La Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León (Siemcalsa), participada por la Junta, promueve un proyecto para la explotación de un yacimiento polimetálico en las cercanías de Otero de Herreros. Desde hace siglos y de manera intermitente, de él se han extraído wolframio, estaño, zinc, cobre y plata. El yacimiento se ubica en un espacio de elevada calidad ambiental, incluido en un Área Crítica de Águila Imperial y catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).Creen que explotar el histórico yacimiento conllevará daños en el legado arqueológicoy desequilibrio en la economía de la zona.
Fuente: El Norte de Castilla
Los colectivos ecologistas ya han manifestado su rechazo a la iniciativa minera, que conlleva en su opinión riesgos no solo para el medio ambiente sino también para la salud. Además, consideran que se producirían impactos sobre el patrimonio arqueológico, así como sobre el desarrollo socioeconómico local. Tras analizar la información contenida en el documento inicial del proyecto, Centaurea y Ecologistas en Acción (EA) han presentado un informe ante la Junta de Castilla y León para alertar de esos riesgos.
Por una parte, en lo referente a la calidad del agua los ecologistas señalan que, de acuerdo con el planteamiento de los promotores, el 96% de las 300.000 toneladas que se pretenden procesar en la planta corresponderían a materiales que quedarían en parte acumulados a la intemperie, formándose una «escombrera de materiales finos» de cerca de ocho hectáreas. A lo largo de la vida del proyecto, estiman que se almacenarían cerca de un millón y medio de toneladas de materiales, lo que desde su punto de vista «constituye uno de los elementos potencialmente más peligrosos del proyecto, ya que previsiblemente la lluvia lavará estos materiales y producirá lixiviados que contaminarán las aguas».
Consecuentemente, quedarían afectados los arroyos de La Escoria y El Quejigar, que drenan la explotación y luego al río Moros, y los acuíferos sobre los cuales están situados los terrenos de las escombreras y los arroyos que la drenan. Para las organizaciones detractoras, en este punto se halla el mayor motivo de preocupación desde el punto de vista de la salud pública, ya que aguas debajo de la escombrera los arroyos citados circulan sobre el acuífero de Madrona, una de las fuentes esenciales de abastecimiento de la ciudad de Segovia. Se trata, dicen, de un acuífero situado en terrenos calizos, muy vulnerable a la contaminación, mientras que las cunetas y balsas de decantación previstas «no evitarán que los materiales finos depositados en la escombrera liberen sustancias contaminantes que, arrastradas por el agua de escorrentía, lleguen a los arroyos y, por filtración, a los acuíferos». «Se plantea un grave problema potencial de salud pública, que debe analizarse con rigor, ya que podría hacer inviable el proyecto», alertan.
Al problema del agua, los ecologistas suman el negativo impacto para el municipio de Otero. En este sentido, indican que la planta de tratamiento prevé situarse a apenas 500 metros del pueblo y, por tanto, las descargas de los materiales, el machaqueo y la molienda generarán «inevitablemente» partículas de polvo contaminante que afectarán a la calidad del aire e impactarán en la cubierta vegetal.
Daño al legado arqueológico
Presumen también daños en el patrimonio arqueológico. Al respecto, recuerdan que el yacimiento ha sido explotado históricamente y es el único ejemplo conocido de la intervención minera de época romana en la zona sur de Segovia. Su punto central, que es el Cerro de los Almadenes, está incluido dentro del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia. Desde 2009, la Sociedad Española de Historia de la Arqueología realiza excavaciones y prospecciones en el municipio que han aportado importantes conocimientos del lugar, lo que confiere al espacio un valor singular. De hecho, existen planes para su puesta en valor y uso turístico que podrían ser, según Centaurea y EA, incompatibles con la explotación.
Los ecologistas creen por otra parte que, dado que el tiempo de vida de la explotación se estima en unos 18 años, la propuesta no aportará un desarrollo sostenible en la zona sino que provocaría un desequilibrio en la economía local, «que tendría un crecimiento abrupto, pero efímero, seguido del abandono, igualmente abrupto, de la actividad».
Las asociaciones creen necesarios estudios complementarios para valorar, entre otras cosas, el impacto sobre las aguas subterráneas. De cualquier forma, advierten de que los principales metales que se extraerían del yacimiento pueden obtenerse, con menor impacto ambiental, mediante reciclaje de productos que los contienen una vez finalizada su vida útil. Esta alternativa, aseveran, es más ecológica y económica y tiene mayor interés social, ya que genera empleo y evita que se «dilapiden» los cada vez más escasos recursos energéticos.
