La UDEF los acusa de delitos de prevaricación y exacciones en el concurso. Cree que el procedimiento se amañó para beneficiar al grupo Magtel. Los dueños de Magtel también fueron arrestados por tráfico de influencias. El concurso parece más ‘una libre designación’, sentencia la UDEF.
Fuente: El Mundo
Trece funcionarios y cargos de la Junta de Andalucía han sido detenidos en el último mes y medio por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por su implicación en el presunto amaño del concurso de adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar. Entre ellos, la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, además de los dueños de la empresa Magtel, a la que el gobierno de Susana Díaz adjudicó la mina en febrero pasado pese a que su legalidad estaba ya en entredicho.
Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, las detenciones de los implicados en el escándalo dieron comienzo el pasado 12 de mayo y finalizaron hace apenas unos días, el pasado 29 de junio. Todos, salvo los propietarios del grupo Magtel, los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, formaron parte o de la comisión técnica que valoró las ofertas o de la mesa de contratación que adjudicó los derechos mineros.
Entre los señalados está, además de Asensio, el interventor delegado en la Consejería de Economía -hoy Consejería de Empleo, Empresa y Comercio-, José Marcos; el jefe de Área de Minas de esta consejería, Alberto Fernández; el jefe de servicio de Minas, Iván Maldonado; el jefe del departamento de Ordenación Minera, Juan Manuel Revilla; el jefe de servicio de Contratación Administrativa de la Consejería de Hacienda, Julio Ramos; dos jefes de servicios de la Delegación Territorial de Agricultura en Sevilla, Luis Cordero y Manuel Gil; la letrada de la Junta Pastora Sánchez de la Cuesta; dos asesoras, Aurora Gomera y Pilar Orche, y el gerente de Inversiones en Málaga de la empresa pública Invercaria, Juan José García.
Detenidos en comisaría
La Policía, en todos los casos, les citó en la comisaría y una vez allí les detuvo, les leyó sus derechos y les tomó las huellas dactilares antes de interrogarles, acusados de prevaricación administrativa y exacciones. A los hermanos López Magdaleno, se les acusa de tráfico de influencias. Luego, fueron puestos en libertad con cargos.
A todos ellos, la UDEF les hace responsables de las irregularidades detectadas en el procedimiento de adjudicación de Aznalcóllar, que las últimas investigaciones no han hecho sino confirmar. Así lo refleja el último informe remitido al Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla por los investigadores de la Brigada de Policía Judicial, en el que no dejan lugar a demasiadas dudas y señalan taxativamente que se manipuló el concurso para beneficiar al grupo Magtel y perjudicar a la otra aspirante, Emerita Resources.
Las irregularidades no sólo se dieron en la decisión final de la adjudicación, dice la UDEF, sino que comenzaron al mismo tiempo que se ponía en marcha el procedimiento administrativo. En concreto, en la misma redacción de los criterios que debían regir el concurso, tan ambiguos, apunta la Policía, que permitieron ir definiéndolos a conveniencia.
Hasta el punto, señalan los investigadores en el informe, que «efectuando un símil con los métodos de designación de funcionarios, el supuesto concurso más parece una libre designación».
Valoración sesgada
Sobre los técnicos detenidos, asegura la UDEFque hicieron una valoración «totalmente sesgada» en beneficio siempre del grupo Magtel -investigado en una pieza separada por sus relaciones de privilegio con la Junta- y «en detrimento» de Emerita Resources, que fue la que destapó con su denuncia el caso.
¿Cómo lo hicieron? Pues, explica el atestado policial, «sisando puntos» a la empresa ‘perdedora’ todos los apartados «que eran susceptibles de la más mínima interpretación. Según el criterio de la UDEF, si se hubiesen aplicado objetivamente los criterios de valoración a las ofertas presentadas, el resultado hubiese sido muy diferente, ya que Emerita habría obtenido seis puntos y medio más, una «amplia diferencia» con Magtel que le habría valido la adjudicación de la mina.
La manipulación de los técnicos a la hora de evaluar las propuestas es especialmente descarado, manifiesta la Policía Nacional, en el caso de la ingeniera de Minas Pilar Orche, asesora técnica de Ordenación Minera.
En su informe de valoración, esta asesora, destinada en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla), afirma literalmente que Emerita «se equivoca» a la hora de hacer los cálculos sobre las cuadrículas mineras sobre las que se va a investigar. Sólo en este apartado, la UDEF estima que la empresa denunciante perdió entre un punto y medio y dos puntos.
Pero la actuación de Orche no se limitó a un solo apartado. «Todos los cálculos realizados por esta ingeniera se escoran considerablemente en la misma dirección», sentencia la Policía.
Igualmente, en lo que respecta a la gestión de aguas, la propuesta de Minorbis adolece, en opinión de los investigadores, de anomalías e incumplimientos claros de los requisitos, hasta el punto de plantear una balsa de residuos prohibida.
Ayesa ‘espió’ para Magtel
No se quedan las irregularidades en el seno de la comisión técnica y de la mesa de contratación. Las pesquisas llevadas a cabo por la UDEF han revelado que, además, Magtel habría espiado a Emerita Resources a través de una empresa de ingeniería, Ayesa, que en un principio colaboró con Emerita Resources y que acabó trabajando para Minorbis, la filial de Magtel que se presentó y ganó el concurso.
Según el informe policial, Emerita negoció con Minorbis durante un tiempo la posibilidad de asociarse, y en ese periodo contactó con Ayesa y le facilitó su proyecto para el tratamiento del ciclo del agua en la mina, así como la forma de acceso subterráneo a la explotación.
Cuando se rompió el diálogo entre Emerita y Minorbis, Ayesa rompió con esta última y «fusila» partes importantes del proyecto de la primera en el proyecto que presenta la segunda.
