Consideran que la minería no trae progresos a sus comunidades sino más bien la destrucción del medio ambiente. El coordinador de Orpia, Gregorio Miraval, señaló que Amazonas no forma parte de Venezuela al no tener representación en la Asamblea Nacional. El coordinador de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), Gregorio Miraval mostró preocupación por la instalación del arco minero y alertó que es “una amenaza a los pueblos indígenas”.
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Fuente: Tal Cual
Considera que la minería trae destrucción para el pueblo pues se contaminan las aguas y “pretenden que nosotros bebamos de esas aguas sucias y también talan los árboles. Eso no es progreso, es destrucción”.
En el marco del foro organizado por el Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea), para presentar perspectivas sobre diferentes organizaciones sociales, Miraval fue consultado sobre la problemática en cuanto a los diputados electos de la entidad y señaló que ahora Amazonas no forma parte de Venezuela al no tener representación. “Pero desde hace mucho tiempo eso es así, parecemos otro país por todas las cosas que ahí suceden. Un pollo puede costar Bs. 3.000 y 20 litros de gasolina Bs. 80.000”.
Asegura además que hasta el momento ninguna autoridad ha explicado a las comunidades que hacen vida en el estado el porqué de esta situación y que simplemente se quedaron sin representación.
Gregorio Miraval relató que para llegar hasta Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, se deben pasar 7 u 8 alcabalas “como si fueran a viajar a otro país”.
Desde el Centro Letonia ubicado en La Castellana, Miraval, relató que luego de la masacre de los Yanomami por parte de los garimpeiros y de la matanza de ancianos, mujeres y niños en el Shabono Haximu, en el mes de agosto de 1993, se decidió conformar esta asociación que agrupó para ese momento a 19 comunidades indígenas que habitan en el estado.
El coordinador señaló que el principal objetivo de la organización es tener una representación que pueda defender los derechos indígenas ante el Estado, pues hasta ese momento y luego de diferentes ataques a las comunidades “no teníamos quien nos defendiera”.
Es por esta razón que en el año 1997, Orpia, demandó al Estado venezolano ante la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), exigiendo derecho a la consulta, pues Amazonas fue convertido en estado y las comunidades fueron divididas en siete municipios.
“La Corte Suprema nos dio la razón y nos pidió que elaboráramos nuestra propia Ley Político Territorial, aunque hasta ahora no se ha podido hacer”, relata Miraval.
Guajira militarizada
Por su parte, Olimpia Palmar, integrante del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, señaló que esta asociación está conformada por 105 comunidades de La Guajira y que se formó legalmente en el año 2002.
Sin embargo ya desde el año 1999 esta organización hacía vida en la comunidad por dos hechos, uno de ellos la muerte de dos niños Wayuu por manipular granadas, pues se había instalado una base militar donde funcionaba un polígono de tiro. Introdugeron la demanda y se lograron cuatro acuerdos, aunque la indemnización a las familias “no se ha cumplido y el caso sigue abierto”.
El otro hecho fue la Constituyente, donde se contemplaron derechos para los pueblos indígenas y Palmar comenta que realizaron actividades para formar a los miembros Wayuu para que conocieran sus derechos y pudieran ejercerlos.
Pero la coordinadora de este Comité asegura que los logros se empezaron a revertir a partir del año 2010 con la instalación de 10 distritos militares a nivel nacional, uno de ellos ubicado en La Guajira “y no se consultó a la población”.
Además pasaron de tener cinco alcabalas a 21 alcabalas militares y lo que hicieron fue “llamar a los voceros de los consejos comunales que estuvieron de acuerdo con la presencia militar, pero es que ellos no son autoridades propias de los pueblos indígenas, son representantes del Estado”.
Palmar aseguró que en los últimos cinco años ha habido 19 asesinatos de indígenas Wayuu, más de 40 heridos, 1 torturado, 1 desaparecido y 200 allanamientos. “Entre los asesinados hay 2 mujeres, una de ellas por cargar un bulto de arroz”.
Para Olimpia Palmar, coordinadora de este Comité, la demarcación de las tierras, otra deuda pendiente del Gobierno, acabaría con todos estos problemas.
Cuatro meses sin frontera
Palmar explicó que para los indígenas que hacen vida en La Guajira no existe la demarcación de la frontera como es concebida por los estados, lo cual ha dificultado la forma de vida de los Wayuu desde que se cerraran los límites con Colombia en septiembre pasado.
Aun así y con el estado de excepción decretado por el gobierno venezolano, Palmar indicó que han ocurrido tres asesinatos y aun “vemos frente a nuestras narices como pasan los camiones llenos de comida”.
Se les hace difícil visitar a sus familiares al otro lado de la frontera y argumentan que no pueden pasar nada porque se les acusa de “bachaqueros”, cuando asegura esa es su forma de vida y de cultura.
La coordinadora de DDHH asegura también que alrededor de 9.000 niños de La Guajira han dejado de asistir a la escuela y son reclutados para el bachaqueo “y los ponen a chupar gasolina de una manguera y no se sienten usados porque llevan la comida a la casa y un paquete de harina cuesta Bs. 800 y estoy segura que esto es solo un pedazo de la realidad de Venezuela”.
