Conoce razones por qué pueblos indígenas protestan contra mineras. Las protestas de los pueblos originarios en Puno en el sur de Perú se han detenido temporalmente para garantizar las elecciones presidenciales del domingo 5 de junio. Las demandas de las comunidades quechua y aymara se originan en la discriminación que hace el gobierno de Alan García, al otorgar licencias a corporaciones mineras sin previamente consultar a la población afectada por la contaminación y la falta de reinversión social de la minería.
Fuentes: Noticias Ser y Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería CONACAMI
01/06/2011. Conversé vía telefónica con el dirigente quechua Pablo Salas Charcas, secretario de CONACAMI, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Perú, una organización independiente y comunitaria que promueve el respeto de las comunidades que viven en regiones afectadas por la minería.
En esta entrevista Pablo Salas Charcas describe la protesta del pueblo de Puno, los motivos que tienen y las propuestas que tienen, y denuncia los intentos de contrabandistas posiblemente contratados por las mineras para desprestigiar la protesta indígena, y comparte un mensaje para los peruanos que no comprenden lo que ocurre en Puno:
Razones de la protesta
Los pueblos quechua y aymara de Puno no se oponen a la minería completamente, sino quieren ser incluidos en el proceso de otorgamiento de licencias, para definir dónde es conveniente extraer minerales para evitar contaminar las cuencas de sus ríos y que llegan al lago Titicaca. Este no es solamente el lago de agua dulce más grande de Sur América, sino es un símbolo sagrado de la cosmovisión andina.
El problema es que el gobierno de Lima continua con su mentalidad racista de exclusión, otorgando licencias a empresas mineras –en su mayoría extranjeras- sin consultar a los pueblos originarios que viven en las regiones donde se ubican los yacimientos mineros. El gobierno de Alan García no ha aprendido de la lección de Bagua, donde la masacre en 2009 fue causada por los mismos motivos de las protestas en Puno.
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En este mapa pueden ver los proyectos mineros más importantes que han desatado esta protesta. Estos proyectos van a continuar porque son estratégicos para los países involucrados: Canadá, Reino Unido y EE.UU. sobre todo los yacimientos de uranio que sirven para la energía atómica y que son de mucho interés para EE.UU. de acuerdo a un cable de ese gobierno revelado por WikiLeaks.
De acuerdo a los comentarios que veo en medios de comunicación [la BBC los llama “furiosos indios ” y en las redes sociales, muchos peruanos creen que las revueltas de Puno son motivados por intereses políticos, y eso no es cierto.
Los pueblos aymaras y quechuas de Puno quieren que se les considere en las negociaciones para garantizar que la minería no impacte el medio ambiente contaminando las aguas y el aire, que ellos vienen cuidando por siglos. Ellos quieren ser beneficiados económicamente y con empleos dignos, y están en todo su derecho.
El gobierno de Lima cree que promoviendo la inversión extranjera sin consultar a los pueblos estan promoviendo el desarrollo del Perú, pero lo que hacen es promover conflictos sociales. El web del Ministerio de Energía y Minas publica la lista de proyectos mineros en el país (archivo PDF), sin consultar a los peruanos.
Finalmente, denuncian que los actos de violencia han sido provocados por elementos que apoyan a la minería, ligados al gobierno de Alan García, por contrabandistas y posiblemente partidarios de Keiko Fujimori.
Las protestas contra las mineras continuarán hasta que los pueblos originarios sean escuchados. Todo esto no debería ocurrir, el gobierno de Perú debería consultar a los pueblos afectados antes de otorgar licencias a empresas de industrias extractivas como la minería, extracción de gas y petroleras. Es lo justo, es lo humano y lógico. Todo lo contrario es corrupción, discriminación, destrucción y abuso.
Entrevista con presidente regional de Puno: “Si los campesinos no admiten el uso de sus tierras, no habrá minería”
Mauricio Rodríguez, presidente regional de Puno, en entrevista con Noticias SER luego de la reunión llevada a cabo en el MEM el día sábado, opina sobre los acuerdos y las responsabilidades en el conflicto que atraviesa la región Puno alrededor de la problemática minera.
¿Cómo interpretar los acuerdos que se han tomado en la reunión con los Ministros en la ciudad de Lima?
Hay que destacar que el acuerdo pone en aplicación el derecho a la consulta previa mediante el Decreto Supremo 023 que reglamenta este derecho. Significa un paso importante ya que de hoy en adelante no habrá concesiones sin que las comunidades se hayan pronunciado.
