Tres ministros eran interpelados el jueves en Uruguay por un proyecto de explotación de hierro a cielo abierto a cargo de una minera de capital indio, que es resistido por los daños ambientales que implicaría y que de concretarse sería la mayor inversión de la historia uruguaya.

Fuente: AFP y EFE

14/07/2011. Los ministros Graciela Muslera (Medio Ambiente), Ernesto Kreimerman (Industria y Energía) y Héctor Lescano (Turismo) fueron citados por el opositor Partido Nacional para consultarlos sobre las consecuencias ambientales y económicas para el país por la instalación de la minera Aratirí, filial local del grupo Zamin Ferrous, que explora desde hace dos años un área de 120.000 hectáreas en la zona de Cerro Chato (centro-este uruguayo) en busca de hierro.

El legislador nacionalista Gerardo Amarilla criticó duramente el impacto social que la mina tendrá en la zona, cuyos pobladores se han polarizado a favor y en contra del proyecto desde que comenzaron las exploraciones, así como el impacto ambiental que las operaciones causarán en el entorno.

Asimismo, Amarilla cuestionó la reciente reforma del código minero de Uruguay, impulsada por el Gobierno, y acusó al Ejecutivo de hacer esa norma al dictado de los intereses de Aratirí.

«Frente a los grandes impactos que este emprendimiento podría generar en otras áreas productivas consideramos que todo el proceso de decisión debe tener la más amplia transparencia», aseguró el diputado , al iniciar la interpelación, poco después de las 14H15 GMT.

Amarilla cuestionó «la política de los hechos consumados que pueda representar a los intereses extranjeros» y preguntó si el gobierno sabe «quiénes podrán asociarse a este proyecto» y qué «garantías» financieras y morales tendrían.

Los ministros descartaron todas las acusaciones e insistieron en que el proyecto aún no ha sido aprobado, pese a mostrarse muy favorables a una iniciativa «productiva» que dará «valor agregado» a la producción uruguaya.

La ministra Muslera sí reconoció que la minería a cielo abierto provoca cambios irreparables en el paisaje, una de las acusaciones más repetidas contra la minera, si bien consideró que «es posible cerrar una mina en forma correcta y científica».

Además, también señaló que la empresa generará más de 3.150 empleos directos durante su construcción y a 1.450 trabajadores durante su explotación (durante solamente 20 años), más empleos y de mejor calidad que los que ahora hay en la región.

Por su parte, el ministro Kreimerman consideró que la reforma del código minero no se modificó por Aratirí, sino «para ajustar al país a las demandas mundiales», lo que además significa incrementar «las exigencias» tanto en beneficios para el Estado como para «la transparencia» en los actores involucrados.

Esta interpelación a los ministros fue calificada hoy por el presidente Mujica como un intento de la oposición de poner «palos en la rueda» y criticó a los opositores por no haber querido debatir en su momento cuando se anunció el proyecto en 2007.

Por su parte, el presidente José Mujica cuestionó la interpelación desde su espacio radial semanal, difundido este jueves. «No recuerdo nunca una convocatoria de tal magnitud por algo que está precisamente a estudio», dijo Mujica.

Si se concreta, el proyecto minero representaría la mayor inversión privada de la historia, ya que -según la empresa- se acercaría a los USD 3.000 millones de dólares. El proyecto incluye un ducto de 200 km hasta el mar para llevar el producto, y un puerto de aguas profundas en la costa, cuyo impacto ambiental también es cuestionado.

El ‘Movimiento por un Uruguay Sustentable’ convocó a manifestarse «en defensa de la tierra y los bienes naturales» fuera del Palacio Legislativo en la tarde del jueves, mientras se desarrolla la interpelación.