La relación de la mujer con el agua es tan antigua como frecuente en la presencia de la lucha por el territorio en la historia del Perú, según el libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencia”, de la investigadora especializada en género y territorio, Rocío Silva Santisteban. Dicha defensa del territorio comunal frente a la eventual intervención minera fue el motivo que precipitó al enfrentamiento entre comunidades campesinas contra las fuerzas policiales que defendían la ejecución de la que sería la mina de oro más grande de Sudamérica, Yanacocha, proyecto minero que tuvo como accionistas mayoritarios empresas Newmont Mining Corporation (EE.UU.) y Compañía Minas Buenaventura (Perú).Fuente: Resumen Latinoamericano
En el enfrentamiento, que luego se conoció como el conflicto minero Conga, se hizo público los encuentros violentos entre las rondas campesinas y las fuerzas policiales, más no se difundió el rol protagónico que tuvieron las mujeres en dicho conflicto, cuando el agua y la tierra, que fueron los recursos en disputa en Cajamarca, están vinculados de manera estrecha con lo femenino, de acuerdo a la cosmovisión andina.
Agua en el idioma quechua se dice yaku y tierra es allpa. Según la cosmovisión andina, los dos elementos integran nuestro cuerpo humano, el cual está en contacto con la realidad que nos rodea.
Por eso no es casualidad que haya sido el cuerpo femenino el que resultó más atacado durante los conflictos de Conga, pero con una violencia diferente a la que se infringió a los hombres, de acuerdo a los testimonios de las mujeres entrevistadas para el presente reportaje.
Conga tiene rostro de mujer
Hasta el momento Dina Mendoza, presidente del Consejo Regional de la Mujer de Cajamarca desde mayo del 2012, tiene que ir cada mes a la Corte Superior de Cajamarca a firmar su sentencia.
En el 2015 fue denunciada por el delito de disturbios por el bloqueo de las vías públicas durante los conflictos de Conga y el 6 de noviembre del mismo año fue sentenciada a 4 años prisión suspendida. Además, junto a otros dos comuneros tuvo que pagar una multa de 3 000 soles por el mismo delito. En noviembre del próximo año recién termina su sentencia de prisión suspendida.
“Aún recuerdo como Ollanta Humala iba a Cajamarca a proclamar: ustedes no comen oro, ustedes no beben oro. Al final se burló de nosotros. No era minería responsable la que nos prometieron, se necesitaba explotar las lagunas, los bofedales y los cerros. No lo íbamos a permitir. Ya los relaves mineros anteriores nos han contaminado, además seguimos siendo una de las regiones más pobres del Perú”, dijo Dina Mendoza a Wayka.
Debido a su participación activa en los comités de vigilancia ambiental de mujeres de la vida y la pachamama los policías con el barrote le fisuraron la mano izquierda y producto del golpe en la ceja izquierda le dejaron una cicatriz. Sin embargo, el daño psicológico es un dolor de los que hasta ahora no se repone.
“La denigración de la mujer era el objetivo de los insultos de la policía. Nos decían que por qué no estaba en casa cuidando a mis hijos y otras cosas más fuertes. El tipo de violencia de género que sufrimos fueron insultos de la A a la Z”, recordó la dirigente de Cajamarca.
Maria Ysabel Cedano, directora de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), respondió a Wayka que no es gratuito que los policías hayan cuestionado la participación de Dina Mendoza y de las demás mujeres en el conflicto de Conga.
Le preguntamos a Cedano, quien fue Directora General de la Mujer del ex Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en 2011, por qué la policía repetía “¿Por qué no te has quedado cuidando a tus hijos?” a las comuneras, y respondió que las razones de ese cuestionamiento que exhortaba a las mujeres a un rol doméstico son de índole cultural.
“A los defensores, los criminalizan, lesionan y asesinan, a las mujeres también se les lesiona y criminaliza pero no solo se les castiga penalmente sino que se les estigmatiza por no cumplir con un rol de cuidadora pasiva, por atreverse a participar”, enfatizó.
Violencia de género a largo plazo
De acuerdo a información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, actualizada con casos de conflictos socioambientales a diciembre del 2016 en promedio, el total de personas procesadas judicialmente han sido 538, de las cuales 475 fueron hombres (57.5 %) y 63 han sido mujeres (11.7 %).
Mientras que por el proyecto Conga, según la misma fuente, fueron 59 personas las procesadas: 52 fueron hombres y 7 mujeres entre los años 2011 y 2013.
