Manila, Filipinas – 18/04/08. Grupos ecologistas denunciaron hoy que son objetos de abusos, persecución e intimidaciones por parte del Gobierno de la presidenta Gloria Macagapal Arroyo, por criticar y oponerse a sus políticas medioambientales. Denuncian que 23 activistas han sido asesinados desde 2001 cuando la actual mandataria llegó a la jefatura del Estado. Vienen bregando por la abolición de la ley de 1995 que liberaliza el sector minero y una moratoria de todas las grandes explotaciones mineras para investigar sus denuncias. “Mientras que los filipinos son cada día más pobres, se han visto privados del derecho a respirar aire limpio, beber agua potable, comer alimentos sanos y vivir en un medioambiente protegido”.
Fuente: EFE
El coordinador nacional de Kalikasan-People’s Network for the Environment (www.kalikasan.org), Clemente Bautista, declaró a Efe que “23 activistas han sido asesinados desde 2001”, cuando la actual mandataria llegó a la jefatura del Estado. El asesinato de Napoleon Pornasdoro (27 de febrero), la desaparición de Joey Estriber (3 de marzo) y las amenazas de muerte recibidas por Crisanto de la Cruz (15 de marzo) constituyen los casos más recientes.
Bautista señaló que “los más sospechosos son militares y policías”, y apuntó que, de los 23 asesinatos, 18 corresponden a ecologistas que protestaban contra las operaciones de mineras extranjeras en el país.
“Hay un aumento creciente de activistas que afrontan persecución legal”, destacó Bautista, y anotó que tan sólo en 2007 las compañías mineras foráneas se querellaron contra 107 ecologistas. Dijo que no sólo no encuentran apoyo en la Administración, sino que además “los militares se han convertido en los guardias privados de las mineras”.
La presidenta filipina ordenó esta semana instalar unidades militares en las explotaciones mineras en la región de Caraga (sur) en prevención de posibles atentados terroristas. “Las inversiones en minas deben ser protegidas porque contribuyen mucho a los cofres del Gobierno y crean puestos de trabajo”, afirmó Macapagal Arroyo.
El movimiento ecologista filipino, que prepara una gran movilización el 22 de abril, con motivo del Día de la Tierra, pide la abolición de la ley de 1995 que liberaliza el sector minero y una moratoria de todas las grandes explotaciones mineras para investigar sus denuncias.
“Mientras que los filipinos son cada día más pobres, se han visto privados del derecho a respirar aire limpio, beber agua potable, comer alimentos sanos y vivir en un medioambiente protegido”, indicó el secretario del grupo RULANAS, Josie Guillao. El Ministerio de Medioambiente de Filipinas anunció el 2 de abril pasado que el país ha perdido cincuenta ríos a causa de la contaminación, entre ellos el Pasig, que desemboca en la capital, Manila.
