En un momento en el que la Junta de Andalucía quiere relanzar la minería, desde la justicia llega otro tirón de orejas a la multinacional que se dedica a explotar en la comunidad uno de los yacimientos de cobre más importantes de Europa: Las Cruces, ubicado en los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras.
Fuente: El País
La fiscalía especializada en delitos medioambientales ha pedido que tres directivos y exdirectivos de la compañía sean condenados a cinco años y medio de cárcel cada uno por haber dañado un acuífero. La fiscal Yolanda Ortiz les acusa de los delitos de daños al dominio público y contra el medio ambiente. Además pide para cada uno tres años de inhabilitación, y solicita que paguen casi 650.000 euros. Cobre Las Cruces SL, del grupo First Quantum, debería responder subsidiariamente de las indemnizaciones.
Esta explotación está considerada la mayor mina de cobre a cielo abierto de Europa en activo. La veta que se explota tiene una elevada ley, que es el porcentaje de cobre que se logra por tonelada de mineral. La media del sector ronda el 1%, y la mina sevillana está en el 6%. Pero existe un problema: la veta está en mitad de un acuífero, el Niebla-Posadas, “del que se abastecen diversas poblaciones de la provincia de Sevilla”, apunta la fiscalía. Para preservar estas aguas la concesión que la Administración dio a la empresa incluía un listado de condicionantes. Pero la sociedad las incumplió de forma sistemática cuando inició los trabajos para llegar al mineral, según el criterio de la fiscalía y del Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla.
Tras una larga instrucción —que arrancó en 2008 y ha incluido negociaciones entre el ministerio público y la compañía que no han acabado en acuerdo—, la fiscalía ha pedido que se abra juicio oral contra Françoi Fleury, consejero delegado de Cobre Las Cruces hasta 2010, William Thomas William, encargado de aguas en la empresa hasta 2008, y María Paz Cosmen Schortman, que sigue como responsable de medio ambiente en la explotación. Así lo señala la fiscal en su escrito de acusación, presentado a principios de enero y adelantado por El Mundo.
La fiscal sostiene que la “dinámica de la empresa” fue el “incumplimiento” de las condiciones de la concesión. “Tras presentar el 8 de julio de 2005 un modelo hidrogénico y de gestión diferente al que había servido de base a la licencia (…) el 16 de septiembre de 2005 inició la ejecución de sondeos del sistema de drenaje e inyección sin haber obtenido la preceptiva autorización”. Como consecuencia de las actividades de la empresa, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir detectó “concentraciones de arsénico” superiores a las permitidas en el agua que se reinyectaba en el acuífero, indica la fiscal. También se localizaron “nueve balsas no autorizadas”. Fuentes de la empresa indican que esperan que el juicio se celebre pronto para poder “restablecer” la imagen de la compañía, al entender que no hay delito alguno. Al margen del proceso penal, las Administraciones le han abierto varios expedientes sancionadores.
