Miembros de la comunidad awajún Supayacu, en la jurisdicción del distrito de San José, provincia de San Ignacio, región Cajamarca, mantienen secuestrado al ingeniero Jaime Núñez Fernández, quien es trabajador de la empresa minera Águila Dorada. En diciembre del año pasado, una delegación de la comunidad awajún se presentó en Lima para reclamar a las autoridades por las serias irregularidades de la minera y exigiendo el respeto a su derecho a decidir “nuestras prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en tanto puede afectar nuestros modos de vida y derechos como pueblos indígenas” según el Convenio 169 de la OIT y la Ley Nº 29785, Ley del Derechos a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas.
Fuente: RPP
Esta retención se produce como muestra de oposición a la exploración minera que realiza la empresa, según precisó el comandante policial, Parcemón Aveldaño Céspedes.
Por su parte, autoridades del distrito se dirigen a la zona para negociar con los pobladores la libertad de Núñez Fernández.
Comunicado emitido por el pueblo awajun en Lima el 13 de diciembre del 2013:
Delegación llegó a Lima para reunirse con autoridades de diversos sectores
EL PUEBLO AWAJUN DE SAN IGNACIO BUSCA SOLUCION PACÍFICA Y
DIALOGADA A CONFLICTO GENERADO POR PRESENCIA ILEGAL DE MINERA
AGUILA DORADA EN SUS TIERRAS
Dirigentes del Pueblo Awajún de las Comunidades Nativas de la provincia de San Ignacio en la
región Cajamarca, llegaron a Lima para dar a conocer los serios problemas que atraviesan por la
presencia de la empresa minera Exploraciones Águila Dorada S.A.C. de capitales canadienses, en
tierras de su propiedad, de manera ilegal.
tierras comunales de la Comunidad Nativa de Naranjos.
De otro lado, la empresa indica haber cumplido con la exigencia de realizar al menos un taller sobre
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero denominado “Yagku Entsa”, el 06 de
octubre del 2011, lo que es falso, pues nunca se ha realizado. La empresa minera ha presentado
como sustento de los talleres, listas de firmas de personas y supuestas listas de asistencia y acta,
que son sólo documentos que han hecho firmar a personas de las comunidades a las que en
algún momento les entregaron algún tipo de bien de manera gratuita.
Por su parte, el Estado no cumplió con aplicar el derecho de consulta previa a los pueblos
indígenas, siendo que se trata de una comunidad nativa awajún, pues la ley de consulta previa ya se
encontraba vigente desde el mes de setiembre del 2011, el día 13 de abril del 2012. Pese a ello la
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), emitió la Constancia de Aprobación Automática No. 042-2012-MEM-AAM, a la empresa
EXPLORACIONES AGUILA DORADA S.A.C.
Consideramos que los derechos de nuestras Comunidades Nativas Awajun de Supayaku y
Naranjos han sido seriamente afectados por las medidas tomadas, además de nuestra propiedad
comunal, y nuestro derecho a decidir “nuestras prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo,
en tanto puede afectar nuestros modos de vida y derechos como pueblos indígenas, según lo
establecido en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 2 de la Ley Nº 29785, Ley del
Derechos a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas.
Lo ocurrido el pasado domingo 21 de octubre cuando los señores Víctor Hugo Díaz, Cesar de la
Cruz Poma y Cristian Alejandro Paredes Terrones, ingresaron a tierras de nuestra propiedad sin
permiso, y sin identificarse debidamente ante la comunidad, es prueba de la total falta de criterio del
Gobierno Central para abordar la problemática de los conflictos sociales con Pueblos Indígenas (Comunidades Campesinas y Nativas). Dichos técnicos del INGEMMET, ingresaron a territorio de
propiedad de nuestra comunidad, a obtener supuestas muestras de agua y suelos sin ningún tipo de
permiso previo. No entendemos por qué se trata de manera distinta la propiedad indígena, que
incluso tiene normas internacionales que la amparan, respecto de la propiedad de cualquier
ciudadano, o es que el actual gobierno sigue la misma teoría que nos denomina ciudadanos de
segunda clase.
Es por ello que sólo los retuvimos, mientras se procedía a aclarar su situación, a que institución
representaban y el verdadero motivo de su presencia sin permiso en la comunidad, que su
explicación nunca dejo clara. Sólo luego de realizar averiguaciones y de la presencia de la Comisión
que llegó desde San Ignacio, es que pudimos comprobar que los señores eran de Ingemmet, y que
estaban allí para realizar análisis de muestras, que según ellos mismos nos dijeron, eran para el
proyecto minero de la empresa Águila Dorada, la que ha ocasionado la división interna de nuestra
comunidad y el enfrentamiento de nuestros hermanos, como parte de su estrategia para realizar sus
actividades.
Pese a ello, en el diálogo sostenido por la Comisión en la Comunidad Nativa de Supayacu, el que se
llevo adelante sin problemas, se aceptó la propuesta de que los Apus pudieran sostener reuniones
en Lima, el día 13 de noviembre, para poder reunirnos con diversas autoridades, entre ellas el
Ministerio de Energía y Minas y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad a fin de presentar
nuestras preocupaciones.
Lamentablemente, cuando nuestras Comunidades se preparaban para ello, nos hemos sentido
burlados, pues nuestros Apus, que incluso no fueron actores de la retención que se produjo, han
sido denunciados por el señor Jesús Suárez de Ingemmet y por los propios señores, que ingresaron
ilegalmente a las tierras de nuestra propiedad, pese a que el propio Suárez aceptó en el acta
suscrita su ingreso sin autorización a la propiedad indígena y ofreció una indemnización por ello, que
luego se pretende decir falsamente que fue exigida por nosotros para la liberación.
Esta acción nos permite comprobar que no hay una voluntad de dialogo sincero y verdadero desde
el Gobierno Central, que sólo plantearon la propuesta para solucionar la situación generada por sus
propios funcionarios, pero que no tienen interés alguno en preocuparse por los derechos de los
pueblos indígenas, y continúan aprobando normas que afectan nuestros derechos colectivos. Por
ello decidimos no asistir, por no haber condiciones.
Posteriormente nuestras comunidades han tomado la decisión de enviar una comisión, de los Apus
y delegados que no han sido denunciados para que en Lima se entrevisten con diversas
autoridades, mostrando nuestra sincera voluntad de arribar a una solución pacífica y dialogada al
conflicto ocasionado por la presencia ilegal de la empresa minera Águila Dorada.
Esperamos que nuestra propuesta de retomar el diálogo con el Estado en San Ignacio se
concretice, tal como se ha acordado con las instancias del Ministerio de Energía y Minas y la Oficina
de Diálogo Nacional de la PCM, y que el Ingemmet tome las medidas necesarias para no continuar
con la criminalización de la protesta social en contra de nuestros Apus, injustamente denunciados.
Asimismo, respaldamos la labor que realizan la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, que han
sido injustamente atacadas por el sólo hecho de defender nuestros derechos colectivos. Nuevamente ha sido el Pueblo Awajún el que debe de venir hasta Lima desde nuestras lejanas tierras para buscar el diálogo, ante la falta de voluntad del Estado y para desmentir las falsedades que funcionarios del Estado han difundido en Lima, sobre el accionar de las Comunidades que lo único que han buscado es defender su derecho a la propiedad indígena y a decidir su modo de vida.
Lima, 13 de diciembre del 2013
Con el ruego de su difusión.
COMUNIDAD NATIVA DE SUPAYACU – PUEBLO AWAJÚN DE LA PROVINCIA DE SAN
IGNACIO – REGIÓN CAJAMARCA
Contacto: 975670523
