La polémica reapertura de la Mina de Aznalcóllar (Sevilla) por Minorbis-Grupo México, formado por la cordobesa Magtel y Grupo México, marca el decimoséptimo aniversario del vertido tóxico ocurrido en esta explotación el 25 de abril de 1998, que causó uno de los mayores desastres ecológicos de España. La Junta de Andalucía, por su parte, ha reiterado la “total transparencia” de esta adjudicación que preserva todas las cautelas financieras y ambientales, frente a las críticas de formaciones políticas, como IU.
Foto de archivo de rotura Aznalcóllar. EFE daniel Beltrá
Fuente: EFE
Al concurso internacional para reabrir esta mina, adelantado por la Junta de Andalucía al pasado 20 de febrero, concurrieron Minorbis-Grupo México y Emerita Resources España, filial del banco Forbes&Manhattan que ha denunciado judicialmente esta concesión al considerarla “irregular”.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga esta demanda, en la que Emerita Resources también denuncia prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal de la mesa de contratación.
La Junta de Andalucía, por su parte, ha reiterado la “total transparencia” de esta adjudicación que preserva todas las cautelas financieras y ambientales, frente a las críticas de formaciones políticas, como IU.
A esta demanda judicial y críticas políticas se han unido las denuncias públicas de WWF y Ecologistas en Acción sobre la mala reputación ambiental de Grupo México, que en agosto del 2014 protagonizó uno de los mayores desastres ecológicos en América, tras el vertido de 40 millones de litros de aguas tóxicas y metales pesados en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea (México).
WWF y Ecologistas piden a la Junta que no reabra la mina de Aznalcóllar porque al estar ubicada en la cabecera del río Guadiamar, principal afluente del Parque Nacional de Doñana, supone una amenaza permanente para este ecosistema, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera.
También denuncian que, pese a ello, la oferta ambiental de Minorbis-Grupo México fue la peor valorada en el concurso para esta reapertura.
El director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Juan José Negro, también alerta del riesgo ambiental de este proyecto minero y reclama que sea analizado en el Consejo de Participación de Doñana, órgano de consulta del espacio protegido.
A estas polémicas se une el conflicto laboral surgido en Aznalcóllar tras el despido de los catorce encargados del mantenimiento y la vigilancia medioambiental de la antigua mina.
Minorbis-Grupo México aduce que su explotación será subterránea, lo que reduce el uso de balsas de residuos como la que, al romperse en 1998, vertió al Guadiamar seis hectómetros cúbicos de lodos piríticos y aguas ácidas, cuyo impacto contaminante fue cien veces mayor que el de las 63.000 toneladas de fuel vertidas por el Prestige, según un estudio del CSIC.
La riada tóxica de Aznalcóllar de 1998 arrasó 4.386 hectáreas en 62 kilómetros de cauce del Guadiamar, principal afluente de Doñana y se logró detener justo en el límite del parque nacional.
Las administraciones central y andaluza desembolsaron más de 300 millones de euros para descontaminar el Guadiamar, expropiar casi todas las parcelas afectadas para que no se comercializasen alimentos o ganado contaminados y crear El Corredor Verde del Guadiamar, uno de los escasos corredores ecológicos que aún pueden conectar Doñana con Sierra Morena, por lo que fue declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y adscrito a la Red de Espacios Protegidos de Andalucía.
A este desembolso de fondos públicos se suman los más de cien millones del programa “Doñana 2005″, diseñado por el Gobierno central para la regeneración hidrográfica de este espacio protegido.
Los intentos por cobrar a la multinacional Boliden-Apirsa, propietaria de la mina accidentada, parte de estos fondos públicos han fracasado tras lustros de arduos litigios judiciales, y se han reactivado el pasado febrero tras volver a demandar la Junta de Andalucía a esta multinacional el pago de 89 millones de euros en un juzgado sevillano.
Minorbis-Grupo México anuncia una inversión de 300 millones de euros para reabrir esta mina, de la que pretende extraer 245.000 toneladas anuales de mineral durante 19 años.
La disponibilidad de agua después de que la presa de Boliden fuese expropiada o el manejo de los 820.000 metros cúbicos de suelos contaminados vertidos a la corta de Aznalcóllar que ahora se quiere explotar son otras incertidumbres que rodean la polémica reapertura de esta mina.
