Antimineros viajaron a Arequipa, liderados por dos alcaldes del valle. Rechazan tajantemente el proyecto.
Fuente: La Repùblica
Es mediodía del viernes en Cocachacra, distrito de la provincia de Islay, donde se han articulado las últimas protestas contra el proyecto minero de Tía María. La sensación de calor resulta infernal. Desde la plaza principal, los cultivos de arroz y otros productos de pan llevar regalan una vista ecológica. Según los opositores a la actividad minera esta postal desaparecerá cuando Southern empiece a explotar dos tajos de cobre, ubicados a menos de tres kilómetros de distancia. Las calles están vacías y solo hay bullicio en el mercado principal. En las afueras, algunos cobradores de combis llaman pasajeros para viajar a la playa ubicada a 20 kilómetros del lugar.
En el mercado, Betty Carbajal tiene un puestito de verduras. Hace más de 50 años vive en Cocachacra, estudió, se casó y crió a sus hijos en este distrito agrícola. Está al tanto de lo que hará Tía María. Sabe que primero explotarán la reserva de La Tapada y está preocupada.
“Ves ese cerro que está detrás de nosotros. De ahí sacarán el cobre. ¿Te das cuenta qué tan cerca están de nosotros? Southern dice que no contaminará. Deberían firmar un documento donde se comprometan a no hacerlo”.
Frente a ella está Mary Condori que mantiene una posición cerrada. “Quienes quieren a la minera son unos flojos que no saben trabajar la tierra. ¿Hoy hay marcha a favor del proyecto en Mollendo? Lanza una sonrisa y amenaza viajar a la capital de la provincia de Islay, a lanzarles piedras.
En el área de Pollos, Isabel Bermedo es más optimista. Dice: “la minería de ahora es responsable, fui a los talleres y charlas y explicaron que hay países donde la minería y la agricultura conviven y ninguna se perjudica. Si queremos desarrollo, este proyecto tiene que salir”, dice.
Son tres posiciones que resumen el estado de ánimo de los pobladores de Islay sobre Tía María. Las dos primeras enfrentadas, unos apoyan la minería, otras la rechazan y una tercera que la admite pero con ciertas condiciones. Hace cuatro años la realidad era diferente. Se había articulado una visible oposición contra Southern. En 2011, eso desembocó en manifestaciones violentas con tres muertos y cientos de heridos. El saldo fatal obligó al Ministerio de Energía y Minas a cancelar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Además UNOPS le halló 138 observaciones. Southern ha vuelto a efectuar un nuevo EIA que no pasó por este filtro.
Años después y con una política menos arrogante y más persuasiva, la minera ha cambiado la opinión de un sector de habitantes. Este viernes por la tarde, en Mollendo, cientos se movilizan respaldando la inversión minera.
“No te puedo decir mi nombre, porque otros como yo han hablado a favor de Southern y los antimineros han ido a destrozar sus casas. Es una lástima pero así vivimos”, dice la dueña de un restaurante que testimonia la intolerancia que comienza a nacer entre las partes enfrentadas.
Conflicto activo
La Oficina de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo recategorizó el mes pasado Tía María. Pasó de ser conflicto “latente” a “activo”. Eso significa que las demandas o actos se realizan de forma pública, cuando los reclamos traspasan las barreras geográficas y se vuelve de conocimiento nacional.
Para la Defensoría el conflicto se encendió, el pasado 22 de enero, con unas declaraciones del director de Finanzas de Southern Cooper, Jorge Pulido, quien anunció de la luz verde obtenida del gobierno para empezar a construir el campamento. Al día siguiente de la publicación en los medios nacionales, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Cornejo y el presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, acudieron a sus oficinas, previa visita al Minem para comunicarles la situación y solicitar una aclaración.
Días después (27 de enero) la Dirección General de Minería (DGM), encargada de autorizar los proyectos de gran minería, desmentía la información aclarando que el proyecto se encontraba aún en evaluación.
Después de este mal entendido hubo otros encontronazos que advertían la división en Islay. El Colectivo por el Desarrollo y Progreso de Islay realizó una marcha en favor del proyecto minero en el distrito de Cocachacra. El acto fue empañado por conductas violentistas de parte de unos 200 antimineros. Los atacaron con piedras y palos.
Es más antiguo
Pese al análisis de la Defensoría, para el director ejecutivo de ProDiálogo, (ente especialista en la prevención y resolución de conflictos) Javier Caravedo Chocano, el conflicto minero data de años atrás y no solo de estos días. La presentación del EIA fue empañada con actos de violencia en diciembre de 2013. La audiencia salió adelante gracias al férreo control policial.
“Que un conflicto no genere noticias durante un tiempo no quiere decir que haya desaparecido. El conflicto siempre estuvo, porque en términos sociales nunca se resolvieron los problemas de fondo”.
Los opositores insisten que Tía María contaminará y destruirá los campos de cultivo. El alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, afirma que una muestra de buena voluntad de la minera sería someter su estudio ambiental a la fiscalización de la UNOPS.
Caravedo explica que una de las características del escalamiento y crisis de un conflicto es precisamente cuando empiezan a surgir divisiones entre la población. Es decir cuando surgen enfrentamientos entre los mismos actores de allí, explica, nacen las etiquetas de “antimieros” y “promineros”.
Agregó que la intervención del Estado en este punto es importante, pero que en realidad se debió hacer desde hace tiempo atrás.
“Los proceso de diálogo que se inician en esta etapa ya no son colaborativos sino en un tema de tira y afloja por lo que no puede haber verdaderas soluciones. El diálogo debe ser preventivo, “. El verdadero desenlace de esta historia se conocerá en menos de tres semanas. Cuando el Estado oficialice los permisos finales a favor de Southern.
