La minería representa el 60 por ciento del total de las exportaciones del Perú, tiene en esta actividad una cantera de conflictos entre las empresas extractoras y las poblaciones donde operan, principalmente por la falta de comunicación, la desconfianza y la ausencia del Estado, según interpretan los empresarios del sector. Son silenciadas cualquier referencia a la preservación del agua y el suelo y los modelos de desarrollo.
Fuente: EFE
Lima, 18 may (EFE).- Lima acoge hoy un simposio internacional sobre el oro, un metal que con sus altos precios ha despertado el interés de compañías mineras tradicionales y puesto de manifiesto problemas sociales y ambientales típicos del siglo XXI.
Convertido en el primer productor de plata y teluro del mundo, el segundo de cobre y zinc, el tercero en estaño y el sexto en oro, Perú tiene cerca de 20 millones de hectáreas dedicadas a la actividad minera entre exploración y explotación, lo que representa alrededor de un 15% del territorio nacional.
Sin embargo, los análisis geológicos señalan que “habría 60 millones de hectáreas con algún tipo de potencial minero en Perú”, explicó a Efe el responsable del área de Minería y Responsabilidad Social de la Ong CopperAcción, José de Echave, quien enfatizó que esto hace necesario “planificar el uso sostenible del territorio”.
“La gente percibe que el marco legal es profundamente asimétrico, favorable para las inversiones (mineras) y desfavorable para los derechos de las poblaciones”, agregó el especialista, al puntualizar que muchos de los conflictos giran en torno a la disputa de recursos escasos como la tierra y el agua.
Por aquí Estado y mineras, pobreza por allá
Perú, donde en los últimos 15 años el PIB nacional ha aumentado en 135% y su PIB minero en 260%, es la estrella de la región por su crecimiento sostenido, aunque aún tiene a cerca del 39% de su población viviendo en la pobreza, una situación que es caldo de cultivo para los conflictos sociales.
El sector minero peruano habla de los montos de sus tributos y aportes en proyectos de desarrollo sustentable sin indicar sus ingresos netos por la extracción de minerales, lo cual permitiría mensurar la magnitud de aquellos y dimensionar el saqueo.
La minería ha aportado en 2008 unos 6.868 millones de soles (2.400 millones de dólares) en impuestos a la renta, de los cuales el 50 por ciento se transfiere -a través del llamado canon minero- a las regiones y localidades donde realizan sus actividades.
También ha destinado alrededor de 240 millones de dólares en proyectos de desarrollo sostenible, además de haber comprometido 2.500 millones de soles (unos 880 millones de dólares) en 2006 en “aportes voluntarios”.
Sin embargo
A pesar de la fuerte inversión que se ha hecho en los últimos años” para mitigar la pobreza y desarrollar las zonas donde operan las mineras, no se ha registrado una reducción de conflictos; “por el contrario, se han incrementado”, admitió el presidente del Comité de Asuntos Sociales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Gonzalo Quijandría, en entrevista con Efe.
Según la Defensoría del Pueblo, en Perú se registraron en abril pasado un total de 260 conflictos sociales, la mitad de ellos por reclamos de carácter socio-ambiental, y el 70 por ciento de estos últimos tienen que ver con la minería, según De Echave.
Quijandría señaló que las mineras que operan sobre todo en zonas remotas saben “que el Estado no tiene una presencia y lo que nos reclaman los pobladores, corresponde cumplirlo al Estado”.
“Si se deja a la empresa sola mediante proyectos de responsabilidad social para derrotar la pobreza, estamos perdidos”, añadió el representante empresarial, tras añadir que ya se redistribuyó mucho dinero de las mineras, pero que estos fondos no son bien invertidos en desarrollo por las autoridades a nivel regional y local, situación que enerva a los pobladores.
Todo lo reducen a la comunicación
Con 35.000 millones de dólares en proyectos mineros, Perú es el país que recibe más inversiones mineras en América Latina, pero figura -según una encuesta del Instituto Fraser de Canadá entre 3.000 empresas mineras- en el puesto 39 del ránking de percepción empresarial sobre las políticas públicas, nueve menos que en 2006.
Lo que ahora se plantea es la necesidad de que las mineras construyan una relación de confianza y de comunicación intensa sobre los proyectos, dando a los pobladores tiempo suficiente para estudiar los proyectos propuestos, especialmente en zonas sin tradición minera.
Para el economista de CopperAcción, los conflictos “siempre ocurren cuando las empresas no han hecho bien la tarea inicial de informar y construir relaciones de confianza”.
Frente a este estado de cosas, De Echave contrapuso el caso de la mina Tintaya (en la región suroriental de Cuzco y propiedad de la suiza Xtrata), que en 2008 recibió el Premio Perú 2021 a la Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de las Empresas.
