Entre los bosques y las aguas del río Yeltes en la comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca, España) se esconde una historia de intereses de lobbies, de supuesto tráfico de influencias, presunta manipulación de documentos y amenazas para forzar la apertura de la mina.
Fuente: Estrella Digital
El idílico paisaje de la comarca de Ciudad Rodrigo en Salamanca podría verse enturbiado por polvos altamente radiactivos y cancerígenos. La empresa australiana Berkeley está empeñada en poner en marcha una mina de uranio a cielo abierto. La única de Europa. El plan de la compañía cuenta con el beneplácito de la Administración, pero lleva años sorteando la fuerte oposición de los vecinos de Retortillo y Villavieja, los municipios afectados. Además, a los enmarañados procesos administrativos en los que se ha sumido la empresa para conseguir los permisos de explotación, se suma la sombra de corrupción que planea sobre el proyecto. Entre los bosques, los pequeños pueblos de la zona y las aguas del río Yeltes se esconde una historia de intereses de lobbies, de supuesto tráfico de influencias, de presunta manipulación de documentos oficiales y amenazas para forzar la apertura de la mina y satisfacer el deseo de Berkeley.
Supuesta trama corrupta
El proceso administrativo al que está sometido el proyecto para conseguir los permisos de explotación lleva en marcha más de diez años. De hecho, en estos momentos la Audiencia Nacional estudia la legalidad de la explotación tras admitir a trámite la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción y Foro de Izquierdas Los Verdes en contra de la autorización otorgada por el Gobierno que daría la luz verde definitiva al controvertido proyecto. Es más, las organizaciones ecologistas han denunciado en numerosas ocasiones las presuntas irregularidades que envuelven al proyecto. “Es un auténtico atentado contra la salud de las personas que viven allí y contra la economía de la propia zona”, explica Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción Salamanca. La empresa promete la creación de empleo, pero los vecinos creen que el efecto será el contrario. Temen que la apertura de la mina afecte al turismo y destruya el paisaje de la zona de gran valor ambiental.
El portavoz de IU-Equo, José Sarrión, denunció que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, autorizó en 2013 la mina de uranio sin evaluar la radiactividad de los residuos almacenados tras la extracción. Según Sarrión, la Declaración de Impacto Ambiental dictada por Medio Ambiente fue “favorable” pero dice que no tuvo en cuenta la radiactividad de los residuos generados y almacenados en el polémico proyecto que pretende desarrollar Berkeley. “Es una mina a cielo abierto y todas las partículas que se vayan removiendo, sean radiactivas o estériles, irán por el aire y afectarán directamente a las poblaciones vecinas. Una partícula radiactiva que entra en un pulmón no vuelve a salir. Poner en marcha el proyecto significaría someter a la población a niveles crecientes de radiactividad y de enfermedad”, asegura Andaluz.
Un año después, en 2014, según publicó la Cadena Ser, Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid y ‘número dos’ de Arias Cañete en el Ministerio de Agricultura, fue contratado como lobista en Bruselas por Berkeley. La contratación se produjo un mes después del nombramiento de Cañete como comisario europeo de Energía. Casualmente la empresa logró la autorización del comisario para la apertura de la explotación.
No es rentable
Según denuncia Ecologistas en Acción, Berkeley pretende poner en marcha la mina en un yacimiento de uranio que ya fue explotado por la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) hasta el año 2001, cuando se abandonó por su falta de rentabilidad. “El precio del uranio es tan bajo que resulta más caro explotar la mina que importarlo”, sostiene la organización. Para la plataforma Stop Uranio el empeño de Berkeley se debe a la pérdida de beneficios de la compañía. “La necesidad para la compañía es tener que recuperar el dinero. Dice que ha invertido 60 millones de euros. Llevan investigando la zona desde 2005. Pidieron la concesión de explotación de la mina en 2011. Es decir, llevan diez años sobre esto para nada. Tienen que sacar rentabilidad económica. Si no sacan nada son 60 millones de euros que se van al garete”, aclara José Ramón Barrueco, portavoz de la plataforma.
Por eso, parece que Berkeley pretende hacer todo lo posible por obtener todos los trámites para lograr la apertura de la mina. “A la empresa australiana no se le conoce actividad minera actual. Sí sabemos que se ha dedicado a vender derechos mineros a otros países o a otras empresas”, afirma Andaluz. De hecho, la compañía ha llegado a “amenazar” a los activistas que se oponen y cuestionan su proyecto. Solicita 500.000 euros al portavoz de Stop Uranio José Ramón Barrueco y al bloguero Jesús Cruz por participar en la campaña contra la minería de uranio. “Lo que quieren es asustarnos para intentar taparnos la boca”, dice Barrueco.
Aunque la compañía ha obtenido los permisos perceptivos del Consejo de Seguridad Nuclear, una declaración de impacto ambiental positiva y está a falta de lograr la licencia urbanística, pretende reiniciar los trámites desde el principio. Los ecologistas creen que tanto la judicialización del proceso como las polémicas surgidas respecto a la obtención de los trámites han provocado que la empresa de un paso atrás, aunque no de manera definitiva, sino para evitar acusaciones por supuestas irregularidades.
