financieras”.
No todos los cargos del PP se muestran tan receptivos a la propuesta industrial de Cobre San Rafael. Días atrás, en Touro, el grupo popular cedió ante la presión de los vecinos que desbordaban el pleno municipal y votó en contra del proyecto. Es un cambio de actitud respecto a su aprobación inicial, un giro que hace albergar a los opositores la esperanza de que su lucha acabe cosechando el mismo éxito que cuando lograron detener la mina de oro de Corcoesto.
