Ejecutivo y mineras se ubicaron en posiciones extremas, luego se acercaron y finalmente sellaron un acuerdo satisfactorio para ambas partes, dicen.

Fuente: diario La República

27/08/2011. No fue hasta las 2 de la madrugada del jueves que hubo «humo blanco» en las negociaciones entre el gobierno y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para la aplicación de un impuesto a las sobreganancias mineras.

En los días previos a la presentación del gabinete en el Congreso, las conversaciones, iniciadas dos semanas antes de la juramentación de Ollanta Humala, fueron intensas, pues el objetivo del gobierno era que el primer ministro Salomón Lerner ofreciera un anuncio concreto más allá de una promesa; pero por el lado privado no había premura, y fuentes de ese sector hacían hincapié en que nunca se fijó una fecha límite para finiquitar un acuerdo.

A solo un día de la exposición de Lerner, la situación era la siguiente: se gravarían las utilidades operativas y no las ventas totales de las mineras, resolución que se había alcanzado ya hace unas semanas, pero no estaban definidos los porcentajes de la nueva estructura tributaria.

El miércoles por la mañana se inició una reunión clave en la sede de la PCM, pero la sesión del Consejo de Ministros obligó a suspender el diálogo, el cual se retomó a las 8 de la noche y se prolongó hasta la madrugada del día siguiente con el resultado conocido: las empresas mineras pagarán un gravamen aproximado de S/. 3.000 millones anuales.

Óbolo vs. impuesto

¿Pero cómo se llegó a este acuerdo que superó las expectativas, considerando que por el aporte voluntario u «oboló minero» que se pactó durante el gobierno de Alan García se obtuvo, según cifras oficiales, S/.2.282 millones en cinco años?

«Pues no fue fácil», reconoce un miembro del equipo negociador del gobierno.

Las partes discutieron primero la parte técnica y se convino en que la base imponible se aplicaría a las utilidades operativas, como planteó el sector minero. Luego vendría lo difícil: ponerse de acuerdo en los montos que se recaudarían bajo esta modalidad. El gobierno planteó de S/. 6.000 a S/. 5.000 millones anuales, los mineros S/. 1.000 millones.

Alta tensión

Es esta etapa de la negociación que aparece el famoso spot, pagado por la SNMPE, de Juan Carlos Oblitas, quien comparó la situación tributaria de las mineras en el Perú y en Chile, dejando sentado que en nuestro país se les cobraba muchos más impuestos.

Ese fue un episodio particularmente tenso que perturbó el diálogo. Otro momento difícil ocurrió hace una semana, cuando los mineros dejaron saber –vía declaraciones off the record en la prensa–que una recaudación superior a los S/. 2.000 millones anuales «era una meta inalcanzable».

Frente a esta arremetida, el equipo oficialista apeló a la buena voluntad expresada por los empresarios mineros de contribuir a la inclusión social, y finalmente logró que duplicaran la oferta inicial.

«La decisión y la voluntad política de obtener lo máximo pesaron en las negociaciones. No había duda sobre lo que pensaba y quería el presidente Humala. Todos concluimos en que había que hacer el máximo esfuerzo, y hacia allí fuimos», señaló nuestro informante.

Otra fuente del Ejecutivo reveló que pese a que rubricaron un acta de entendimiento, el equipo negociador minero no ocultaba su descontento por el resultado final de la negociación.

«Con el anterior gobierno quedamos en S/. 500 millones por año, ahora es de 6 a 7 veces más», reclamaban. También apelaron a sus contratos de estabilidad jurídica.

Tras el anuncio oficial, el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, dijo que se cumplió el objetivo planteado en la Hoja de Ruta.

«Se logró la mayor contribución, pero sin que el Perú quede desechado en la competitividad», declaró.

Por su parte, Pedro Martínez, de la SNMPE, sostuvo que con el acuerdo el sector minero ratifica su compromiso de contribuir a la reducción de la pobreza en el país.

Así, todos felices y satisfechos… al menos para las cámaras.