La minería es la principal fuente de conflictos sociales y ambientales en el Perú, una actividad impulsada por la creciente demanda mundial de metales preciosos necesarios para la fabricación de aparatos electrónicos.
Perú es uno de los mayores productores de cobre y de oro del mundo. Con los ingresos derivados de las exportaciones, el país andino podría beneficiarse y destinar recursos al desarrollo y el combate a la pobreza, sin embargo, los ingresos no son tan cuantiosos debido a las llamadas “devoluciones fiscales”, contempladas en la Ley General a las Ventas (IGV).
Fuente: Deutsche Welle
La caída de los precios de materias primas y las políticas económicas implementadas durante la última década, han provocado un desplome en la recaudación tributaria, dijeron expertos.
Un equipo de investigadores de la Universidad Humboldt, de Berlín, se propuso investigar si, dada esta ecuación de costo y beneficio, le conviene al país seguir apostando por la minería como actividad prioritaria o diversificar su economía a largo plazo respaldando otras actividades estratégicas como la agricultura. El resultado fue publicado en un estudio titulado: “Alternativa de desarrollo en las regiones mineras de Perú”.
“Tenemos unas 30 instituciones socias en Perú que trabajan en el tema minero, y desde hace 15 a 20 años sólo escuchamos quejas. Dicen que la minería los contamina, los desprestigia, los envenena, los expulsa y se agrava la pobreza”, afirma Susanne Priess, asesora en minería y desarrollo de la organización episcopal alemana Misereor.
Proyecto interdisciplinario
Misereor, junto con la ONG peruana “Red Muqui”, apoyaron el proyecto interdisciplinario de investigación sobre el impacto medioambiental y social en dos regiones. Por una parte, en la ampliación de una mina de oro en la localidad de Cajamarca, en el norte del Perú. En la región habitan unas 130.000 personas que compiten con la mina por recursos como el agua potable.
También viajaron a la localidad de Junin, a unos 300 kilómetros de distancia de Lima, un valle en donde unos 500.000 habitantes producen productos agrícolas para la capital. Ahí un proyecto minero compite también por el agua del río Mantaro, una de las afluentes del río amazonas.
“Tuvimos muy distintas experiencias. En Junín, el gobierno regional está muy comprometido con la actividad minera. Eso tiene como resultado que el modelo de desarrollo esté cifrado por completo en esa actividad. Una mitad de la población depende de la minería, mientras que la otra mitad, trabaja y depende de la agricultura”, afirma el geógrafo Constantin Bittner, que tomó parte en la investigación. El resultado es una constante confrontación social que se ve agudizada por la postura de los gobiernos regional y nacional.
“En Cajamarca, aunque existen los mismos conflictos socio-ambientales, el gobierno regional utiliza su influencia para limitar la actividad minera. Allí encontramos movimientos que buscan una regulación en la minería, incluso con el cierre de regiones a la actividad minera. Son iniciativas locales que, sin embargo, no son tomadas en cuenta a nivel nacional”, explica Bittner.
Consecuencias regionales
Por su parte, el experto en Economía Internacional, Moritz Fichtl, destaca la importancia del ecosistema en Cajamarca. “Ahí la agresión de la actividad minera es enorme. Estamos hablando de minas de hasta 660 metros de profundidad. Ahí el nivel freático del agua cae, y la gente se queda sin agua”.
Fichtl recuerda que mientras que hay valiosos intentos por parte del gobierno regional y de universidades locales que buscan proteger el ecosistema, las empresas mineras niegan todo esto. “Uno se pregunta cuál es el papel del Estado en algo que debería estudiarse a fondo”.
El experto recuerda que el ministerio del Medioambiente existe apenas hace diez años, y que el gobierno alemán e instituciones como la Sociedad para la Cooperación Internacional ayudaron a crear el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que debería hacer los peritajes de la actividad minera, pero está al frente alguien que viene del sector minero. “Si se continúa con la actividad minera masiva sobre el territorio peruano, habrá consecuencias que trascenderán las fronteras del Perú, afectando el ecosistema del Amazonas y sus reservas de agua dulce”.
La mina Doe Run, en la ciudad de La Oroya, que convirtió a la ciudad en una de las más contaminadas del mundo.
Grandes intereses por acceder a riqueza minera
Alemania, país pobre en metales preciosos, suscribió en 2012 un convenio minero con Perú y es el principal importador de las exportaciones mineras del país andino. “Alemania importa bastante material mineral de Perú; cobre, plata, zinc, plomo. El propósito de aquel convenio era garantizar el acceso indiscriminado y barato a materias primas del Perú”, afirma Susanne Friess.
Virulento rebrote de conflicto minero en Perú
La asesora en minería y desarrollo de Misereor destaca que el interés sigue siendo grande en la industria alemana. “La Confederación de la Industria Alemana (BDI) acaba de publicar su visión sobre cómo acceder y cómo asegurar el abastecimiento de materias primas en los próximos años. Ellos prevén que el consumo va a subir mucho más por la transformación de la matriz energética y el cambio en el esquema de movilidad”.
La experta añade que son los peruanos los que pagan el precio del consumo de países industrializados.”Necesitamos sus materias primas y nos beneficiamos de una política minera, en el Perú, que nos favorece a nosotros, los consumidores alemanes”.
Por su parte, Javier Jahncke Benavente, secretario ejecutivo de la Red Muqui, apunta a que el estudio realizado por los investigadores alemanes no sólo plantea cuestiones sobre la política minera en el Perú, sino sobre el modelo de desarrollo. “Los precios invisibles de nuestro estilo de vida”, dice.
“Nos estamos conectando con grupos en Alemania que hablan sobre decrecimiento, sobre un modelo alternativo en el futuro, no sólo en Perú sino en países industrializados como Alemania. Este estudio nos hace ver de manera directa el alto precio que paga Perú por este modelo. Y está claro quien se beneficia”.