¿Será un precedente para este tipo de conflictos?
En adelante los pueblos van a tener mejores condiciones para proteger sus tierras y recursos naturales. Eso es muy importante porque uno de los elementos fundamentales de esta lucha ha sido la aplicación del Convenio 169 y finalmente eso se ha logrado como parte de las demandas planteadas al gobierno nacional. Por otro lado, también se ha aclarado que la cancelación de las concesiones depende de la autorización de uso de sus tierras por parte de los hermanos campesinos. Es decir, si los campesinos no venden sus tierras a las mineras no habrá minería, si ellos no admiten el uso de sus tierras, no habrá minería. Creo que se ha avanzado en la aclaración de la legislación y el derecho a la consulta previa y a la licencia social. Si no hay licencia social no es posible que la mina entre a un territorio.
¿Cómo queda el caso del proyecto Santa Ana?
Lo que se ha acordado es la suspensión de los trámites de la aprobación de Estudio de Impacto Ambiental de Santa Ana por 12 meses. Asimismo, antes de que pueda otorgarse la concesión para la explotación -concesión de beneficio- debe haber una consulta previa, para ver si la población acepta el inicio de las actividades mineras.
¿Y respecto al pedido de declarar la zona sur libre de concesiones mineras?
Se ha acordado la suspensión de petitorios mineros en las provincias de Puno, Chucuito, El Collao y Yunguyo por 12 meses. Aparte de ello se ha complementado por Resolución Directoral 131-2011-PCM la conformación de una Comisión Multisectorial conformada por 3 miembros del Ministerio de Energía y Minas y 4 de la región Puno (1 del Gobierno Regional, 1 de la Municipalidad Provincial y 1 de la Municipalidad Distrital, y un representante de la sociedad civil). Nunca antes se logró algo así, es decir, incluir a autoridades distritales. Esta comisión va a ocuparse de las concesiones otorgadas y va a estudiar caso por caso para ver si hay dificultades ambientales, licencia social, etcétera. Luego elaborará un informe que tendrá carácter vinculante.
¿Han quedado conformes con todos estos acuerdos?
No es la solución definitiva, pero tenemos que empezar por algo. Si nos encerramos en una posición no hay posibilidades de diálogo. Al final los alcaldes que han venido a Lima estaban bastante esperanzados y con ánimo, aprobaron la propuesta y por mi parte voy a respaldarlos. Hay que recordar que los alcaldes de estos pueblos y provincias y la presidencia regional no teníamos responsabilidad en este conflicto y hemos tenido que asumir la tarea de encontrar soluciones en virtud de que los dirigentes que han promovido estos hechos que terminaron en vandalismo no han querido venir [a Lima] a dialogar y concertar.
Hay diversos sectores en Puno que critican al gobierno regional por no haber dirigido con firmeza desde un inicio las demandas al gobierno nacional y enfrascarse en un conflicto con el Consejo Regional en relación a la Ordenanza 005 que cancelaba la concesión minera en Puno.
La Ordenanza 005 no contaba con un expediente técnico ni sustento jurídico, además vulneraba las competencias del gobierno nacional. Se me criticó no haberla firmado pero lo que pasa es que hay gente que me satanizó por no hacerlo. El problema era que no estaba bien trabajada. Luego, sugerí modificaciones que fueron consideradas parcialmente, y esa es la que finalmente firmé en la reunión con la Comisión de Alto Nivel.
¿Por qué el señor Walter Aduviri, principal dirigente de la protesta, no ha participado en la reunión en Lima?
Yo creo que es una irresponsabilidad de su parte porque un líder que conduce a un grupo tan grande de personas no puede dejarlas al desamparo por no ser capaz de buscar una alternativa, cerrándose en una posición dogmática que deja en riesgo a las comunidades. No se trata de decir negro o blanco porque el tema de la legislación es complejo y requiere un tratamiento estudiado, inteligente y reflexionado.
Hay posibilidad de que los dirigentes no estén de acuerdo con los acuerdos.
Por supuesto, hay sectores que siempre van a estar descontentos, pero en este caso nunca mostraron voluntad de solucionar el problema después de haberse generado toda la violencia y los saqueos. Al día siguiente no había quién responda. Se les pidió varias veces que se comprometan a dialogar pero no quisieron. Por eso insisto en que este conflicto no lo crearon ni los municipios ni el gobierno regional sino los dirigentes. Ellos deberían tener por lo menos la iniciativa de buscar una salida a la crisis.
