El enfrentamiento entre las fuerzas del orden y manifestantes opuestos al proyecto minero Conga deja tres civiles muertos y 22 heridos. El episodio se vivió este martes en la plaza de armas de Celendín, provincia de la región Cajamarca.
Fuente: Celendin Libre
El Gobierno de Ollanta Humala está a punto de cumplir un año y ya carga con 15 muertos en enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden en distintos conflictos sociales donde han chocado los intereses de los ciudadanos con los de las empresas o el Gobierno. El último episodio se vivió este martes en la plaza de armas de Celendín, provincia de la región Cajamarca, en la sierra norte, donde murieron a tiros tres civiles –entre ellos un menor- y quedaron heridos otros 22 y dos policías. Horas después, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, declaró el estado de emergencia en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca.
El estado de emergencia se vuelve a declarar en las tres provincias de la región de Cajamarca después de seis meses y en el día 32 de movilizaciones contra el millonario proyecto minero Conga de las empresas Yanchocha y Newmont. Las protestas de diciembre provocaron la caída del ex primer ministro Salomón Lerner y su sustitución por Óscar Valdés. La administración Humala aceptó que un equipo de expertos internacionales evaluara su impacto ambiental y en abril los peritos recomendaron que la operación no destruya las lagunas de las cabeceras de cuenca donde se encuentra el proyecto. En junio, la empresa indicó que aceptaría algunas de las recomendaciones, aunque no aseguró que pudiera preservar las lagunas y el presidente Humala saludó la “nueva minería” más respetuosa.
“Los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de personas intentó impedir que el alcalde de Celendín entrara al Ayuntamiento y rodearon el local”, comentó a EL PAÍS desde Cajamarca el periodista de Noticias Ser Aldo Santos. El regidor dejó su ciudad y su despacho hace meses, debido a que los celendinos lo rechazaban porque está a favor del proyecto Conga. “Atacaron el local del Serenazgo y la Gobernación (en el Ayuntamiento) y entonces actuó la policía”, agregó Santos.
Por su parte, el ex sacerdote Marco Arana, líder de la organización política Tierra y Libertad, indicó en Canal N que un grupo de obreros de construcción exigía, por fuera del Ayuntamiento, el pago atrasado por los trabajos en una escuela y, a la vez protestaba en solidaridad con la población de Celendín contra el proyecto minero. Según el ministerio del Interior, los manifestantes intentaron tomar el edificio armados y dispararon a las piernas de dos suboficiales de policía.
Fue entonces cuando la policía se replegó y efectivos del Ejército intervinieron para dispersar a quienes estaban destruyendo material en el local municipal.
En el enfrentamiento, murieron Eleuterio García Rojas, de 50 años, José Faustino Silva, de 35, y el menor C.M.A de 17 años. Enelva Hoyos, trabajadora del hospital de Celendín, dijo a EL PAÍS que la noche del lunes estaban programadas operaciones a algunos de los 22 heridos en cuanto llegaran especialistas y anestesistas porque en su única ambulancia ya habían mandado a la capital de la región a un herido con pronóstico reservado.
La semana pasada, Newmont y Yanacocha anunciaron que iniciarían la construcción de unos depósitos que reemplazarán el agua de las lagunas destinadas al proyecto Conga. Un sector de cajamarquinos y de autoridades locales está conforme con dicha operación, pero se oponen el citado Marco Arana, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, el Frente de Defensa de Cajamarca, y la Plataforma Institucional de Celendín.
Consultado este lunes el presidente Humala acerca de la situación en Cajamarca, pues la empresa había solicitado garantías para poder empezar las obras de los depósitos, dijo que quienes no respetaran la propiedad privada tendrían que “atenerse a las consecuencias”.
El sábado pasado, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, situada en la plaza de armas de Celendín, divulgó un comunicado ante la presencia masiva de las fuerzas del orden, en el que urgía “a la Policía y al Ejército, con presencia innecesaria en nuestra provincia, a mantener una postura de serenidad y comprensión con un pueblo que no tiene otra pretensión que hacer oír su voz en defensa del agua y de la vida”.
Con la declaración de emergencia vuelve la tensión extrema entre el gobierno y quienes protestan contra el proyecto, que supone una inversión de cuatro mil millones de dólares (3.100 millones de euros). La situación regresa al mismo punto muerto de haces seis meses. El obispo emérito de Chimbote Luis Bambarén pidió este martes la mediación de la iglesia, como indicó el jueves pasado el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro, al respaldar la participación del sacerdote Gastón Garatea en este conflicto.
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