En ciudad de Guatemala, los días 26 y 27 de abril del 2018, se realizó el II Encuentro Regional de la Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-. Al Encuentro asistieron diferentes organizaciones que a nivel mesoamericano han desarrollado una lucha contra los proyectos de extracción minera y megaproyectos. Hicieron presencia delegaciones de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Fuente: Centro de Medios Independentes
Bernardo Belloso representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, añade que es el 1er país que tiene una ley que prohíbe la explotación minera y que debe reflexionarse sobre nuevos modelos de extractivismo que dejen de afectar la vida de las poblaciones indígenas y mestizas empobrecidas.
Pedro Landa, del Equipo de Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús, apunta que existen 847 proyectos de minería a gran escala aprobados en Honduras, 143 proyectos hidroeléctricos y 23 proyectos pequeños en proceso de aprobación. Las comunidades indígenas y afrodescendientes en honduras han sido perseguidas y criminalizadas por defender el territorio y la tierra.
Heisel Torres representante del Centro Humboldt, comenta que el 45% del territorio Nicaragënse está concesionado sin consultar previamente a la población, actualmente el Estado Orteguista ha criminalizado y enjuiciado a comunitarios y comunitarias por el simple hecho de solicitar información.
Armando Campos de la REMA -Red Mexicana de Afectados por la Minería-, afirma que la minería a cielo abierto genera daños irreparables en las comunidades y al contrario del discurso empresarial, no genera desarrollo local sino contaminación irreversible durante y después la ejecución del proyecto, tan solo produce acumulación de capital en los países primermundistas.
Más allá de la contaminación de cianuro en el ambiente, también existe una modificación forzada en las culturas indígenas, que de ser campesinas pasan a ser obreras, cambio que constituye una violación al derecho a la identidad de los pueblos.
En México actualmente hay 25mil concesiones mineras, la mayoría otorgadas a empresas extranjeras especialmente canadienes.
Julio Gonzáles del Colectivo Madre Selva, plantea que en Guatemala, la consulta comunitaria es una tradiación ancestral, sobre todo en un contexto que aglutina a 23 pueblos. Agrega que existe una cooptación del Estado promovida por la élites económicas que imponen regulaciones para obtener ventajas y privilegios.
A pocos días de realizarse este encuentro, en menos de una semana, ocurren en Guatemala tres asesinatos políticos de dirigentes indígenas-campesinos, pertenecientes a organizaciones que mantienen luchas y procesos organizativos en defensa de la vida, el territorio, el agua, la certeza jurídica sobre la propiedad y acceso a la tierra.
- El 9 de mayo de 2018, es asesinado Luis Arturo Marroquín, de la comunidad San Martín Jilotepeque, Jalapa, miembro activista del Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-.
- José Can Xol, asesinado el 11 de mayo del 2018 de la comunidad Choctún Basilá, Cobán, Alta Verapaz, miembro activista de -Comité Campesino del Altiplano -CCDA-.
- El 13 de mayo de 2018, asesinan a Mateo Chamán Paau de la Comunidad San Juan los Tres Ríos, Cobán, Álta Verapaz, miembro activista del Comité Campesino del Altiplano -CCDA-.
El Comité de Unidad Campesina -CUC-, lee la situación como:
“… un aumento de la criminalización y persecución contra dirigentes indígenas y en nombre de la propiedad privada (…) es preocupante que en período democrático y de paz, aún existan grupos armados paramilitares, aliados a las estructuras paramilitares, que intimidan a las organizaciones indígenas y campesinas”.
En los últimos dos años han ocurrido hechos violentos y asesinatos contra activistas en defensa de la tierra y el territorio:
- El 23 de julio de 2017, asesinan a Eugenio López y López, ex trabajador de la finca San Gregorio, Piedra Parada, Coatepeque, Quetzaltenango.
- El 9 de agosto del 2017, fue asesinado José Aroldo Orozco de la comunidad La Montañita, Ayutla, San Marcos.
- El 31 de octubre de 2017, asesinan a Francisca Aguilar, del municipio de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango y a Emilio Toc Pop, del municipio de Senahú, Alta Verapaz
Según el CUC durante el 2017 y 2018 se registran una serie de hechos de represión y criminalización contra la población indígena y campesina que han quedado en la impunidad, entre ellos:
- 12 desalojos y desplazamientos forzosos.
- 1 desalojo (2018), sin embargo existen varias órdenes que aún están en trámite.
- 8 encarcelados por defender la tierra y el territorio.
- 30 órdenes de captura emitidas, contra campesinos e indígenas.
Para el contexto Hondureño se registran 127 asesinatos de defensoras y defensores de la tierra y el territorio, entre ellos el caso emblemático de la dirigenta indígena lenca y ambientalista Berta Cáceres, asesinada, por estructuras paramilitares, el 3 de marzo de 2016.
Según el derecho a los pueblos de ser consultados, se establece que de conformidad con la legislación vigente en materia de Derechos Humanos, los pueblos deben ser informados desde el momento en que se presenta una solicitud de licencia de reconocimiento. Específicamente en el caso de los pueblos indígenas, previo al otorgamiento de licencia alguna, éstos deben dar su consentimiento libre, consciente e informado.
Convenio 169 de la OIT, Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal.
El asesinato de tres dirigentes, sucede durante la conmemoración del 5to Aniversario Sentencia por Genocidio contra el pueblo Maya Ixil. El 10 de mayo de 2013, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, emite una condena a 80 años de prisión, contra Efraín Rios Montt, quien durante el Conflicto Armado Interno -CAI-, aplicó la Doctrina de Seguridad Nacional -DSN-, doctrina militar que ideológicamente construye la figura del “Enemigo Interno”, figura que fue adjudicada a grupos subversivos y a los pueblos originarios e indígenas.
Desde el CAI hasta la fecha, el Estado de Guatemala sigue considerando y perpetuando la noción del Enemigo interno hacia los pueblos indígenas. Pueblos originarios que ahora están organizados en sus territorios es contra de los proyectos extractivistas neoliberales.
El genocidio, la violencia sexual como arma, la persecución, la criminalización de la lucha y protesta social, el terrorismo de Estado, los asesinatos selectivos y ejemplificantes, contra dirigentes no han cesado en Guatemala, ni en la región mesoamericana.
