La promesa del nuevo presidente de Perú, Ollanta Humala, de poner en vigencia el derecho de consulta previa a las comunidades indígenas, por el que las organizaciones nativas han luchado durante años, abre nuevas perspectivas para los moradores originarios de los Andes y la Amazonía de este país.
Por Manuel Robles Sosa publicado en diario Alfa
31/08/2011. Las expectativas se reflejan también en el hecho de que Humala ganó por abrumadora mayoría en las regiones de población indígena, como la andina suroriental de Puno y la normazónica de Amazonas, donde en algunas jurisdicciones alcanzó la casi totalidad de los votos.
La organización Gana Perú, de Humala, tiene entre sus parlamentarios electos a Eduardo Nayap Kinin, integrante de la combativa etnia amazónica Awajún y quien está decidido a impulsar en el Congreso de la República la aprobación de la Ley de Consulta, en cumplimiento de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esa convención establece la consulta previa y, de acuerdo a la Constitución, tiene valor jurídico de ley nacional, pero no fue aplicada por el gobierno saliente de Alan García (2006-2011), quien comparó a los indígenas con “el perro del hortelano” -que no come ni deja comer- por rechazar la actividad de empresas petroleras, mineras y forestales en sus territorios, una resistencia que obedece a la convicción de que esas operaciones depredan el hábitat selvático.
Según esa administración, no bastaba la convención, sino que hacía falta una norma específica que la pusiera en vigencia, pero no la aprobaban ni el Ejecutivo ni la mayoría oficialismo-conservadores, motivando crecientes reclamos de los nativos, para quienes cualquier emprendimiento en sus tierras debe serles previamente consultado y, más aún, debe contar con su anuencia o no realizarse.
En vez de atender sus demandas, en 2008 y 2009 el gobierno y la mayoría legislativa con la que contaba aprobaron una serie de decretos que abrían la Amazonía a las inversiones, con objetivos de explotación de sus riquezas y modernización preconizadas por García, y de adecuación de la legislación nacional a las exigencias de un tratado de libre comercio (TLC) firmado por el gobierno con Estados Unidos.
Ello dio lugar a grandes protestas pacíficas de los nativos amazónicos organizados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), para exigir no solo la aplicación del derecho de consulta previa, sino la anulación de las normas impuestas por el gobierno, sin encontrar acogida en el gobierno.
El 5 de junio de 2009, tras varios meses de protesta, los nativos selváticos se aprestaban a retirar un bloqueo vial en la llamada “Curva del Diablo”, cerca de la ciudad de Bagua, en el norte de la Amazonía peruana, en cumplimiento de una decisión de Aidesep, de cesar las medidas de fuerza y replegarse a sus pueblos en la selva, para resistir allí el ingreso de empresas petroleras, mineras y forestales, a tiempo de desarrollar una batalla legal contra las medidas y la política gubernamental.
El gobierno dispuso ese día una operación policial para despejar la “Curva del Diablo”, según diversos testimonios para escarmentar a los nativos antes del repliegue, pero estos, en su mayoría aguerridos awajunes, se enfrentaron a los policías con un saldo fatal de 13 uniformados muertos y un desaparecido, así como diez civiles fallecidos. Cerca de allí, en una estación del oleoducto Nor-Peruano, grupos de nativos ultimaban a diez policías cautivos.
Una ola de indignación y de solidaridad con los nativos recorrió el territorio peruano ante la tragedia y una crisis política determinó la recomposición del gabinete ministerial, así como la atención parcial de los reclamos indígenas, mediante un acuerdo para que el gobierno, un grupo de técnicos, el Parlamento y los indígenas concerten nuevas normas para la selva y, en especial, la anhelada ley de consulta previa.
Las partes concertaron la ley de consulta y lograron que el Congreso de la República la apruebe por amplia mayoría, en 2010, una norma de reconocimiento del derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre las medidas legales, planes, programas y proyectos económico o de otra índole que afecten directamente sus derechos, sean estos físicos, de identidad, calidad de vida o desarrollo, según definición del flamante parlamentario awajún Nayap Kinin.
Cuando casi todas las fuerzas políticas, la prensa y las organizaciones sociales celebraban el logro alcanzado, el presidente García usó sus prerrogativas para negarse a poner en vigencia la ley, le hizo una serie de observaciones esenciales y la mandó de vuelta al poder legislativo, donde permaneció hasta el fin del gobierno, el 28 de julio de 2011, sin que los parlamentarios asuman o rechacen los reparos del jefe de Estado.
Un balance de Aidesep señaló que sus reclamos no habían sido atendidos, condenó un proyecto de ley forestal contrario a los intereses de los indígenas y demandó que el nuevo gobierno ponga en vigencia la consulta previa, anule la ley forestal y consulte con los nativos cualquier nueva norma que afecte a la Amazonía.
Pero el problema no se limitaba a la Amazonía, pues la defensa del medio ambiente frente a la depredadora actividad minera o petrolera es la causa de la gran mayoría de más de 220 conflictos sociales que el gobierno saliente deja al nacionalista Ollanta Humala y que se localizan además en las regiones andina y costera de Perú.
Para Nayap Kinin y otros dirigentes políticos y analistas, la ley de consulta es la única manera de solucionar esos conflictos, al reconocer el derecho de las comunidades a ser escuchadas. La aprobación de la norma, además, dice el legislador awajún “contribuirá a que las concesiones y la búsqueda de las riquezas naturales en la Amazonía se hagan de una manera justa, transparente y respetando los derechos de las comunidades indígenas”.
En las semanas previas a la elección ganada el 5 de junio por Humala, irrumpieron las comunidades aimaras de la región surandina de Puno, colindante con Bolivia, para exigir el retiro de las actividades mineras y su prohibición, alegando la defensa de las fuentes de agua, la agricultura, la ganadería y la preservación del Lago Titicaca compartido por Bolivia y Perú.
Esas comunidades mantuvieron una larga huelga que cerró la frontera con Bolivia y que solo fue interrumpida por una semana para permitir la citada elección. Otras provincias de la región de Puno realizaron similares protestas, mientras analistas de diversas posiciones coinciden en que el gobierno saliente deja a la nueva administración una explosiva situación social.
En Perú las cifras oficiales indican que hay más de seis millones de indígenas quechuas y aimaras andinos, con gran influencia cultural como componente esencial de la cultura peruana, y unos 330 mil nativos amazónicos que forman unos 50 pueblos organizados en miles de comunidades, más lejanos y dispersos en la selva poco accesible.
Los quechuas y aimaras hablan los idiomas del mismo nombre, ubicándose los primeros en los valles y las alturas de los Andes, y los segundos en el Altiplano andino, sobre territorio de Perú y Bolivia.
Los originarios de la Amazonía hablan cada pueblo su propia lengua y las lenguas están agrupadas en 14 grandes familias lingüísticas.
