Advierten sobre “acciones de desinformación y difamación” contra la organización que “pretenden dejar impunes a los responsables de actos de corrupción vinculados con el gobierno actual”, además de mellar la imagen de GRUFIDES”. Esa institución ha denunciado tanto “en foros Nacionales como Internacionales la vulneración de derechos humanos perpetrada por empresas mineras” y de “empresas seguridad privadas asociadas a las empresas mineras, además de denunciar actos de corrupción del gobierno y abusos que este comete contra poblaciones indígenas y campesinas con la finalidad de favorecer intereses mineros y petroleros.”
Miércoles 23 de Junio de 2010
PRONUNCIAMIENTO
A la opinión publica
Miembros y asociados del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES mostramos nuestro profundo rechazo e indignación frente a las afirmaciones que el diario Perú 21 hace en un tendenciosos articulo que pretende atribuir a nuestra institución vínculos con la familia Sánchez Paredes y sus actividades ilícitas, con el narcotráfico y con el terrorismo.
GRUFIDES ha sido víctima de actividades de espionaje y seguimiento en un inicio por la empresa FORZA (hoy parte del grupo trasnacional SECURITAS) y posteriormente por la empresa Business Track, relacionada con el actual vicepresidente de la Republica. En el caso de Business Track, GRUFIDES ha sido identificada por la Fiscalía como agraviada, sin embargo se pretende distorsionar nuestra situación de afectados tratando de vincular de manera infundada a GRUFIDES con actos ilícitos, supuestamente a partir de información producida por las interceptaciones telefónicas de la empresa acusada.
Consideramos que estas acciones de desinformación y difamación son parte de una campaña que no solo pretende dejar impunes a los responsables de actos de corrupción vinculados con el gobierno actual , sino que también pretenden mellar la imagen de GRUFIDES cuando nuestra institución ha denunciado tanto en foros Nacionales como Internacionales la vulneración de derechos humanos perpetrada por empresas mineras, las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de seguridad privadas asociadas a las empresas mineras, además de denunciar actos de corrupción del gobierno y abusos que este comete contra poblaciones indígenas y campesinas con la finalidad de favorecer intereses mineros y petroleros. Hemos cuestionado también la viabilidad del proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha por la magnitud del impacto ambiental y social de este proyecto que pretende realizarse en los páramos de la región y por no haberse desarrollado un proceso de consulta a las poblaciones afectadas.
Exigimos a las autoridades competentes cumplan su función y determinen las responsabilidades reales en el caso Business Track. Nuestra organización esta evaluando iniciar las medidas legales pertinentes contra los autores de esta nueva campaña de difamación.
Agradecemos las muestras de solidaridad nacional e internacional que hemos recibido a causa de esta agresión al movimiento ambiental y de derechos humanos