Mar Pérez, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo para Wayka que si bien los conflictos vinculados al territorio y el agua desencadenan mayores procesos judiciales a hombres, es con las mujeres que la llamada criminalización de la protesta tiene mayores efectos.
“La criminalización de la protesta es cuando se utiliza el derecho penal para detener la actividad de la defensora o defensor. Muchas veces la dirigente o comunera es también madre de familia. Cuando se le ingresa a un proceso judicial la violencia que se le genera es mayor que al hombre. Le es más difícil acceder a un trabajo, además que existe la estigmatización social”, explicó Pérez.
El caso de Dina Mendoza ejemplifica este tipo de violencia de género. Dicha dirigente manifestó que estudia educación básica alternativa para ser profesora para adultos en un instituto de educación superior. Se acerca al cuarto año de estudios. “Me es difícil conseguir trabajo por el antecedente penal que llevo a cuestas”, dijo.
Mar Pérez informó que otro impacto diferenciado con las mujeres durante un conflicto socioambiental es lo que sucede con las parejas de los comuneros que participan en las protestas.
La especialista de la CNDDHH recordó que durante el conflicto frente a la minera Las Bambas en la región de Apurímac, localizada en el sur andino del Perú, hubo dos mujeres que acabaron viudas con hijos pequeños. “Los esposos fueron asesinados por policías. El Estado no se preocupa por ellas. Ahora las mujeres se encuentran en abandono laboral”, enfatizó Pérez.
La historia de Yeni Cojal Rojas, presidenta de las rondas campesinas de mujeres del caserío de Molinopampa (provincia de Celendín), y quien fue denunciada por secuestro agravado junto a otros 15 comuneros, demuestra hasta qué nivel puede golpear a una mujer la violencia diferenciada durante un conflicto socioambiental.
“Yeni junto a otros comuneros habían solicitado una rendición de cuentas al gobernador de Sorochuco, Armando Castañeda Pisco. Esto para saber por qué estaba a favor de la minera y no del pueblo que no quería al proyecto minero Conga. Lo habían llevado a la plaza pública para que se manifestara. Lo hizo, pero al volver él a la ciudad, interpuso la demanda”, contó a Wayka, Mirtha Vásquez, abogada de la comunera Yeni Cojal.
Pese a que Yeni Cojal fue absuelta en primera instancia, el Ministerio Público y el Gobernador del distrito de Sorochuco apelaron su absolución y el 17 de abril de este año habrá audiencia en segunda instancia.
La comunera, que también es dirigente de la Organización de Mujeres Defensoras de la Pacha Mama Plataforma Celendín (Omudefpc), no pudo sobrellevar el proceso judicial como cualquier otro procesado, ya que durante el mismo estuvo embarazada. “Después de 4 años de juicio nos declararon inocentes. Pero tuve que asistir a las audiencias mientras estuve embarazada de mis dos mellizos”, precisó Cojal.
Su embarazo no estuvo exento de complicaciones. Yeni Cojal perdió a su niña durante el parto y el niño bebió líquido meconial (heces líquidas) debido a una negligencia médica. Por ello, dice Cojal, el niño tuvo que someterse a un lavado gástrico. De acuerdo a la comunera, el bebé no podía consumir leche, nació con una presión alta y graves condiciones de estrés.
“Durante sus tres primeros años tuvo que asistir a terapia psicológica porque no pudo pronunciar una palabra”, recordó la dirigente.
El sacrificio que tuvo que dar Yeni Cojal por sus hijos también lo hizo por su territorio. Las mujeres tienen un contacto especial con el agua, reiteró la líder, ya que de esta se origina todo, como los alimentos. Como comunera activa durante las protestas contra Yanacocha, ella tenía a su cargo la administración de las ollas comunes para los comuneros. Su turno no obedeció a ningún régimen laboral. Trabajó desde las 5:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche.
Por si fuera poco, la dirigente no solo sufrió debido a su parto precipitado y los problemas psicológicos que tuvo que acarrear por su hijo, sino por la violencia simbólica que provino de la policía, su comunidad y su propia familia.
“Existe indignación de las mujeres por el maltrato que proviene no solo de las trasnacionales mineras y la policía, sino de nuestras mismas organizaciones. Los varones de nuestra comunidad también no nos dejan participar de la toma de decisiones comunales”, dijo.
