Prácticamente la totalidad del movimiento ecologista gallego hizo entrega este miércoles en el registro del Parlamento las dos iniciativas que piden la prohibición del uso de cianuro en la minería y obliga a las empresas mineras que cuenten con las garantías suficientes para hacer frente a la totalidad de daños y las indemnizaciones que podrían derivar de un eventual accidente. Las dos propuestas, una Proposición Non de Lei (PNL) y otra PDL (Proposición de Lei), no prevee más que los grupos políticos trasladen al ordenamiento jurídico gallego el contenido de la resolución aprobada por el Europarlamento en 2010. Fuente: Contramínate
Aquella resolución del Parlamento Europeo solicitaba a la Comisión que hiciese efectiva la prohibición en todo el territorio europeo de las tecnologías mineras basadas con cianuro, como las que se pretenden usar en la mina de Corcoesto que la multinacional Edgewater proyecta en el municipio de la comarca de Bergantiños y que tanta polémica y rechazo esta provocando en la sociedad.
Tal y como recuerdan los diferentes grupos ecologistas (Adega, Federación Ecoloxista Galega, Amigos da Terra, Salva la Selva, Sociedade Galega de Historia Natural ou Verdegaia) en Europa países como Alemania, Hungría o la República Checa ya incorporaron a sus legislaciones esta prohibición del uso de cianuro. No obstante, en el Estado español la vigente Ley 22/1973 – predemocrática – esta “fuertemente orientada de lado a los productivismos, olvidando las consideraciones de salud pública y los impactos en el medio ambiente”. “En Galicia, la Ley 3/2008 de minería deja un amplio margen de maniobra para incorporar las recomendaciones que el Parlamento Europeo hizo en 2010 al respecto de este tipo de técnicas con alto potencial contaminante”, aseguran, algo que, aún, no se acaba de hacer.
Los tres grupos de la oposición, según indican los ecologistas, ya manifestaron su intención de trasladar estas iniciativas para su debate en la cámara. “Aguardamos también que el grupo mayoritario del PP sea sensible a esta problemática y permita desterrar para siempre el riesgo que para los ciudadanos y el ambiente supone el uso de miles de toneladas de este veneno en la minería”, aseguran.
