De 120 trabajadores, Aratirí tiene previsto dejar solo a 20 mientras aguarda que el Parlamento defina una ley de megaminería para decidir si concreta su millonaria inversión en Uruguay. Presidencia confía en que la empresa realizará la obra. La minera reconoce que existe oposición social, elemento determinante en esta reducción de su actividad en el rechazado proyecto para explotar hierro en el centro de Uruguay.
Fuente: El País
En diciembre se termina el plazo que comprende a los trabajadores de la minera Aratirí en un régimen especial de desempleo por un año, cobrando el 80% del promedio de las últimas 6 remuneraciones que les pagó la empresa.
Otros 200 trabajadores de empresas tercerizadas quedaron cesantes en agosto pasado.
El sistema era además rotativo, por lo que los trabajadores se alternaban entre el seguro de paro y la actividad en la empresa. Sin embargo, a partir del mes próximo, la empresa solo mantendrá 20 empleados en su planilla, al menos hasta que tenga luz verde para continuar con su proceso de instalación.
El contar con solo 20 trabajadores responde a una decisión de Aratirí, de mantener una mínima infraestructura en Uruguay.
La empresa propuso al Poder Ejecutivo un ambicioso proyecto para extraer hierro de la zona de Valentines (ubicada en los límites de los departamentos de Treinta y Tres, Florida y Durazno) y exportarlo a diversos mercados. Sin embargo, esa millonaria inversión está en duda tras algunas decisiones que tomó el Poder Ejecutivo y que la minera considera perjudican la concreción de su proyecto y el margen de ganancia previsto, dijeron fuentes empresariales a El País.
Por un lado está la construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha definido por el Poder Ejecutivo. La empresa necesita de una terminal portuaria de estas características para exportar el hierro que extraiga, pero planeaba algo diferente a lo resuelto por el gobierno. Ahora, Aratirí aguarda que el Ejecutivo cuente con un diseño del puerto para determinar si es posible insertarse en el mismo. Esto demorará la decisión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para definir si autoriza a la empresa a concretar su proyecto, ya que la propuesta presentada de puerto y mineroducto variará dependiendo del diseño que presente el gobierno.
El otro aspecto por el que la empresa no tiene decidido si concretará su inversión en Uruguay es el proyecto de ley que regula la minería de gran porte que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento, tras formar un grupo multipartidario para analizar el tema.
Aratirí comparte la posición de la Cámara de Minería en cuanto a que el proyecto tal como está redactado desestimula las inversiones en el sector minero, cambia reglas de juego y parte de conceptos erróneos. Por eso, Aratirí aguardará a conocer cómo será votado el proyecto en el Poder Legislativo para adoptar una resolución mientras sigue invirtiendo en proyectos mineros en otros países.
En Presidencia hay confianza en que la inversión de Aratirí se concretará (ver recuadro).
El director de la Dinama, Jorge Rucks, dijo que los funcionarios de esa dependencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, siguen trabajando sobre el proyecto original presentado por Aratirí. No obstante, señaló que algunos aspectos han cambiado. “Como el gobierno quiere un solo puerto y cambió su localización, se generó una situación de incertidumbre frente al proyecto inicial de Aratirí y ahora hay que determinar cómo se definirá el puerto y mineroducto previstos por la empresa”.
Por esto, la Dinama se concentró “en el análisis estrictamente del distrito minero para adelantar tiempo”, agregó. Rucks aclaró que no se hará ninguna evaluación final hasta tanto se clarifique la situación de transporte y salida del mineral. Esto dependerá del diseño del puerto, por el que la empresa deberá hacer su propuesta.
PRÓRROGA. “Como no hay posibilidades de reactivación de la fuente laboral, lo que hicimos fue presentar una nota al Ministerio de Trabajo, pidiendo la prórroga del seguro de paro en las mismas condiciones, debido a la importancia para una zona donde no hay fuente de trabajo genuina, porque no hay posibilidad de trabajar, esa es la realidad”, explicó Francisco Da Silva, el presidente del sindicato minero.
El dirigente advirtió que quieren mantener esa fuente de trabajo, porque “de lo contrario generará un caos social ahí en la zona” y adelantó que la semana próxima el sindicato mantendrá una reunión con la empresa para conocer a ciencia cierta cuál es el escenario a partir del primero de diciembre.
Los trabajadores de Aratirí en seguro de paro son 130, pero a ellos se suman los que en agosto pasado fueron despedidos de las empresas tercerizadas, que son más de 200.
“Esos doscientos trabajadores, más los ciento treinta que estamos hoy haciendo uso del seguro de paro, son más del 10% de la población de Cerro Chato”, indicó Da Silva.
Los obreros no ven cercana la posibilidad de una reactivación en el corto plazo de la operativa de la empresa. “El proyecto hace ya más de un año que está en una etapa de evaluación y autorización de los organismos de control, como Dinama y Dinamige, que tienen que aprobar el estudio de impacto ambiental, eso todavía le va a llevar un tiempo”, expresó.
