En el transcurso de los años en que las actividades de minería se han estado llevando a cabo en Rep. Dominicana, sus auspiciadores y “defensores” no han podido demostrar que dichas operaciones son compatibles con el entorno y mucho menos con el ambiente, apenas son “compatibles” con la compra del silencio, que no es más que una especie de soborno o bozal para impedir que la opinión pública haga valer sus derechos, lo cual de por si es violatorio a los derechos humanos y al ejercicio de la libre expresión del pensamiento, un derecho ciudadano adquirido y consagrado en nuestra constitución.

 

Enviado por Félix Díaz Tejada

15/10/2011. Y sino que nos muestren los estudios de impacto ambiental realizados por entidades calificadas para tales fines, que le entreguen a la población los contratos de concesión y de explotación de áreas y yacimientos, que presenten los planes y compromisos de remediación del pasivo ambiental tras las terribles depredaciones llevadas a cabo durante más de 22 años en Loma Ortega, La Peguera, Caribe y Pueblo Viejo, mientras al mismo tiempo tienen en la mira de sus desmedidas ambiciones a Cerro Maimón y a nuestra emblemática Loma Miranda, ésta última propiedad de la provincia de La Vega.

De paso nos estamos refiriendo a las empresas que antes y ahora bajo diferentes denominaciones (razón social) realizan negocios de explotación minera en Rep. Dominicana, que son Falcondo Xstrata Nikel, Barrick Gold Corporatión y la Corporación Minera Dominicana. Con la forma “subterránea” de media verdades y media mentiras, con que se manejan las susodichas empresas y la Dirección General de Minería están violentando la Ley No. 200 – 04, sobre Libre Acceso a la Información Pública y la Ley No. 64 – 00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El derecho a disfrutar de un aire puro, libre de contaminación, la opción de defender nuestras fuentes de agua y el concepto inquebrantable de nuestra soberanía, son aspectos prioritarios y están por encima de nimiedades del poder político y del reparto de migajas y confabulaciones con pedigüeños y arrabaleros.

Resulta que estos ecosistemas aislacionistas, como es el caso del archipiélago de las Antillas, son extremadamente frágiles ante los cambios bruscos y la agresividad que implican las operaciones mineras, y aún más cuando se trata de negocios que a la postre terminan perjudicando a nuestra nación, incrementando las causas que conllevan al cambio climático y al calentamiento global, tal como indican las estadísticas de temperaturas en el municipio de La Vega, especialmente en los meses que transcurren desde mayo hasta octubre, con olas de calor que apenas hace 20 años no se conocían. Además del deterioro y alteración de los ecosistemas que tantos millones de años le ha costado a la madre naturaleza construir, alterando con ello la riqueza de nuestra biodiversidad, y para colmo las escasas áreas que estos desaprensivos han reforestado lo han hecho con especies exóticas, entre otras acacia (Acacia magium) y la casuarina (Casuarina equisetifolia, L.).

Los promotores de estos nefastos negocios se creen que aquí todos somos tontos, y que la obra patriótica de nuestros mártires y héroes son cosas del pasado, no sabiendo que siempre habrá soñadores dispuestos a defender la causa de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Gregorio Luperón, Concepción Bona, Manolo Tavárez Justo, Alfredo Peralta Michel, Francis Caamaño y Juan Bosch.

No podemos permitir que piratas y corsarios del Siglo XXI pretendan convertir este país en un desierto infernal, prevaliéndose de la pusilanimidad de gobernantes y el poder de genuflexión a que someten a los incautos.

Recordemos que incluso lo legal jamás suplante lo moral, ni mucho menos podrá suprimir los derechos ciudadanos a defender nuestras ideas y conocimientos, ni nuestro infinito amor por estas tierras que nos legó Dios y la madre naturaleza, no para depredarla sino para generar bienes y servicios para las presentes y futuras generaciones. Ninguna actividad mercantil y degradante podrá ser prioridad antes que la vida humana y de los demás organismos que habitan en nuestro planeta.

Las opciones para el desarrollo de nuestra nación no están en la minería, sino en la capacidad de acudir a la economía azul, al aprovechamiento de nuestros recursos naturales para el fomento del ecoturismo, turismo rural, la agropecuaria y las agroindustrias, la energía limpia, el cooperativismo, investigación y desarrollo, y del fortalecimiento de nuestras potencialidades exportadoras de estos renglones.