República Dominicana y la minera canadiense Barrick Gold anunciaron hoy que renegociaron el contrato de explotación de oro y plata que ejecuta la empresa en el país, que estipula ingresos extras de 1.500 millones de dólares durante los 25 años explotación previstos sobre los 10.000 millones de dólares que recibiría la nación en el convenio anterior. Barrick posee el 60% de Pueblo Viejo, el resto pertence a Goldcorp.
Fuente: Univisión
El nuevo acuerdo, que será enviado al Congreso Nacional (bicameral) para su ratificación, elimina una cláusula que permitía a Barrick Gold empezar a tributar al país a partir de la recuperación completa de su inversión.
En ese sentido, el Gobierno dominicano empezará a recibir de inmediato recursos por la explotación de la mina Pueblo Viejo ubicada en la provincia Sánchez Ramírez (noreste), que durante los próximos tres años alcanzarán los 2.200 millones de dólares.
El anuncio del nuevo acuerdo se produjo en presencia del presidente dominicano, Danilo Medina, y algunos de los principales ejecutivos de la firma canadiense, que arribaron al país el lunes pasado para culminar el proceso de negociación iniciado en septiembre de 2012.
“Las modificaciones a ser introducidas al contrato permitirán aumentar los ingresos por impuestos que el Gobierno recibiría durante la vida útil del proyecto en más de 1.500 millones de dólares, además de los 10.000 millones de dólares que se habían proyectado en marzo de 2013”, dijo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, al hacer el anuncio.
El funcionario explicó que el Gobierno espera recibir en total unos 11.600 millones de dólares en impuestos por las exportaciones de oro de la mina Pueblo Viejo, sujeto a un precio de 1.600 dólares la onza del metal en el mercado internacional.
“Este monto podría subir o bajar dependiendo del precio promedio del oro en el mercado de Londres”, agregó.
Montalvo, quien encabezó la comisión gubernamental que discutió con la Barrick Gold, dijo que el nuevo convenio da respuesta a las “legítimas” aspiraciones del pueblo dominicano y, al mismo tiempo, respeta las reglas de juego para la inversión privada.
“Deseamos agradecer el extraordinario aporte que ha realizado el Gobierno de Canadá en las negociaciones de este proceso”, apuntó el alto cargo, quien reiteró el compromiso del presidente Medina de destinar hasta el “último centavo”, fruto de este contrato y su nueva enmienda, a mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano.
Mientras, el presidente en el país de la Barrick Gold, Manuel Rocha, afirmó que las negociaciones han sido “muy complejas”, al tiempo de defender la inversión de la empresa en el país que cifró en los 4.500 millones de dólares.
“Barrick vino para quedarse; para asumir un compromiso de largo plazo y vamos a trabajar a menos que nos expulsen, y no creo que eso vaya a ocurrir, vamos a trabajar para contribuir al desarrollo del pueblo dominicano”, expuso el ejecutivo.
Antes del anuncio del nuevo acuerdo, la Dirección General de Aduanas dominicana permitió la salida de embarque de oro que le había retenido a la Barrick Gold la semana pasada.
El anuncio del Gobierno dominicano y la minera canadiense supone el final de unas negociaciones “muy fuertes y delicadas”, como expresaron altos funcionarios oficiales recientemente.
Se recuerda que el presidente Medina denunció el contrato de explotación de oro durante su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional el 27 de febrero pasado cuando advirtió a la Barrick Gold de que debía sentarse a negociar un nuevo contrato, porque de lo contrario sometería un proyecto de ley que gravaría las ganancias extraordinarias de las explotaciones mineras en el país.
Luego de esas declaraciones, Medina recibió el respaldo de prácticamente todo el país en sus pretensiones de renegociar el acuerdo de explotación de oro y plata que se extraen de la mina dominicana.
Diversas organizaciones políticas, religiosas, gremiales y agrupaciones estudiantiles han exigido durante todo ese tiempo una renegociación “justa y adecuada al interés nacional”, mientras grupos más radicales han reclamado del Gobierno la nacionalización de las operaciones en el país de la minera.
