En junio de 2007 Mendoza se convertía, a nivel nacional e inclusive internacional, en una de las pioneras respecto del cuidado del medio ambiente. Tres años después, la ley sancionada a partir de la lucha popular de una provincia que decidía proteger sus bienes comunes, corre peligro.
Fuente: Argenpress
17/05/2010. Hablamos de la Ley Nº 7.722, que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias toxicas en la actividad minera, y que hoy, bajo el marcadamente tendencioso titulo mediático de “ley Antiminera”, soporta los ataques de funcionarios, empresarios, medios de comunicación y sus periodistas. Esta campaña se manifiesta a través del frustrado proyecto del senador justicialista Serralta, (que pretendió cambiar del texto de la ley la palabra prohíbe por la de restringe), de los titulares de los grandes medios gráficos de los últimos días y, no menos importante, del discurso de Celso Jaque, fue enfático el 1 de mayo: “Mendoza tiene que volver a discutir el tema minero y hay que impulsar el desarrollo de esta actividad”. Sumado a las recientes palabras de la flamante directora de minería de la provincia, Adriana Blesa quien declarara que la ley 7722, que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto, tiene poca lógica.
Los intereses de la gran minería involucran a sectores poderosos: grandes empresarios, legisladores pero, por sobre todo, al gobierno provincial, que al igual que en la época de Cobos, las miradas positivas a estas empresas fueron eje de política minera en Mendoza. Esto nos lleva a recordar al vicepresidente de la Nación, Julio Cleto Cobos, quien fuese el primero en estimular la inversión megaminera y quien vetara en el 2006 la ley que prohibía la minería a cielo abierto, que en aquel entonces presentara Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos.
La ley provincial 7722, que fue aprobada por la legislatura provincial en junio de 2007, prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto. La misma se discutió en medio de un profundo debate entre quienes defienden esta actividad y distintas organizaciones que se oponen a estos megaemprendimientos. El pueblo de Gral. Alvear se levantó en una gran pueblada, que mostró rutas, calles y plazas tomadas por el pueblo, bajo la nieve, durante más de 15 días. A la vez, San Carlos veía, la ruta nacional 40, cortada durante tres días. Esta expresión popular es la que intentan poner en cuestión a partir de los constantes avances en la problematización de una ley que no prohíbe la minería sino una forma de hacer minería.
A lo largo de los últimos tres años, las organizaciones sociales, asambleas de vecinos, académicos, ciudadanos de las comunidades potencialmente afectadas, y partidos políticos han logrado generar una importante conciencia social respecto de la protección de los bienes comunes, en especial el agua. Esto ha sido posible a partir de un gran esfuerzo de investigación, formación y debate en el interior de dichas organizaciones, enriquecido por el aporte técnico de profesionales que no temen denunciar una realidad que muchos de sus colegas e instituciones que los contienen se empeñan en ocultar y de la constante prédica de importantes referentes nacionales comprometidos con esta lucha . Rechazamos enérgicamente que se pretenda hacer creer que esta es una lucha impulsada por “fundamentalistas” o “ecoterroristas”. Todo lo contrario: responde a una genuina preocupación de comunidades que vieron instalarse la amenaza de la megaminería sobre sus territorios y que ven en Andalgalá el futuro que rechazan.
Paradójicamente, al mismo tiempo que en Mendoza se llevaba a cabo esta campaña de ofensiva contra la ley mencionada, el Parlamento de la Unión Europea resolvía el pasado 5 de mayo, “la prohibición completa del uso de tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedentes de la actividad minera”. Y dentro de los considerandos que motivaron tal decisión, se encuentra “que el uso de cianuro en la minería crea poco empleo y solo por un periodo de entre 8 y 16 años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes”. Sin perder de vista el importante antecedente que significa esta medida adoptada por casi todo un continente, no debemos olvidar que el cianuro es una sustancia toxica más de las tantas que utilizan las tecnologías propias de la minería a gran escala.
En Mendoza, a la fecha hay dos proyectos que intentan entrar en la fase de explotación: Potasio Río Colorado, en Malargüe y San Jorge, en Uspallata. Ambos proyectos son fuertemente cuestionados por las distintas asambleas provinciales, nucleadas en Asambleas Provinciales por Agua Pura (AMPAP). El gobierno provincial intenta hacer oídos sordos a la voluntad y la decisión popular. De la mano de la megaminería, intentan propiciar políticas represivas con la reforma del Código Contravencional, conocido también como Ley de Faltas, se busca criminalizar la protesta y la pobreza como hizo José Luis Rioja en la provincia de San Juan, para dejarle el camino libre a la Barrick Gold con los emprendimientos: Veladero y Pascua Lama. Mendoza dijo no, y el no es no; gritan las asambleas a lo largo y ancho de la provincia.
Es importante dejar en claro, frente a los mecanismos de engaño y difamación de los grandes medios, que las asambleas socio ambientales y las organizaciones sociales y políticas que promueven la defensa de los bienes comunes, como así también los vecinos directamente perjudicados por estos proyectos megamineros, no nos oponemos caprichosamente a la actividad minera en general, sino a un determinado modo de explotación a gran escala que implica el uso de tóxicos que causan efectos irreparables en la sociedad y el territorio y que no constituye, de ninguna forma, una alternativa válida de desarrollo, como desde el gobierno provincial y nacional quieren hacernos creer. Antes bien: es otro episodio más de una larga historia de saqueo y explotación de nuestro continente.
Los acontecimientos de los últimos días hacen evidente la relación directa que existe entre el poder económico, el gobierno local, y profesionales y científicos adeptos a los mismos, con los grandes medios.
Por todo lo expuesto es que vez tenemos la imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que prohíba en todo el territorio nacional la mega minería contaminante. Hoy vienen por esta ley mendocina, pero no faltará mucho para que se animen a sepultar las otras leyes provinciales que 7 legislaturas se animaron a legislar.
Hace unos días el gobernador Jake entregó Llancanello, un humedal mendocino, ubicado en Malargüe, donde migran todas las aves del continente a Repsol. A 200 años de aquella epopeya revolucionaria que rompió las cadenas que nos ataban al Imperio español, hoy se entrega a los españoles este reservorio natural…