Afirmó que para los trabajadores esto “es una especie de garantía”, porque “demuestra que se están haciendo las cosas bien, que se están tomando su tiempo y creo que es necesario que sea así”. “Queremos que si se aprueba sea un proyecto minero serio, sin errores y, a diferencia de lo que plantean algunos otros grupos sociales, ecologistas o pseudo ambientalistas, que desprestigian a los profesionales de la Dinama, hasta inclusive a los mismos trabajadores o al mismo pueblo en sí, nosotros sí confiamos en los organismos controladores y creemos que están haciendo las cosas bien”, agregó.
De todas formas, Da Silva planteó que esta demora “es una preocupación porque los tiempos de los trabajadores no son los mismos de los empresarios o políticos”. El sindicato se reunió con integrantes de la Mesa Política del Frente Amplio de Treinta y Tres, quienes se mostraron de acuerdo en extender el seguro de paro.
Gobierno se comprometió a dar “condiciones” y “señales claras”
El principal accionista de Zamin Ferrous, propietaria de Aratirí, Pramod Agarwal, estuvo reunido el pasado jueves con el ministro de Industria Roberto Kreimerman, y el asesor presidencial Pedro Buonomo.
El empresario manifestó “el interés de seguir con el proyecto” Aratirí y el gobierno les expresó el interés y la voluntad de que “haya condiciones para la inversión de privados”, en el marco de definición del proyecto de ley de megaminería presentado por el Ejecutivo al Parlamento, expresó Buonomo a El País. Agregó que el gobierno prevé que en marzo o abril esté aprobada la ley de minería de gran porte.
El asesor presidencial y exsubsecretario de Economía, dijo que Aratirí se está adecuando al nuevo marco normativo uruguayo, lo que implica la realización de algunos estudios adicionales. Agregó que en la reunión con Agarwal, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de “darle señales claras” sobre los plazos necesarios -una vez que estén los estudios adicionales- para dar las autorizaciones correspondientes, si Aratirí tiene el financiamiento y el proyecto es viable.
Buonomo opinó que la ubicación del puerto y el diseño que el gobierno pretende del mismo “no debería impactar significativamente en el plazo” del proyecto de Aratirí. Como dificultades para que Aratirí se instale, mencionó las complicaciones internacionales en el acceso a financiamiento, la mayor carga fiscal que implica el nuevo marco legal y la baja del precio del hierro.
Las cifras
200
trabajadores de empresas tercerizadas que realizaban tareas para la minera Aratirí quedaron cesantes en agosto pasado.
3.000
Son los millones de dólares de la inversión que Aratirí estima hacer en Uruguay para la extracción y exportación de hierro.
PROYECTO MINERÍA DE GRAN PORTE
1.PARLAMENTO CON PROYECTO DE LEY
El Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto que regula la minería de gran porte y aumenta la carga fiscal sobre el sector. La Cámara de Minería cree que desestimulará inversiones, cambia reglas de juego y parte de conceptos erróneos.
2.PARTICIPACIÓN DEL ESTADO
“El Estado debe participar eficientemente de una parte de las rentas económicas generadas por la explotación de recursos no renovables del cual es propietario y garantizar a la sociedad una asignación y gestión óptima a los objetivos trazados”, sostiene el proyecto.
3.DEFINICIÓN DE MEGAMINERÍA
Se define como “Minería de gran porte” al proyecto que ocupa una superficie superior a las 400 hectáreas, demanda una inversión superior a 830 millones de Unidades Indexadas (US$ 100 millones apróx.) en fase de construcción y montaje, y tiene un valor anual de comercialización del producto obtenido de actividad minera mayor a 830 millones de UI.
4.EL DESTINO DE LOS INGRESOS
Prevé que el 70% de los ingresos obtenidos por concepto de Minería de Gran Porte constituya el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII). El 30% de ese fondo se destinará al Fondo de Desarrollo de Interior para financiar obras de infraestructura, vivienda y obra social. El 65% financiará proyectos productivos y ambientales y el 5% se invertirá en fortalecer capacidades técnicas de los organismos de control.
5.CONTRATO DE CONCESIÓN
El capítulo tres trata de la firma de un contrato de la concesión para explotar minería que será firmado entre el Poder Ejecutivo y el titular del proyecto. Obliga a constituir una garantía de fiel cumplimiento del contrato previo a la firma del mismo, la cual deberá ser mantenida hasta un año después de la finalización de la vigencia del contrato.
6.NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO
El capítulo cuatro expresa pautas sobre el régimen tributario especial aplicable a la megaminería En su fundamentación, el proyecto expresa que el Estado, como propietario de los recursos del subsuelo y en particular de aquellos no renovables, debe participar de las rentas económicas generadas para su explotación, en el marco de que resulte para el inversor una Tasa Interna de Retorno acorde a los niveles internacionales. En ese marco, se crea el “adicional del IRAE específico a la renta proveniente de la explotación de la minería de gran porte”, como existe en Perú y Chile.
