El gobierno peruano advirtió que defenderá las inversiones en el sector minero, en apoyo a los empresarios que la víspera denunciaron “constantes ataques” de parte de las ONG y poblaciones que se sienten afectadas por esa actividad.
Fuente: AFP
Lima – 11/11/2009.
La advertencia se produce en un contexto de permanentes roces entre empresas y comunidades campesinas que alegan que la creciente actividad minera daña gravemente su entorno, especialmente en materia de agua.
El primer ministro Javier Velásquez garantizó que “el gobierno defenderá las inversiones en el país, especialmente la minera, que ha revertido sus ganancias en la ampliación de una serie de beneficios para la población”, expresó.
En una reunión con la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el premier dijo que “hay una corriente ideológica contra las concesiones mineras” que requiere una respuesta a las ONG mediante un “plan de acción que confronte en el terreno de las ideas las posiciones antimineras”.
“En las zonas de actividad minera hay gente que se dedica mañana, tarde y noche a vender el modelo ideológico de rechazar las inversiones”, refirió.
El primer ministro respaldó así a la SNMPE, que en un comunicado expresó su “más enérgico rechazo al constante ataque que viene sufriendo el sector minero energético por parte de grupos interesados en paralizar el crecimiento económico del Perú”.
Se refería al ataque el 1 de este mes contra el proyecto minero Río Blanco en la región Piura (norte), donde fueron asesinados tres trabajadores y fue destruido el campamento por un grupo armado hasta ahora no identificado.
Además, un campamento de la minera Ares está tomado desde el 19 de octubre por 300 campesinos en la provincia de Chumbivilcas (Cusco, sudeste), por lo que el gremio minero reclamó al gobierno que “haga prevalecer el principio de autoridad y las leyes”.
Las ONG rechazaron que busquen paralizar el desarrollo del país.
“Si se trata de hacer prevalecer las leyes se debe hacer prevalecer el derecho de propiedad de las comunidades campesinas que está por encima de una concesión minera”, dijo a la AFP Javier Jahncke, de la ONG Fedepaz, que forma parte de la Red Muqui que asesora a las comunidades campesinas.
Jahncke anotó que “si se habla de derecho de propiedad como base del sistema económico, ¿por qué tiene que ser diferente el derecho de propiedad de una comunidad campesina al derecho de propiedad de una minera?”.
El representante de Fedepaz pidió que se generen espacios y canales de participación ciudadana para que se escuche a los campesinos, especialmente si se trata de dar concesiones en zonas donde viven esas poblaciones.
Lamentó que se vaya a establecer una base militar cerca al campamento de la minera Río Blanco, tal como lo anunció el primer ministro Velásquez, y consideró que eso agudizará el conflicto y podría generar reacciones de violencia entre las mineras y las comunidades si el gobierno no toma en cuenta las opiniones de los campesinos.
La disputa entre el Estado, que busca la explotación a ultranza de los recursos naturales, y poblaciones que piden el respeto de sus derechos, tuvo su punto más álgido en junio pasado en la norteña población de Bagua, donde el despeje de una carretera tomada por indios amazónicos se saldó con la muerte de 24 policías y 9 civiles.
Recientemente el ministro del Ambiente, Antonio Brack, reconoció que “los pasivos ambientales de siglos de minería en el Perú son difíciles de ocultar” y que “el proceso de remediación de los pasivos ambientales es lento”.
La minería es la principal actividad económica en Perú donde las exportaciones mineras pasaron de 1.500 millones en 1993 a 4.600 millones en 2003 y a 18.600 millones en 2008.
Perú es el mayor productor mundial de plata, el segundo de zinc, tercero de cobre y estaño, el cuarto de plomo y el sexto de oro.
