El órgano determina que son «insuficientes» las medidas ambientales preventivas y correctoras propuestas por el promotor.
Fuente: El Comercio
«El proyecto de mina Julita, a desarrollar en el concejo de Lena, se encuentra en el trámite ambiental», informaba la Consejería de Economía de Empleo a preguntas del PP en la Junta General. El expediente, se detallaba en el texto, se iba a debatir en la Comisión para Asuntos Ambientales (CAMA) el pasado 23 de abril «por observaciones planteadas por los representantes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico». Es este organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el que emitió un informe relativo a la tramitación ambiental del citado proyecto en el que se considera que en la documentación sometida a consultas ambientales «no se identifican ni caracterizan correctamente todos los posibles impactos al ámbito competencial de la CHC».
Asimismo, la Confederación entiende que «las medidas preventivas y correctoras propuestas por el promotor no pueden considerarse como suficientes, requiriendo la aportación de diversa documentación adicional».
Preocupación por el urogallo
Este nuevo impedimento para iniciar las labores en la exploración surge ahora tras casi cinco años de tramitación. Y es que el proceso administrativo para la apertura de la mina ha visto ya casi de todo, incluso se pidió desde el Principado un informe ambiental para ver si podía afectar la explotación a una población del urogallo en el Alto de la Cobertoria, especie de la que ya no hay vestigios en la zona desde hace más de un año.
Otro de los problemas es el acceso; el plan ambiental que ha presentado Coto Minero de Lena contempla habilitar una pista de dos kilómetros que cumpliría con dos requisitos fundamentales: respeta el entorno y ser viable para la empresa.
La Administración regional, por el contrario, contempla otra posibilidad, que conlleva el arreglo de una carretera de su titularidad que está en condiciones ruinosas y que no permite ni el paso de camiones por su mal estado.
De obligarse a esta opción, el proyecto sería inviable económicamente y se iría al traste. Supondría perder de manera inmediata el futuro medio centenar de puestos de trabajo previstos y también la posibilidad de ampliar la plantilla directa hasta el centenar. A todo ello hay que sumar los puestos indirectos que se crearían, dos por cada uno directo.
El pasado mes de mayo comparecieron el alcalde de Lena, Ramón Argüelles (IU); el diputado regional de esta formación, Aurelio Martín; y el ingeniero técnico de la empresa promotora de la mina, Aitor González.
Temor a la pérdida de empleo
El mensaje fue claro y unánime: hay que favorecer la creación de puestos de trabajo a la vez que se cumplen con los mandatos ambientales, al estar la explotación en una zona protegida. El alcalde señaló que su formación siempre apuesta por el respeto de las normas ambientales, pero que también es preciso apostar por la creación de unos puestos de trabajo «esenciales» para el concejo.