Además, Cojal recuerda que la policía al momento de atacar a las mujeres, en especial a las que formaban parte de los comités de las ollas comunes, agredían aquello que representa lo femenino. “La policía nos gritaba, volteaba las ollas comunes e incluso hasta las baleaban para que ya no podamos comer. Nos golpeaban en los senos y nuestras partes íntimas”. La violencia no solo se restringía a su actividad en defensa del agua y el territorio, sino por ser mujeres.
Género y conflictos ecoterritoriales: el nuevo paradigma
En el libro de la investigadora Rocío Silva Santisteban se explica por qué sucede la violencia simbólica contra la mujer como en la historia de Yeni Cojal. Cuando se habla de territorio, y más aún en el marco de un conflicto, no solo se lucha por la tierra, sino por “las relaciones sociales, culturales, económicas y espirituales que se organizan en ellos”, se detalla en el estudio. Por ello, Silva Santisteban insta a que los conocidos conflictos socioambientales pasen a calificarse como “conflictos ecoterritoriales”.
Según María Ysabel Cedano de Demus, la violencia de género está reconocida por el Estado a nivel de un conflicto social. Es una de las 16 modalidades de violencia de género reconocidas en el Plan Nacional contra la Violencia de Género vigente, instrumento de la política cuya rectoría la tiene el ahora Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Mirtha Vásquez, abogada de Yeni Cojal y también de Dina Mendoza, también sufrió de los prejuicios que conlleva la violencia por ser defensora de comuneras, y a la vez, por ser mujer.
“Amenazaron mi vida y la de mi familia. Por ser la abogada de las defensoras me decían que manipulaba a la población para ganar dinero de las oenegés (organizaciones no gubernamentales) antimineras. Además, como en el caso de Yeni Cojal logramos que se le declare inocente en primera instancia, se rumoreaba que como era mujer sabía manipular a los jueces con mentiras y llantos”, declaró a Wayka la abogada Vásquez.
Si bien se reconoce en el Plan Nacional de Derechos Humanos del Perú 2017- 2021 la protección de los defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas, no se especifica qué sucede con las mujeres involucradas en la violencia de género en el contexto de un conflicto por el territorio.
“Se espera que para el 2021 existan mecanismos específicos con enfoque de género para las defensoras ambientales y del territorio. ¿Cuáles son las metas para la reducción de riesgo de las defensoras? Se necesita una política pública intersectorial”, cuestiona Mar Pérez de la CNDDHH a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) del Perú.
Cabe resaltar que organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra la CNDDHH, ya hicieron llegar a funcionarios del Minjus la solicitud del enfoque de género para las defensoras de derechos humanos, incluso se logró que los funcionarios de dicho despacho se comprometieran a incorporarlo como parte de los acuerdos producto de una mesa de trabajo realizada el 6 de noviembre del 2017.
Wayka se comunicó con Marcelo Puelles, coordinador de prensa del Ministerio de Justicia para coordinar una entrevista y así obtener el descargo del Minjus respecto a la protección de las mujeres como defensoras de derechos humanos en un contexto de conflicto por el territorio y el agua, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
En el informe titulado “Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en diciembre del 2017, en el apartado del enfoque diferenciado de género se detalla que la mujeres defensoras de América Latina han informado a la CIDH sobre estereotipos de género profundamente arraigados (que son) utilizados de manera reiterada en su contra por parte de sus familias, comunidades y organizaciones, para deslegitimizar su trabajo.
Ante dicha situación, la CIDH insta a los Estados miembros, entre ellos el Perú, a la “inclusión de un enfoque de género específico en los esquemas de protección”.
Dicho enfoque resulta necesario luego de conocer las historias de Dina Mendoza, quien sufrió daño psicológico y físico por parte de la fuerza policial y hasta ahora tiene dificultades para conseguir trabajo; de igual forma, está presente el caso de Yeni Cojal, quien por haber participado en las protestas sufrió violencia al interior de su familia. Por su activismo el padre de su hijo la abandonó, su hermano mayor la criticó y producto de eso tiene en la actualidad afectaciones psicológicas y al corazón. Aparte, Yeni vive en una inestabilidad económica por los gastos de su hijo menor, según información que se registra en el libro de Rocío Silva Santisteban.
Frente a ello, las defensoras del agua, así como su abogada Mirtha Vásquez, persisten en su objetivo. La siguiente frase de Yeni Cojal resume su fuerza voluntad: “Yo no soy mujer víctima. He vivido la marginación y la violencia con la que nos trata la policía y la sociedad. De la misma forma en que soy resistente y no necesito a un varón a mi lado, mi región puede salir adelante y progresar sin depender de la minería”.
