Lima, Perú – 16/03/07. Una red de instituciones nacionales y locales difundió ayer un comunicado en el que denuncian que el decreto supremo DS 014-2007-EM promulgado por el ministerio de Energía y Minas, creará una “situación gravísima” al dar mayores facilidades a la exploración minera en desmedro de los derechos ciudadanos. Este tipo de normas “constituye un serio retroceso en el proceso de democratización del país, y sin duda, muestra cómo se busca favorecer aún más los intereses de las empresas mineras en grave detrimento de los derechos que tenemos todos los ciudadanos” señala el comunicado.
Fuente: Sevindi
Ministerio de Energía y Minas promulga norma para favorecer las exploraciones de las empresas mineras desprotegiendo derechos ciudadanos
La Red Muqui -colectivo de veinte organizaciones a nivel nacional, que velan por proteger los derechos de las poblaciones que viven en zonas de influencia minera- expresa en un comunicado a la opinión pública su profunda preocupación por el Decreto Supremo 014-2001-EM, por el cual el Ministerio de Energía y Minas flexibiliza las exigencias para la aprobación de proyectos de exploración minera.
Las críticas y rechazos más destacados a estas nuevos beneficios al trabajo de las mineras citan la habilitación de uso de equipos de mayores dimensiones haciendo posible una actividad de mayor envergadura y la aprobación automática en 5 días de la Declaración Jurada que presentan para obtener la certificación ambiental en proyectos de exploración sin evaluación de ningún tipo.
También señalan negativamente la modificación de plazos que limitan la participación de las poblaciones de las zonas de influencia, y que llega al extremo abreviar los vencimientos para emitir una resolución sin una revisión adecuada y en caso de superar los plazos, éste se da por aprobado.
Afirman que se generarán nuevos conflictos sociales en todo el país debido a que las nuevas normas hacen menos clara la necesidad de acuerdo previo con el propietario del terreno superficial para dar inicio a las actividades de exploración.
En una coyuntura de conflictos permanentes asociados a las actividades mineras, se requiere un Estado que garantice y proteja los derechos de las personas, tales como una mayor participación ciudadana con mejores exigencias ambientales y sociales. Por el contrario, la norma promulgada, constituye un serio retroceso en el proceso de democratización del país, y sin duda, muestra cómo se busca favorecer aún más los intereses de las empresas mineras en grave detrimento de los derechos que tenemos todos los ciudadanos.
• Asociación Civil Labor
• Asociación Marianista de Acción Social – Trujillo
• Centro Pastoral de Diócesis de Chulucanas
• Comisión Prelatural de Acción Social de la Prelatura de Huamachuco
• Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
• Centro Parroquial de Derechos Humanos de La Oroya
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
• CooperAcción, Acción Solidaria para el Desarrollo
• Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura y Tumbes.
• Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)
• Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
• Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén
• Pastoral de Dignidad Humana – Pasdih, Arquidiócesis de Huancayo.
• Red Uniendo Manos contra la Pobreza
otras instituciones
