Esta semana nuevos “accidentes” mineros volvieron a cobrar más víctimas. Tres mujeres que trabajaban subcontratadas para la corporación minera Ananea desaparecieron en un inmenso cráter que se abrió en el glaciar en Lunar de Oro – Putina (Puno), mientras que desde ayer por la noche, un minero permanece atrapado en la mina La Poderosa tras el derrumbe de un socavón, en Arequipa.
Ana Leyva Valera Secretaria Ejecutiva Red Muqui
28/10/2010. Estos hechos nos remiten inevitablemente a la experiencia vivida en Chile, cuando 33 mineros quedaron sepultados por 69 días. Durante ese tiempo presenciamos el esfuerzo denodado del gobierno y la sociedad chilena por salvar las vidas de estos trabajadores.
Paradójicamente, lo que encontramos en el Perú son ciudadanos suplicando que se rescate a sus familiares atrapados y una total indiferencia por parte de las autoridades y gran parte de la sociedad peruana.
¿Qué nos hace diferentes de Chile? ¿Por qué el valor de la vida es distinta en un lugar y en otro? ¿Por qué estas situaciones son tan frecuentes en el Perú?
Según un informe presentado en junio por IDL Reporteros, en los últimos tres años, la empresa que más ha impugnado sanciones por muertes de trabajadores es Buenaventura. “En estos casos el argumento principal de la empresa siempre ha sido responsabilizar a los muertos y de calificar de “subjetivas” las pruebas técnicas de la entidad fiscalizadora que halló la ausencia de procedimientos escritos de trabajo seguro (PET), estudios para determinar el peligro de las operaciones, supervisión y capacitación a los trabajadores para desarrollar este tipo de labores, pese a ser obligaciones legales. De estos casos, Buenaventura sólo ha pagado una multa y ha acudido al Poder Judicial para evitar el cobro de las otras”, detalla el informe del portal de investigaciones.
La Red Muqui considera que es responsabilidad del Estado velar por la vida humana y por que las condiciones de trabajo sean seguras. Además, debe adelantarse a este tipo de situaciones y entender que cuando son frecuentes los accidentes, estos se convierten en actos de negligencia. Nos preguntamos qué medidas está adoptando el gobierno para que estos hechos no sigan ocurriendo.
Evidentemente, lo acontecido revela que la supervisión y fiscalización no está funcionando adecuadamente y necesita correctivos que garanticen la vida y seguridad humana.
