La Cámara de Diputados aprobó por 58 votos en 94 el proyecto de ley de regulación de la minería de gran porte. En Tacuarembó, el grupo de activistas que busca prohibir la actividad en el departamento presentará en mayo las firmas suficientes para convocar a un referéndum.
Foto: concentración frente al congreso uruguayo en rechazo a la megaminería.
Fuente: Montevideo COMM
Con los votos del Frente Amplio, del Partido Independiente y de seis diputados blancos, el proyecto de ley que regula la minería de gran porte y que establece un cambio en la participación del Estado en las ganancias fue aprobado este miércoles en la Cámara de Representantes.
Los diputados Ricardo Berois, Gustavo Borsari, Rodolfo Caram, José Carlos Cardoso, Jaime Trobo y Carmelo Vidalín, todos de Unidad Nacional, fueron los legisladores blancos que acompañaron el proyecto. Aire Fresco y Alianza Nacional decidieron no acompañarlo. También el Partido Colorado resolvió no levantar sus manos en la sesión.
El texto, de 72 artículos, establece una actualización de normas para la industria minera y establece que las utilidades se dividirán en partes iguales entre el Estado y la empresa extractora. A ese reparto “fifty-fifty”, como lo llamó alguna vez el presidente Mujica, se le sumará la fijación de un adicional al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) aplicado sobre el cálculo de un margen operacional.
Además, el 70% del producido de los ingresos obtenidos por concepto de minería de gran porte constituirá el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII) que será administrado por el Banco Central del Uruguay. El restante 30% deberá ser incluido en las instancias presupuestales para reforzar el fondo, financiar proyectos productivos, de infraestructura y ambientales y fortalecer las capacidades técnicas de los organismos de control y seguimiento de los proyectos de minería de gran porte.
Una objeción de la oposición al fondo es que podrá recurrirse a él para enfrentar endeudamiento externo.
Referéndum
En tanto, los activistas de Tacuarembó que impulsan la prohibición de la minería en el departamento recogieron casi 11.000 firmas para que la Junta vote la medida o que el intendente convoque a un plebiscito. Daniela Pírez, integrante de la “Comisión por la vida y el agua”, indicó a Montevideo Portal que se necesitan unas 11.500 papeletas y que se tratará de presentar un 10% más.
Mientras el proyecto avanza en el Parlamento, los activistas realizan el recuento y el chequeo de las firmas obtenidas y elevaron a la Junta Electoral de Tacuarembó una consulta formal para conocer el número exacto que deben presentar.
Pírez explicó a Montevideo Portal que el grupo debió descartar papeletas por no tener los nombres completos de los firmantes o ser de personas de otros departamentos. También debieron salir a ubicar a algunos adherentes para que completaran sus datos.
El mecanismo utilizado es el de iniciativa departamental. Ante la presentación de las firmas del 15% del padrón electoral, la Junta debe aprobar la prohibición de la actividad minera o el intendente Wilson Ezquerra deberá convocar a un referéndum.
En caso de convocarse, sería el tercer referéndum departamental en la historia del Uruguay. El primero fue el del 3 de julio de 1927, en que se decidía a qué único departamento debía pertenecer Cerro Chato. Ganó el voto por Durazno, pero nunca se validó. Fue la primera vez que votaron las mujeres en Uruguay y en América Latina.
La segunda consulta popular departamental fue el “plebiscito del vintén”, realizado en Montevideo el 22 de julio de 1951, que sirvió para derogar una suba del precio del boleto de dos centésimos (de $ 0,10 a $ 0,12) dispuesta por el intendente quincista Germán Barbato.
